Octaviano Vera Márquez
Expediente 661/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Octaviano Vera Márquez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO, REMÍTASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITÁNDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de julio de dos mil catorce. Visto el oficio del Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 3673/2014, mediante el cual remite el original y cuatro copias de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, oficio 1866, y toca penal 971/2013; fórmese expediente, acúsese recibo y regístrese. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que ***, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, y el C. JUEZ CUARTO PENAL DE PACHUCA, HIDALGO, ambas autoridades con domicilio oficial bien conocido en el lugar de su residencia._ 4.- ACTO RECLAMADO.- De la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo reclamo la ejecutoria dictada el día 10 diez de julio de 2013 dos mil trece en el Toca de Apelación número 971/2013, ejecutoria por la cual se MODIFICÓ el plazo constitucional dictado el 4 de marzo del dos mil trece dictada en la primera instancia, Y AHORA CON FECHA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, LA PRIMERA SALA PENAL MODIFICA EL NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL Y DECRETO AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DE ***, como probable responsable de DELITO DE DESPOJO AGRAVADO cometido en agravio de ***._ Del Ciudadano Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo reclamo la ejecución y cumplimiento de la ejecutoria antes mencionada." De las constancias remitidas por la autoridad responsable y, deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se aprecia que el dieciséis de marzo de dos mil doce, la Jueza Cuarto Penal de Pachuca de Soto, Hidalgo, negó librar orden de aprehensión solicitada en contra de ***, como probable responsable del delito de despojo agravado en agravio de ***; por lo que no estando conforme con dicha resolución la Ministerio Público adscrita al juzgado en referencia interpuso recurso de apelación, formándose el toca penal 611/2012, dentro del cual la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, resolvió revocar el fallo impugnado, girando en su lugar orden de aprensión en contra del referido probable responsable. En esas condiciones, el diecisiete de agosto de dos mil doce, la Jueza Cuarto Penal de Pachuca de Soto, Hidalgo, declaró probable responsable del delito de despojo agravado a ***, en agravio de ***. Inconforme con dicha resolución, ***, promovió demanda de amparo indirecto, de la cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, quedando registrado como amparo 1736/2012-I, en el que se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la jueza de la causa emitiera un nuevo auto de plazo constitucional en el que dejara insubsistente el primigenio, y en su lugar dictara dicha resolución con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivada; una vez que causo ejecutoria la aludida resolución la Jueza del conocimiento, con fecha cuatro de marzo de dos mil trece, emitió un nuevo auto de plazo constitucional mediante el cual decretó la libertad por falta de elementos para procesar a favor de ***, por no comprobarse su probable responsabilidad en el delito de despojo agravado, cometido en agracio de ***. Inconforme con dicha resolución, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado en referencia, interpuso recurso de apelación, registrado como toca penal 971/2013 del que tuvo conocimiento la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y en el que el diez de julio de dos mil trece, se decretó auto de formal prisión en contra de ***, como probable responsable del delito de despojo agravado cometido en agravio de *** (Acto ahora reclamado). En contra de esta última determinación, el hoy impetrante de garantías, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano de control constitucional. Luego, el artículo 170, de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". Ahora bien, de lo anteriormente relatado, se evidencia que en la especie el acto reclamado lo constituye la sentencia de diez de julio de dos mil trece, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que se modificó el nuevo auto de plazo constitucional de cuatro de marzo de dos mil trece, decretándose auto de formal prisión en contra de ***, como probable responsable del delito de despojo agravado, misma que no puede considerarse como sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, ya que si bien es cierto, esta no admite recurso ordinario alguno por la que se pudiera modificar o revocar, también lo es que no resuelve el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, únicos supuestos en los que procedería el amparo directo de conformidad con el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ilustra lo antes expuesto, el criterio que este tribunal comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 619, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO "CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA RESOLUCION "DE UN RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE "FORMAL PRISION. El Tribunal Colegiado carece de "competencia legal para conocer de la demanda de garantías "cuando el acto reclamado es el fallo que, resolviendo un "recurso de apelación interpuesto en contra del auto de "formal prisión decretado al quejoso en un proceso, lo "confirma, de modo que el mismo debe continuar su curso "legal hasta sentencia, la que sí resolverá el asunto en lo "principal; luego en términos de lo dispuesto por el artículo "47, último párrafo de la Ley de Amparo procede remitir la "demanda de amparo y sus anexos al juez de Distrito en "turno." De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por los ya apuntados preceptos legales 107, fracción V, inciso a), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que debe conocer y resolver lo que en derecho proceda un Juez de Distrito, por carecer este tribunal federal de competencia legal para el conocimiento de dicho asunto en la vía directa, lo anterior, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, en el caso a estudio, por ende, de conformidad con lo establecido por el numeral 45 de la Ley de amparo, en su momento procesal, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, dejando en su lugar cuaderno de antecedentes, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto, y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA "NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL "COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE "INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE "DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación "sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se "desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia "definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano "competente para conocer de éste y cuál es la determinación que "debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no "puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de "procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano "jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente "relacionados, de tal manera que no es posible explicar la "procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda "de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una "sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo "relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo "conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal "incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia "del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de "conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. "40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO "PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. "ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO "DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta "congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de "la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un "tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de "Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia "del juicio de garantías." Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio el señalado en la demanda de garantías. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. VISTO EL OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO; FÓRMESE EXPEDIENTE, ACÚSESE RECIBO Y REGÍSTRESE. AHORA BIEN, EN LA ESPECIE, EL SUSCRITO CONSIDERA QUE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE LA VÍA, PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO. DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y, DEDUCIDAS DEL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO, LAS CUALES POR SER DOCUMENTOS PÚBLICOS MERECEN PLENO VALOR PROBATORIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 129, 197 Y 202 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA CONFORME AL 2° DE LA LEY DE AMPARO, SE APRECIA QUE LA JUEZA CUARTO PENAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, NEGÓ LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA; POR LO QUE NO ESTANDO CONFORME CON DICHA RESOLUCIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO EN REFERENCIA INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN, FORMÁNDOSE EL TOCA PENAL DENTRO DEL CUAL LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, RESOLVIÓ REVOCAR EL FALLO IMPUGNADO, GIRANDO EN SU LUGAR ORDEN DE APRENSIÓN EN CONTRA DEL REFERIDO PROBABLE RESPONSABLE. EN ESAS CONDICIONES LA JUEZA CUARTO PENAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DECLARÓ PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO AL AHORA QUEJOSA. INCONFORME CON DICHA RESOLUCIÓN SE PROMUEVE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DE LA CUAL TOCÓ CONOCER AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN EL QUE SE RESOLVIÓ CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, PARA EFECTOS DE QUE LA JUEZA DE LA CAUSA EMITIERA UN NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL EN EL QUE DEJARA INSUBSISTENTE EL PRIMIGENIO, Y EN SU LUGAR DICTARA DICHA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA; UNA VEZ QUE CAUSO EJECUTORIA LA ALUDIDA RESOLUCIÓN LA JUEZA DEL CONOCIMIENTO EMITIÓ UN NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL CUAL DECRETÓ LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR A FAVOR DEL QUEJOSO. INCONFORME CON DICHA RESOLUCIÓN, LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO EN REFERENCIA, INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN DEL QUE TUVO CONOCIMIENTO LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN EL QUE EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL TRECE, SE DECRETÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DEL AHORA QUEJOSO. EN CONTRA DE ESTA ÚLTIMA DETERMINACIÓN, EL HOY IMPETRANTE DE GARANTÍAS, PROMUEVE JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA DIRECTA, CUYO CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE TURNO CORRESPONDIÓ A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. LUEGO, EL ARTÍCULO 170, DE LA LEY DE LA MATERIA, DISPONE: ". EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROCEDE: I. CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS, LAUDOS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, DICTADAS POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, AGRARIOS O DEL TRABAJO, YA SEA QUE LA VIOLACIÓN SE COMETA EN ELLOS, O QUE COMETIDA DURANTE EL PROCEDIMIENTO, AFECTE LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO TRASCENDIENDO AL RESULTADO DEL FALLO. SE ENTENDERÁ POR SENTENCIAS DEFINITIVAS O LAUDOS, LOS QUE DECIDAN EL JUICIO EN LO PRINCIPAL; POR RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, LAS QUE SIN DECIDIRLO EN LO PRINCIPAL LO DEN POR CONCLUIDO. EN MATERIA PENAL, LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN LOS CASOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 173 DE ESTA LEY. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DEBERÁN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LA LEY DE LA MATERIA, POR VIRTUD DE LOS CUALES AQUELLAS SENTENCIAS DEFINITIVAS O LAUDOS Y RESOLUCIONES PUEDAN SER MODIFICADOS O REVOCADOS, SALVO EL CASO EN QUE LA LEY PERMITA LA RENUNCIA DE LOS RECURSOS. CUANDO DENTRO DEL JUICIO SURJAN CUESTIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES QUE SEAN DE REPARACIÓN POSIBLE POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS NI CONSTITUIR VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, SÓLO PODRÁN HACERSE VALER EN EL AMPARO DIRECTO QUE PROCEDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. PARA EFECTOS DE ESTA LEY, EL JUICIO SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y, EN MATERIA PENAL, CON EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL; II. CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO DICTADAS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO ÉSTAS SEAN FAVORABLES AL QUEJOSO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE HACER VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS.". AHORA BIEN, DE LO ANTERIORMENTE RELATADO, SE EVIDENCIA QUE EN LA ESPECIE EL ACTO RECLAMADO EN EL QUE SE MODIFICÓ EL NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL, DECRETÁNDOSE AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, YA QUE SI BIEN ES CIERTO, ESTA NO ADMITE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR LA QUE SE PUDIERA MODIFICAR O REVOCAR, TAMBIÉN LO ES QUE NO RESUELVE EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, NI LO DA POR CONCLUIDO, ÚNICOS SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDERÍA EL AMPARO DIRECTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES. ILUSTRA LO ANTES EXPUESTO, EL CRITERIO QUE ESTE TRIBUNAL COMPARTE, SUSTENTADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, VISIBLE EN LA PÁGINA 619, TOMO XIV, JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA RESOLUCION DE UN RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE FORMAL PRISION. EL TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES EL FALLO QUE, RESOLVIENDO UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DECRETADO AL QUEJOSO EN UN PROCESO, LO CONFIRMA, DE MODO QUE EL MISMO DEBE CONTINUAR SU CURSO LEGAL HASTA SENTENCIA, LA QUE SÍ RESOLVERÁ EL ASUNTO EN LO PRINCIPAL; LUEGO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE REMITIR LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO. DE AHÍ QUE SI EL ACTO RECLAMADO NO REÚNE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LOS YA APUNTADOS PRECEPTOS LEGALES 107, FRACCIÓN V, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 34, 35, 45 Y 170 DE LA LEY DE AMPARO; ES INCONCUSO QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO SON LEGALMENTE COMPETENTES PARA CONOCER DEL ASUNTO; RAZÓN POR LA CUAL, ES INCUESTIONABLE POR EXCLUSIÓN, QUE DEBE CONOCER Y RESOLVER LO QUE EN DERECHO PROCEDA UN JUEZ DE DISTRITO, POR CARECER ESTE TRIBUNAL FEDERAL DE COMPETENCIA LEGAL PARA EL CONOCIMIENTO DE DICHO ASUNTO EN LA VÍA DIRECTA, LO ANTERIOR, SIN QUE IMPLIQUE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, EN EL CASO A ESTUDIO, POR ENDE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 45 DE LA LEY DE AMPARO, EN SU MOMENTO PROCESAL, ENVÍENSE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, DEJANDO EN SU LUGAR CUADERNO DE ANTECEDENTES, A FIN DE QUE SE AVOQUE AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. AL RESPECTO, ES APLICABLE LA TESIS JURISPRUDENCIAL POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2003, SUSTENTADA POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA PÁGINA 10, TOMO XVIII, JULIO DE 2003, NOVENA ÉPOCA, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 46, 47 Y 158 DE LA LEY DE AMPARO, SE DESPRENDE LA DEFINICIÓN DE CUÁNDO SE ESTÁ ANTE UNA SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUÁL ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE ÉSTE Y CUÁL ES LA DETERMINACIÓN QUE DEBE TOMAR CUANDO LE ES PRESENTADA UNA DEMANDA DE LA QUE NO PUEDE CONOCER. AHORA BIEN, CON BASE EN QUE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCERLO ESTÁN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS, DE TAL MANERA QUE NO ES POSIBLE EXPLICAR LA PROCEDENCIA SIN ALUDIR A LA COMPETENCIA, CUANDO EN UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN UNA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE ANALIZARSE, EN PRIMER LUGAR, LO RELATIVO A LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y DESPUÉS LO CONDUCENTE A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, TODA VEZ QUE UN TRIBUNAL INCOMPETENTE NO ESTÁ FACULTADO PARA DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NI SIQUIERA POR ECONOMÍA PROCESAL, DE CONFORMIDAD CON LO SOSTENIDO POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 40/97, DE RUBRO: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR RESULTA CONGRUENTE CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE AMPARO, DADO QUE NO ES JURÍDICAMENTE CORRECTO QUE UN TRIBUNAL DESECHE LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO ES EL JUEZ DE DISTRITO EL QUE DEBE CONOCER Y RESOLVER LO RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. OBTÉNGASE COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA FORMAR EL CUADERNO DE ANTECEDENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIA ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. PARA EL SOLO EFECTO DE NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN, TÉNGASE COMO DOMICILIO EL SEÑALADO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS. FINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO, QUE ENTRÓ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, QUE EN TÉRMINOS DE SU ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEROGÓ LOS ACUERDOS GENERALES 9/2003 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 30/2003 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES DERIVADAS DE ESOS ACUERDOS; EN CONCORDANCIA CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO OCTAVO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, SE SEÑALA A LAS PARTES QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBE HACER PÚBLICAS LAS SENTENCIAS QUE HAYAN CAUSADO ESTADO O EJECUTORIA; TAMBIÉN DEBERÁN HACERSE PÚBLICAS LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS QUE PONGAN FIN A UNA INSTANCIA O ALGÚN INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO Y LAS QUE RECAIGAN A UN RECURSO INTRAPROCESAL; ASIMISMO, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS NUMERALES 1°, 3°, 5°, 6°, 7° Y 8° DEL CITADO REGLAMENTO, TODA LA INFORMACIÓN QUE TIENEN EN RESGUARDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ES PÚBLICA Y, POR ENDE, LOS EXPEDIENTES EN QUE OBREN, PODRÁN SER CONSULTADOS POR CUALQUIER PERSONA, TANTO AQUELLOS DE ASUNTOS CONCLUIDOS, COMO LOS RELATIVOS A LAS DEMÁS RESOLUCIONES UNA VEZ QUE SE EMITAN, NO OBSTANTE NO HABER CAUSADO EJECUTORIA, CON LAS SALVEDADES A QUE SE REFIERE TAL DISPOSICIÓN; ES ASÍ QUE LAS DETERMINACIONES QUE SE DICTEN EN EL PRESENTE ASUNTO, ESTARÁN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO PARA SU CONSULTA, CUANDO ASÍ LO SOLICITEN CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; FINALMENTE, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE TIENEN DERECHO A OPONERSE, EN RELACIÓN CON TERCEROS, A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CUANDO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS CONSTANCIAS PROCESALES ESTÉ CLASIFICADA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 18 DE LA CITADA LEY FEDERAL, COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL. IGUALMENTE, SÓLO PODRÁN CONSIDERARSE RESERVADAS O CONFIDENCIALES LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES, CUANDO SE LES HAYAN ATRIBUIDO TAL CARÁCTER AL MOMENTO DE SER ALLEGADAS AL JUICIO Y TAL CALIFICACIÓN SE BASE EN LO DISPUESTO EN ALGÚN TRATADO INTERNACIONAL, LEY FEDERAL O LOCAL. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
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