Octaviano Orozco Solis

Expediente 29/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
29/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Octaviano Orozco Solis

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Visto el escrito de cuenta mediante el quejoso solicita que toda vez que se desechó la demanda se tenga por no interpuesta y le sean devueltos los documentos que adjuntó a ésta Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese al expediente físico y electrónico y dígase al quejoso que por auto de veintitrés de los cursantes causó estado el diverso por el que se desechó la demanda y se ordenó su archivo. Respecto de la devolución de documentos no ha lugar a acordar favorable, en razón que exhibió copia a color de éstos.

  2. Principal

    VI. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A). Expedientes de Relevancia Documental "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; Los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; Los que traten de delitos contra la administración de justicia; Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; Los que versen sobre materia agraria; y Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." "Artículo 16. Plazos de resguardo. Los expedientes de relevancia documental serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido." B). Expedientes conservables "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: II. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Causas Penales; Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; Extinción de Dominio; Extradición; Jurisdicción Voluntaria; y Juicios Orales. C.1) Documentos originales. Con relación a los documentos originales que obran en el presente expediente el referido Acuerdo prevee: "En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional." D) Expedientes destruibles "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: Cuadernos de antecedentes; Expedientes varios; Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. D.1 Plazo para destrucción. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. Expediente destruible Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo. 2.2 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del veintitrés de enero de dos mil veintitrés al veintitrés de enero de dos mil veintiséis, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inició y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.

  3. Principal

    VI. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede* **se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 29/2023-VI. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO... DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: El incumplimiento al pago de la pensión decretada en el dictamen CP/***/2018. DESECHAMIENTO En el caso se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar revocar o modificar aquél sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61,fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva el principio de definitividad debe regir en ese caso y por consecuencia previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional la parte quejosa debe previo a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material que pueda tener por objeto revocar modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. El quejoso reclama el incumplimiento al pago de la pensión decretada en el dictamen CP/***/2018. Acto de autoridad administrativa El primero de los requisitos se encuentra satisfecho ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que por su naturaleza son de carácter administrativo ya que no forma parte de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material que pueda tener por objeto revocar modificar o confirmar el acto reclamado éste también se encuentra satisfecho tal y como enseguida se expone. Los artículos 1° fracción II y 229 fracción X del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en su texto vigente prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código se entenderá por: II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal que dictan ordenan ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.;" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. En ese sentido debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten ordenen ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal por violaciones cometidas en las mismas. Por consiguiente es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y con dicho medio ordinario la quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio recurso o medio de defensa ordinario. Además dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Igualdad de requisitos para conceder la suspensión Ahora bien respecto al tercer requisito consistente en que el recurso juicio o medio de defensa ordinario no exija mayores requisitos para conceder la suspensión éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Ley de Amparo Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva confiscación de bienes privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte si se sigue perjuicio al interés social si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala en cualquier momento del juicio previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da a su vez caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio la suspensión se decretará en todas las materias siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará entre otros casos que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial la independencia de la República la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación salvo el caso de las cuotas compensatorias las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención revocación liquidación o quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergable siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público el juzgador con vista al quejoso por veinticuatro horas podrá modificar o revocar la suspensión provisional." Como puede apreciarse del cuadro comparativo que antecede el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad en esencia son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107 fracción IV de la Constitución General de la República y 61 Fracción XX de la Ley de Amparo agotando el juicio contencioso administrativo dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa que los enunciados en la Ley de Amparo... En efecto al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta completa e imparcial es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Excepciones al principio Por otra parte debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal situación que no acontece en el asunto que se analiza. Además no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito********************que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS********************CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE********************ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno********************cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo********************tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia********************presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad********************pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional."...En esa virtud si la promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia* por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. Finalmente no pasa desapercibida para este Juzgado la ejecutoria recaída al recurso de queja 669/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito relativa a los autos del juicio de amparo 1390/2022-IV del índice de este Juzgado en el que por similar acto se declaró fundado el recurso y ordenó admitir la demanda bajo las premisas torales que de persistir la omisión en el pago de la pensión que se reclamó en aquel juicio se ponía en riesgo la subsistencia de la parte peticionaria del amparo así como el derecho de acceso a la salud al no contar con servicio médico y constituir dicha pensión su única fuente de ingresos. Empero se precisa que este Juzgador no comparte el criterio adoptado en la ejecutoria de mérito toda vez que las tesis en que el órgano colegiado se sustentó para emitir su determinación de rubros "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE PAGO OPORTUNO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA. PROCEDE AUN CUANDO EL ADEUDO SE HUBIESE CUBIERTO PARA ANALIZAR LA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y DECRETAR LAS MEDIDAS QUE LOS TUTELEN CUANDO SE ADVIERTA QUE EL RETARDO EN EL PAGO PERSISTE Y ES RECURRENTE" y "PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRIVACIÓN DE SU PAGO O LA CONCESIÓN DE UNA INFERIOR PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO DE AMPARO" se trata de criterios aislados que si bien son orientadores para el dictado de una resolución lo cierto es que no son de aplicación obligatoria para este Juzgado en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo; de ahí que no se comparta el criterio del Tribunal Colegiado en cita pues se insiste previo a la promoción del juicio de amparo el quejoso debe agotar el principio de definitividad contra la omisión reclamada pues aun cuando dicho acto incide en la subsistencia de la parte peticionaria del amparo y su derecho de acceso a la salud al no contar con servicio médico por constituir dicha pensión su única fuente de ingresos ello no se considera razón suficiente para declarar procedente la acción de amparo contra dicho acto en virtud de los razonamientos vertidos en párrafos que preceden... criterios...CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta se tiene como autorizado en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo ***a *** y*** en términos restringidos de dicho numeral a las personas restantes limitación que subsiste hasta en tanto registren su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho... DOMICILIO En virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional lo que no es técnicamente posible con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le practicarán mediante lista que se fija en lugar visible de este Juzgado. De igual manera se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados como una forma especial de contacto...USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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