Octaviano Cedillo Marquina

Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
  • Octaviano Cedillo Marquina
  • Octaviano Cedillo Marquina y Otros.
  • Juez Cuarto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
  • Jorge Luis Orrantia Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 494/2023-VII-A, promovido por Octaviano Cedillo Marquina y Silvia Delgado Chavira, ambos por propio derecho, contra actos que reclamaron a la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el diez de mayo de dos mil veintitrés y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado al día siguiente, Octaviano Cedillo Marquina y Silvia Delgado Chavira, ambos por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamaron a la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, que hicieron consistir, en el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio oral ordinario civil 999/2019, en ejercicio de la acción hipotecaria promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) contra los ahora quejosos. SEGUNDO. Por auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 494/2023-VII-A; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50, y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia civil con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante consisten, en concreto, en el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio oral ordinario civil 999/2019, en ejercicio de la acción hipotecaria promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) contra los ahora quejosos. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, toda vez que dichas autoridades así lo reconocieron expresamente en su informe con justificación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la juez responsable, anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente relativo al juicio de origen. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, al tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de Jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." Al no existir alguna causal de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por esta potestad federal, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J.58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan fundados, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. En efecto, en la especie los quejosos aducen, en esencia, que la juez responsable transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en razón de que emitió un sentencia sin que aquéllos hubieran sido emplazados legalmente al juicio de origen, por lo que quedaron inauditos e indefensa en él, violándose con ello, las formalidades esenciales del procedimiento. Establecido lo anterior, del estudio en forma conjunta de los conceptos de violación hechos valer, suplidos en su deficiencia de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el emplazamiento es de orden público, los mismos resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la justicia federal a los quejosos. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Ahora, para estar en aptitud de abordar el estudio del cuestionamiento que antecede, se considera necesario ilustrar el contenido de los citatorios y de las diligencias de emplazamiento reclamadas, para una mejor comprensión del asunto. Dicho citatorio, dice: La diligencia de emplazamiento es del tenor siguiente: Dicho citatorio, dice: La diligencia de emplazamiento es del tenor siguiente: Ciertamente, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Así, debe precisarse lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 107/2020, que dio origen a la jurisprudencia con número de registro digital 2022118, en relación con la legislación civil, siendo las siguientes: "Conforme a lo anterior, es factible advertir que entre los criterios contendientes existe un punto de toque que permite establecer una contradicción de criterios. No obsta a lo anterior, el hecho de que uno de los órganos colegiados contendientes haya analizado el Código de Comercio y el otro la legislación procesal civil del Estado de Tamaulipas, pues los enunciados normativos analizados son esencialmente iguales en uno y otro caso, tal y como se evidencia a partir del siguiente cuadro comparativo: "(se transcribe)". Según se puede constatar, aun cuando los preceptos no emplean una redacción idéntica, lo cierto es que ambos establecen el siguiente enunciado normativo: El actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos". Al respecto, el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece lo siguiente: "Artículo 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; II. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo; y, III. En los casos que el tribunal lo considere necesario o la ley lo disponga." Como se advierte, así como por lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho precepto el antes transcrito, sí fue análisis de la contradicción de tesis antes transcrita, por lo que la misma resulta exactamente aplicable al caso concreto. Entonces, atendiendo a lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de realizar el análisis de los conceptos de violación, suplidos en deficiencia de la queja, debe decirse que si bien, el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta, no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado, lo cierto es, que no debe interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Esta norma constitucional, en lo conducente, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De acuerdo con el precepto constitucional aquí transcrito, el derecho de audiencia y debido proceso implica que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integran la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que los gobernados ejerzan plenamente su derecho a la defensa antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) la oportunidad de alegar; y, iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad esencial se denomina generalmente "emplazamiento", que consiste en una notificación mediante la cual, de manera cierta, se hace saber a la parte demandada: i. La existencia de un juicio promovido en su contra; ii. La información que se desprende de la demanda y documentos que se anexan a ella, a fin de que esté en aptitud de ejercer plenamente su derecho a la defensa, a través de la contestación de la demanda; y, iii. El plazo que tiene para ello. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. Bajo esta lógica, es factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales interpretadas por los tribunales contendientes ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos materia de la litis, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. Efectivamente, en un procedimiento jurisdiccional, la información que permite a la enjuiciada ejercer adecuadamente su derecho de defensa, a través de la contestación de demanda, se obtiene: a) Del auto admisorio que ordena el emplazamiento; b) De la demanda; y, c) De los documentos que se adjuntan a la demanda. En consecuencia, como ejemplo, si el notificador no corriera traslado con copia de los documentos que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no. De igual modo, si el actuario no corriera traslado con copias de otras documentales que también se adjuntan al ocurso inicial, como son aquellas con las cuales el promovente acredita la representación (personalidad) que aduce tener, el enjuiciado no estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso. Con los ejemplos aquí citados, es factible poner en relieve que la formalidad del emplazamiento consistente en correr trasladado con las copias de los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, tiene por objeto el permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa. Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado (como ocurrió en el presente asunto, atendiendo a las constancias remitidas por la responsable, así como a la imagen inserta con anterioridad consistente en el acta de emplazamiento), no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta a la demandada aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Así, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que, como ya se dijo, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Por lo considerado con anterioridad, se evidencia que la autoridad responsable tal como se advierte del acta de emplazamiento inserta, transgrede el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa al no haber certificado, en su diligencia de emplazamiento, la descripción de las constancias con las cuales se le corrió traslado a la parte demandada, ya que únicamente asienta que lo emplaza con "las copias simples de la demanda y sus anexos" consistentes en 41 (cuarenta y un) fojas útiles", sin especificar en la misma a que constancias se refieren esas fojas con las cuales dicha autoridad tiene por debidamente emplazada a la parte demandada, aunado a que refiere al inicio como se advierte que lo hace en copias simples y después cita que debidamente selladas y cortejadas. Establecidos los antecedentes del caso en estudio, se precisa que, resulta con exacta aplicación la Jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 2022118, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 18 de septiembre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019, pendiente de ingresar al módulo de sistematización, Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.), de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Así, los motivos anteriores conducen a considerar que asiste razón jurídica a la parte quejosa cuando alega que, en el caso, se viola en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, por lo que, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman, en términos del criterio Jurisprudencial número 88, visible en la página 70, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta." SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: Que la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial de Bravos, residente en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio oral ordinario civil 999/2019, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada; y Reponga el procedimiento, únicamente, por lo que hace a los aquí quejosos Octaviano Cedillo Marquina y Silvia Delgado Chavira, y ordene nuevamente su emplazamiento en el domicilio que obra en autos del juicio natural o en uno diverso. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 2015693, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Dado el efecto para el que se otorgó el amparo, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, al quedar nulificados en vía de consecuencia los demás actos impugnados, como son, las actuaciones posteriores al emplazamiento. Orienta la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro en el Ius 210777, elaborado por la Coordinación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 83, Número 80, Agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos." También, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Octaviano Cedillo Marquina y Silvia Delgado Chavira, ambos por propio derecho, contra actos reclamados a la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, atendiendo a las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, por oficio a las autoridades responsables y tercero interesada.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en la que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejoso proveídos de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado proveídos de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no empieza a transcurrir el termino de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y estuvieran en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas; por lo que con fundamento en el precepto en mención, se ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que abría de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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