Octaviano Castillo Y López

Expediente 1845/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1845/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
29/12/2016

Partes del expediente

  • Octaviano Castillo Y López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Auxiliar, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Octaviano Castillo y López, por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis [fojas 2 a 5], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla:  La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 1881/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Auxiliar, se advierte que la citada responsable indica que son ciertos los actos reclamados; sin embargo, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis dictó el laudo correspondiente dentro del juicio de amparo 1881/2015; lo que se acredita con la copia certificada de laudo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por resolución de cuatro de noviembre del año en curso se dictó el lado respectivo dentro del juicio laboral de origen 1881/2015 [omisión que se reclama]. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el laudo respectivo dentro del juicio laboral de origen, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis dictó el laudo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Octaviano Castillo y López reclamó de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Auxiliar, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Octaviano Castillo y López, por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis [fojas 2 a 5], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla:  La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 1881/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Auxiliar, se advierte que la citada responsable indica que son ciertos los actos reclamados; sin embargo, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis dictó el laudo correspondiente dentro del juicio de amparo 1881/2015; lo que se acredita con la copia certificada de laudo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por resolución de cuatro de noviembre del año en curso se dictó el lado respectivo dentro del juicio laboral de origen 1881/2015 [omisión que se reclama]. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el laudo respectivo dentro del juicio laboral de origen, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis dictó el laudo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Octaviano Castillo y López reclamó de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato ministerial 683/2016, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional. Por otro lado, en atención al tercer punto de peticiones del pedimento de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita una vez que sea dictada la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa, expídase copia de la misma. NOTIFÍQUESE.

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