Octaviana Ortiz Méndez
Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Octaviana Ortiz Méndez
Actuaciones
- Principal
A sus autos el escrito por el que Erick David Osorio Payá, quien se ostenta apoderado de Juan de Dios Olvera Delgadillo, solicita copia certificada del presente expediente. En ese sentido, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el promovente no tiene ninguna personalidad reconocida en este asunto.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Se desecha demanda.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Vista la demanda presentada por Octaviana Ortiz Medina, por su propio derecho, contra actos del juez Único Civil de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato y otra autoridad, por violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 217/2019-III-A. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa determinación de veintidós de febrero del año en curso, que ordena poner en posesión material del inmueble ubicado en calle José Ma. Liceaga, número 130, colonia Unión Popular Independiente en Santa Cruz de Juventino Rosas, a Juan de Dios Olvera Delgadillo, todo dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario C-33/2014. Al respecto, la quejosa narró, bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: Juan de Dios Olvera Delgadillo promovió juicio sucesorio testamentaria a bienes de María Ángela Landa Alvarado y se le reconoció el carácter de heredero, albacea y adjudicatorio, dentro del juicio C-33/2014 de la estadística del Juzgado Único de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato. María Alejandra Landa Alvarado y la quejosa Octaviana Ortiz Méndez, también tienen el carácter de herederas y adjudicatarias en ese juicio. Agotadas las cuatro etapas del juicio sucesorio, es decir, dictada sentencia de adjudicación en favor de los coherederos; en lo que interesa, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a solicitud del adjudicatario, Juan de Dios Olvera Delgadillo, el juez responsable ordenó ponerlo en posesión material del inmueble ubicado en calle José Ma. Liceaga, número 130, colonia Unión Popular Independiente en Santa Cruz de Juventino Rosas. Inconforme con lo anterior la parte quejosa, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el trece de marzo de dos mil diecinueve, confirmando aquél (acto reclamado) Ante lo anterior, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) De la interpretación de la fracción IV del citado ordenamiento se tiene que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido si se trata de actos de ejecución de sentencia únicamente se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, definida esta como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución, máxime que en el juicio se origen se tramita el incidente de liquidación de gastos y costas en contra del quejoso. Así las cosas, es necesario para recurrir los actos emanados en ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente Por tanto, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución ajeno a ésta que afecte derechos sustantivos. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Doctor Mora, número 601, colonia el Vergel en esta ciudad y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, por no proporcionar mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de inscripción en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, según lo requiere la última parte del artículo 12 de la Ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda acreditarlo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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