Octavia Lourdes Salas Cordero

Expediente 1316/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1316/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Octavia Lourdes Salas Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    "... Vista la certificación secretarial de cuenta y las constancias de autos, se advierte que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, ...se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, ... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, ... Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, donde rinde su informe justificado aceptando el acto reclamado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le da vista a las partes por el plazo de ocho días. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que remite la autoridad responsable, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama la falta de contestación a los escritos de ocho de octubre de dos mil veinte; doce de agosto y tres de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, a través de los cuales, solicitó se señalara fecha para llevar a cabo diligencia de requerimiento, pago y embargo y abrir incidente de liquidación de intereses del laudo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho dentro del controvertido laboral 746/2014. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Como se adelantó la parte quejosa reclama la falta de contestación a los escritos de ocho de octubre de dos mil veinte; doce de agosto y tres de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, a través de los cuales, solicitó se señalara fecha para llevar a cabo diligencia de requerimiento, pago y embargo y abrir incidente de liquidación de intereses del laudo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Enseguida, de las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia que por autos de dos de diciembre de dos mil veintiuno dio contestación a los escritos de ocho de octubre de dos mil veinte y doce de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, por acuerdo de tres de diciembre del actual, la Junta responsable proveyó la petición de la quejosa de tres de noviembre pasado, y señaló las trece treinta horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación de intereses dentro del controvertido laboral 746/2014. Acuerdos que le fueron notificados a la parte quejosa el diez de diciembre del actual. Lo anterior, revela que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, al haberse proveído las peticiones de la parte quejosa, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. Conviene indicar, que resulta improcedente dar vista a las parte quejosa para que amplíe su demanda respecto a los acuerdos de dos y tres de diciembre del actual, a través de los cuales, la Junta responsable proveyó sus peticiones. Ello, pues contra dichas determinaciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero y fracción V. Esto es así, porque tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquellas en las que se aprueba o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente. De ahí que, si a través de los acuerdo de dos y tres de diciembre del actual, entre otras cuestiones, la responsable señaló las trece treinta horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación de intereses dentro del controvertido laboral 746/2014, resulta inconcuso que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirven de apoyo las tesis jurisprudenciales siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. (.) Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo la circunstancia que hasta este momento no se haya efectuado el emplazamiento de la parte tercera interesada SEGUROS BANORTE GENERALI S.A DE C.V" y "GRUPO FINANCIERO BANORTE, puesto que esta determinación de modo alguno genera perjuicio. Finalmente, incorpórense los oficios del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como, de la Responsable de Dependencias de Gobierno de la División Comercial Sureste CFE, mediante los cuales, informan que en esa dependencia no cuentan con registros de personas "SEGUROS BANORTE GENERALI S.A DE C.V" y "GRUPO FINANCIERO BANORTE"; sin que se dicte mayor proveído al respecto, tomando en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "... Agréguese el oficio con terminación 2432/2021 de la Vocal del Registro Federal de Electores, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; donde informa que ese instituto no considera registros de personas morales o empresas, razón por la cual no es posible proporcionar el domicilio de la persona morale "SEGUROS BANORTE GENERALI S.A DE C.V" y "GRUPO FINANCIERO BANORTE". Sin embargo, por el momento no ha lugar a dictar mayor proveído, hasta en tanto las restantes autoridades atiendan el requerimiento formulado en auto de diez de diciembre del actual ..."

  4. Principal

    ...Visto el estado de autos, se aprecia que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para que proporcionara el domicilio de la tercera interesada, transcurrió del seis al ocho de diciembre de esta propia anualidad; descontando sábado y domingo; por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que se le notificó el dos de diciembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha hiciera manifestación al respecto. Por lo anterior, a efecto de poder llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Seguros Banorte Generali S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere: al 1) Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, 2) Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 3) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 4) Administrador de Soporte Comercial de Teléfonos de México (TELMEX), Sociedad Anónima Bursátil, en esta Ciudad, 5) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), 6) Gerente Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste 7) Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte; y, 8) Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "1", residentes en la ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informen a este juzgado, el domicilio actual que aparezca en los registros de sus dependencias, a nombre de Seguros Banorte Generali S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, y en su caso, remitan las constancias que lo acrediten. Apercibidos que de no cumplir o bien informar el impedimento legal para ello, en términos del artículo 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada uno, multa de cincuenta días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($4,481.00 M. N.)1. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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