Obvidio Ramos Antonio

Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
525/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Obvidio Ramos Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco di´as, a que se refiere el arti´culo 98, en relacio´n con el numeral 97, fraccio´n I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de julio de la presente anualidad, que desecho la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnacio´n alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mencio´n, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, en atención a la segunda de las certificaciones de cuenta, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el arti´culo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, asi´ como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, envi´ese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cinco de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de cuatro julio del año en cita, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que el acuerdo de cuatro julio del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de demanda firmado por****, quien promueve en representación de ***y ****, y, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Calificador del Municipio de Bacalar, Quintana Roo y otras autoridades; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 525/2022-V. Lo anterior, no obstante que la demanda hubiese sido presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y que carezca de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de ****como promovente del juicio de amparo, ello atendiendo a que los actos reclamados en esta vía constitucional se trata de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Desechamiento de la demanda El artículo 113, en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio las boletas en turno con números de registro 3695393, 3695395, 3696293 y 3700274, emitidas por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que las demandas correspondientes fueron recibidas a las 01: 35 Hrs (una de la mañana con treinta y cinco minutos) 02: 03 Hrs (dos de la mañana con tres minutos), 10: 27 Hrs (diez horas con veintisiete minutos) y 19: 08 Hrs (diecinueve horas con ocho minutos) todas del cuatro de julio de dos mil veintidós, promovidas por ****, en representación de ****, y****, en representación de ****, quienes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos que se reclaman en la demanda que en esta fecha se recibe. Asimismo, que de la información que obra agregada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del juicio de amparo promovido a favor de **** y ****contra los actos que reclamó al Juez Calificador del Municipio de Bacalar, Quintana Roo y otras autoridades, mismas que fueron recibidas en esta propia fecha, registradas con el número de amparo 542/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta ciudad, y 523/2022 del índice de este juzgado Federal, por los mismos actos que se reclaman en la demanda de amparo que se recibe. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: ? La demanda que se estudia es promovida por ***, en representación de ****y *****. ? En la misma se señala como autoridades responsables al Juez Calificador y Comandante de Guardia en turno, ambos de la Cárcel Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo. ? El promovente precisa los actos reclamados de la manera siguiente: "3.- Autoridades Responsables.- Señalo indistintamente como Autoridades Responsables Ordenadoras y Ejecutoras; a) C. JUEZ CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE BACALAR, con domicilio oficial en las instalaciones aledañas a LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO ubicado la Avenida 11 entre calles 36 y 38, Colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. b) C. COMANDANTE DE GUARDIA EN TURNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO, con domicilio oficial en las instalaciones de LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO ubicado la Avenida 11 entre calles 36 y 38, Colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. 4.- Actos reclamados. - De la autoridad que he señalado como responsable ya sea que obren por sí o por conducto de sus subalternos como ordenadora o Ejecutora Indistintamente Reclamo: a) LA PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, fuera de todo procedimiento legal y sin mandamiento debidamente fundado y motivado, sin que se respeten las garantías de audiencia y legalidad que consagran los Articulo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) La orden de negarle su derecho a la libertad con el pago de multa o fianza, vulnerando de esa manera las garantías esenciales de procedimientos que consagran los Artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos." Esto es, el escrito inicial de demanda que se provee, tiene los mismos elementos esenciales de la acción constitucional pretendida por los quejosos en los juicios de amparo 542/2022 y 523/2022 de referencia, pues se trata de los mismos promoventes, autoridades responsables y actos reclamados. Por tanto, tomando en consideración que los elementos de la acción constitucional en el presente asunto son los mismos que se hayan en los diversos juicios de amparo 542/2022 y 523/2022, en comento; y que a la fecha de los referidos juicios constitucionales es del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito, así como de este juzgado; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Igualmente sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito6, que indica: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que los promoventes instaron la acción constitucional desde la presentación del escrito de demanda que motivó el juicio de amparo 542/2022 ante el Juzgado Primero Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y 523/2022 ante este juzgado, por los mismos actos y autoridades que los señalados en la demanda que ahora se provee. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Transparencia, protección de datos personales y aviso de privacidad. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,7 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para que realice la compensación respectiva, así como para que genere la boleta correspondiente. 7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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