Obvidio Ramos Antonio

Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
546/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Obvidio Ramos Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO.

  2. Principal

    V-Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, en representación de Obvidio Ramos Antonio, contra los actos que reclama de la juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en esa localidad y otra autoridad. Al respecto, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 546/2022-V-B. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por el directo quejoso, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, Dispositivo legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;[.] De la fracción antes aludida se aprecia que deviene improcedente el juicio de amparo, contra actos que hayan sido materia de otro juicio que aún no se encuentre firme, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así en el particular, se actualiza la aludida causa de improcedencia en comento, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del diverso juicio de amparo 542/2022-V-A, del índice de este juzgado, promovido por promovido por Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, en representación de Obvidio Ramos Antonio en el que señaló como autoridades responsables al juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en esa localidad y al Comandante de Guardia en Turno de la Cárcel Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo, los actos que hizo consistir en: "3.- Autoridades Responsables.- Señalo indistintamente como Autoridades Responsables Ordenadoras y Ejecutoras; a) C. JUEZ CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE BACALAR, con domicilio oficial en las instalaciones aledañas a LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO ubicado la Avenida 11 entre calles 36 y 38, Colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. b) C. COMANDANTE DE GUARDIA EN TURNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO, con domicilio oficial en las instalaciones de LA CARCEL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO ubicado la Avenida 11 entre calles 36 y 38, Colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo." En los autos del citado juicio de amparo, consta que en acuerdo del 4 de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". Así, de la demanda que da origen al presente expediente en que se actúa, se aprecia que la misma parte quejosa presentó nuevamente la misma demanda de amparo en la que igualmente señaló como autoridades responsables al juez Calificador del Municipio de Bacalar, con sede en esa localidad y al Comandante de Guardia en Turno de la Cárcel Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo, contra los mismos actos que reclamó en el diverso juicio de amparo 542/2022-V-A, en el cual mediante auto de 4 de julio de 2022, consta que se procedió a determinar sobre la admisión de la demanda constitucional, respecto a los actos ahí reclamados. Por lo anterior, se llega a la convicción de que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son materia en otro diverso, radicado en este propio órgano jurisdiccional, como se dijo en líneas que anteceden y consta que se admitió previamente a trámite. En ese sentido, al guardar identidad del quejoso, actos reclamados y autoridades responsables el juicio de amparo 546/2022 es improcedente, ya que existe el diverso juicio de amparo 542/2022 en trámite. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios, pues no es posible que en ambos juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Resulta aplicable al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 312, Tesis: XIX.2o.12 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común), cuyo rubro y texto a la letra establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". Así como la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, número III.2o.P.41 K, visible en la página 2791, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia Común, con el rubro y texto siguiente "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." De igual manera, cobra aplicación la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, registro 2019187, que en su rubro y texto dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Sin que se estime necesario agregar a los autos las copias de las constancias del juicio de amparo 542/2022-V-A, que se está tramitando ante este Juzgado, pues se hace constar que se tienen a la vista las constancias citadas del expediente. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro IUS 172,215, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, Tesis: 2a./J. 103/2007, página 285, de rubro y texto que se citan a continuación: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, en representación de Obvidio Ramos Antonio; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII del mes de mayo de 1998, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ante las consideraciones expuestas en el presente auto, adviértase a la ahora parte quejosa, que al haber promovido el presente juicio de amparo, no obstante que los actos reclamados son materia de un diverso juicio, pueden incurrir en responsabilidad, según lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, al afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, por lo que en lo subsecuente, de advertir tal situación, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, para actúe dentro de sus facultades legales. Además, previa búsqueda en el módulo de autorizado para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral d Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "Mchiclin84", a nombre de Manuel Jacinto, con correo electrónico manuel_chiclin@hotmail.com, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea, así como para recibir notificaciones (toda vez que no señalo domicilio procesal); por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso.

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