Obet Acopa Gallegos
Expediente 1811/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1811/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Obet Acopa Gallegos
- Jose Alberto Arcos Melchor
- Juez de Control del Tribunal de Juicios Orales En Pichucalco, Chiapas
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; el cual se le da pleno valor probatorio. Lo anterior, con apoyo al criterio jurisprudencial I.3o.P.41 P , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2011039, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, febrero de 2016, visible a página 2049,de rubro y texto siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Por tanto, con fundamento en el artículo 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual en cumplimiento al proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, informa que recibió las notificaciones por lista de veintiuno y veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, de los quejosos
- Principal
MESA IV.- CÚMPLASE
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, remitido vía electrónica, derivado del Juicio de Amparo 1427-2017 de su índice, promovido JAAM y OAG, mediante el cual acusa recibo del oficio 4552-IV, con el que se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 1811-2017-IV del índice de este Juzgado e informa que dicho Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional. Lo anterior, con apoyo en la tesis jurisprudencial 1a.-J. 27-2007, registro 173,071, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de 2007, visible a página 30, aplicada al presente caso por identidad jurídica sustancial que dice: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido. Asimismo, el criterio jurisprudencial I.3o.P.41 P -10a.-, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2011039, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, febrero de 2016, visible a página 2049,de rubro y texto siguiente: -CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas -Internet-, por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido.- ANOTACIONES Por otra parte, en cuanto a la solicitud de la autoridad oficiante que se notifique por medio de lista a los quejosos el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, se hace de su conocimiento, que en proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento a los quejosos JAAM y OAG, para que proporcionaran domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordenó notificar por medio de lista dicho proveído. En consecuencia, se notifica por medio de lista a los quejosos JAAM y OAG, el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 1427-2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Ahora, por lo que respecta a la solicitud de requerir a JAAM y OAG, para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hágase del conocimiento que éstos, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y se ordenó notificar por medio de lista, conformidad con el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en consecuencia, notifíquese por lista dicho requerimiento.
- Principal
MESA IV.- Villahermosa, Tabasco, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan las presentes autos, se aprecia que el uno de diciembre de dos mil diecisiete, se notificó a los quejosos Obet Acopa Gallegos y José Alberto Arcos Melchor, por lo que el término otorgado en auto de veintinueve de noviembre de la citada anualidad, para que proporcionaran domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, transcurrió del cinco al siete de diciembre de dos mil diecisiete; sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído y se ordena notificar a los citados quejosos el presente auto, así como las subsecuentes actuaciones aún de carácter personal, por lista en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guarda este expediente, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, otorgado a los quejosos en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran si era su deseo llamar a juicio como autoridades responsables ejecutoras algunas autoridades que tengan jurisdicción en este estado, toda vez que de su demanda de amparo se advierten autoridades del Estado de Chiapas, sin que hayan hecho manifestación alguna; tal como se advierte de la notificación de uno de diciembre del presente año que se le practicó de dicho acuerdo, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento. Por otra parte, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de aprehensión que atribuye a las autoridades siguientes autoridades responsables: 1. Juez de Control del Tribunal de Enjuiciamiento de Juicios Orales en Pichucalco, Chiapas. 2. Director de la Policía Especializada, Comandancia Regional Zona Norte, en Pichucalco, Chiapas. 3. Jefe de Grupo de la Policía Especializada en Reforma, Chiapas. 4. Director de la Policía Especializada Comandancia Regional Zona Selva, en Palenque, Chiapas. DECLARACIÓN DE COMPETENCIA O INCOMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a las consideraciones siguientes. De inicio, resulta necesario efectuar algunas consideraciones en torno a la competencia. En esa tesitura, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Segunda Edición, dos mil cuatro, Editorial Porrúa, Tomo II, página doscientos noventa y cinco, la define de la siguiente manera: "[.] COMPETENCIA. I. Encuentra su raíz etimológica en las voces latinas competentia, ae (competens, entis), relación, proposición, aptitud, apto, competente, conveniencia. En castellano se usan como sinónimos los vocablos aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia, disposición. - - - En un sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Recuérdese que el a. 16 de nuestra C dispone que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. [.]. --- III. El CPC estatuye en su a.144: "La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio [.]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, definió a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias. Antes de avocarse al conocimiento del presente asunto, resulta necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, el cual reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, al analizar la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "De la responsable marcada con el inciso A) se reclama la ilegal orden de aprehensión girada en nuestra contra por la responsable." En mérito de lo anterior, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el criterio jurisprudencial 1a./J. 52/2013 (10a.), Décima Época, con número de registro 2004166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, tomo 1, página 383, determinó que la competencia para conocer del amparo contra una orden de detención o aprehensión se surte a favor del juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso, bajo protesta de decir verdad, asegura que trata de ejecutarse, aun cuando omita señalar que la autoridad ejecutora tiene su residencia en esa misma circunscripción, esto es, que si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto, es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio; además, en dicho criterio se precisó que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio del quejoso es insuficiente para justificar la competencia del juzgador de amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, con número de registro 2004166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época, tomo 1, página 383, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Criterio jurisprudencial, que resulta de observancia obligatoria para este Juzgador, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que señala que las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, son obligatorias para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Así es, pues del capítulo del acto reclamado del escrito de demanda, se advierte que los quejosos hacen énfasis en señalar que Agentes de la Policía Especializada del Estado de Chiapas, han llegado a sus domicilios particulares (Tenosique, Tabasco) manifestando que van a ejecutar una orden de aprehensión librada por el Juez de Control de Pichucalco, Chiapas; de ahí que, atendiendo a la jurisprudencia antes citada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se haya prevenido a los quejosos para que manifestaran si era su deseo llamar a juicio como autoridad responsable ejecutora a alguna que tuviera jurisdicción en el Estado de Tabasco, sin que desahogaran dicha prevención. En ese orden de ideas, es inconcuso que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Obet Acopa Gallegos y José Alberto Arcos Melchor, pues éstos no señalaron a ninguna autoridad con residencia en el Estado de Tabasco, que trate de ejecutar materialmente alguna orden de aprehensión dictada en contra de cada uno de los quejosos. Máxime, que el sólo hecho de haber señalado que tienen su domicilio en calle Azucena, sin número colonia Guadalupe Tepeyac, en Tenosique, Tabasco, es insuficiente para justificar la competencia de este Juzgador Federl. A mayor abundamiento es importante señalar que el legislador estableció competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual lógicamente debe relacionarse con las autoridades que se señalaron como responsables; por tanto, si la ejecución de la orden de aprehensión en contra de los accionantes del amparo se atribuye a autoridades del Estado de Chiapas, México, no es jurídicamente posible que este juzgador se avoque a su conocimiento; pues, como se indicó todas las autoridades que los quejosos señalaron como ejecutoras son residentes en dicho Estado. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, fracción X del punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, ordena remitir la demanda de amparo con sus copias, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, a quien se estima competente para conocer la demanda de amparo de mérito. En efecto, se estima competente a ese juzgador atento que la orden de detención y/o aprehensión en contra de los accionantes del amparo reclamada fue emitida en ese Estado y de igual forma trata de ejecutarse materialmente por autoridades con residencia en esa entidad federativa, como quedó asentado, lo que pone de relieve que aun cuando se promovió en el Estado de Tabasco, por la posible ejecución de la citada orden privativa de la libertad, corresponde la competencia al juez que se declina, lo que origina que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, sea legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, pues de estimar lo contrario, equivaldría a dejar al arbitrio de los quejosos la determinación de la competencia, con el simple hecho de señalar un domicilio donde quisieran promover. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De igual modo, la Tesis I.15o.A.41 K sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2288, XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Asimismo, la Tesis Aislada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 83, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSION DICTADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictado por una autoridad administrativa, debe decirse que si bien es cierto que conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer de un juicio de amparo, aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado", también lo es que si la autoridad ordenadora reside en una jurisdicción, dentro de la cual también reside el quejoso, pero ninguna autoridad ejecutora reside en esa jurisdicción ya que todas tienen su residencia en otra, al no tener su domicilio el quejoso en este último lugar, dichas autoridades no pueden ejecutar ninguna orden de detención fuera de su jurisdicción. En tales condiciones, si se toma en cuenta también que la última parte del artículo 36 de la Ley Reglamentaria establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ameritando ejecución material, con su sólo dictado viole alguna garantía individual, se tiene que concluir que al librar la orden de aprehensión o detención una autoridad administrativa (Procurador de Justicia de un Estado), la cual es en sí misma violatoria de garantías, pues esa autoridad no está facultada constitucionalmente para dictar órdenes de esa naturaleza, la competencia para conocer de la demanda de amparo relativo debe surtirse en favor del Juez de Distrito en que se ubique la autoridad ordenadora". De igual modo, la Tesis I.9o.A.69 A sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1053, Tomo XVIII, Julio de 2013, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA POSIBLE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS MILITARES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AUN CUANDO EL QUEJOSO TENGA SU DOMICILIO EN LUGAR DIVERSO DE AQUÉLLAS. Si el acto reclamado se hace consistir en la emisión y ejecución de una posible orden de detención y restricción de los derechos del quejoso como militar, por parte de la Policía Judicial Militar, cuando aquél tiene su domicilio en uno distinto al de la probable autoridad ejecutora, debe considerarse, por una parte, que la residencia del agraviado no resulta voluntaria, sino sujeta a las disposiciones que sus servicios le imponen y, por otra, que la real esencia material del acto reclamado es penal, aunque emane de una autoridad formalmente administrativa, pues su naturaleza se fija acorde con la esencia de las consecuencias que pueden producir; consecuentemente, la competencia debe fijarse en favor de un Juez de Distrito en Materia Penal en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como responsable". Lo anterior, sin que sea el caso pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado solicitada por los promoventes, en virtud que no se trata de los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el primer párrafo del numeral 48 de la citada legislación, esto es, la remisión de plano, con sus anexos al Juez o Tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. En efecto, el artículo 15 de la Ley de Amparo entre otras cosas refiere, que cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, se deberá pronunciar respecto a la suspensión; sin embargo, en el caso no se actualiza tal supuesto, en razón que los actos reclamados ya precisados y reclamadas a las autoridades responsables con residencia en el Estado de Chiapas; bajo esa óptica, es que se remitan los autos al Juez competente sin necesidad de decidir sobre la suspensión del acto reclamado, pues como se dijo, no se está en la hipótesis señalada por el citado precepto de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes certificado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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