Oberth de los Santos Vargas
Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Oberth de los Santos Vargas
Actuaciones
- Principal
MESA 2-B. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra l proveído de doce de noviembre del año actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 2-A. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXX, por propio derecho, contra actos las autoridades y actos siguientes AUTORIDADES RESPONSABLES Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP) con sede en esta ciudad. Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ""1.- El cobro excesivo de ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por EL DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Y que afecta real y directamente mi esfera jurídica de ciudadana ante los ilegales cobros y cargos fiscales al vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de usuario y contratante del servicio de agua potable y alcantarillado." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 663/2021. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. (.) Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente se duele esencialmente del cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado y su corte ante el rezago en su pago, reclamados al Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad. Ahora, respecto de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." En primer término, resulta necesario definir si las autoridades antes citadas tienen el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, en ese orden de ideas, para resolver el punto en cuestión, de conformidad a los preceptos legales transcritos, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en cita, cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado y su corte ante el rezago en su pago. De lo expuesto, se hace patente que el acto que se reclama a las autoridades señaladas como responsables, no derivan de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular. Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. (.) Al respecto, cabe señalar que es un hecho notorio que el Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad, celebra contratos administrativos de adhesión, para brindar el servicio de agua y drenaje, lo que en la especie ocurre con relación al acto reclamado por la parte quejosa, puesto que del contenido integral de la demanda se advierte que el solicitante de amparo manifestó en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo siguiente: "Y que afecta real y directamente mi esfera jurídica de ciudadana ante los ilegales cobros y cargos fiscales al vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de usuario y contratante del servicio de agua potable y alcantarillado." (Lo resaltado es propio de este Juzgado). Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En tal virtud, se advierte que la relación que une a la parte quejosa, con la dependencia que señala como autoridad responsable es contractual, misma que se rige por el derecho privado, ya que el Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad, no actúa en una relación de supra a subordinación, pues sus actos derivan de un contrato comercial o de adhesión celebrado con un particular, donde el clausulado se rige por la voluntad de las partes. Así, el acto de aplicación de los preceptos señalados está vinculado con la autoridad que emitió los recibos de pago, derivados directamente de dicho contrato, por lo cual se itera no deviene de un actuar que constriña a un acto unilateral y obligatorio, puesto que las partes intervinientes en dicha relación contractual son quienes se obligaron al cumplimiento de obligaciones y prestaciones reciprocas. (.) Por consiguiente, no puede estimarse que el Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, sean particulares que efectúan actos equivalentes a los de las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 112, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXX, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a XXXXX, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA). MESA 2-A. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXX, por propio derecho, contra actos las autoridades y actos siguientes AUTORIDADES RESPONSABLES Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP) con sede en esta ciudad. Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ""1.- El cobro excesivo de ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por EL DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Y que afecta real y directamente mi esfera jurídica de ciudadana ante los ilegales cobros y cargos fiscales al vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de usuario y contratante del servicio de agua potable y alcantarillado." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 663/2021. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. (.) Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente se duele esencialmente del cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado y su corte ante el rezago en su pago, reclamados al Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad. Ahora, respecto de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." En primer término, resulta necesario definir si las autoridades antes citadas tienen el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, en ese orden de ideas, para resolver el punto en cuestión, de conformidad a los preceptos legales transcritos, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en cita, cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado y su corte ante el rezago en su pago. De lo expuesto, se hace patente que el acto que se reclama a las autoridades señaladas como responsables, no derivan de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular. Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. (.) Al respecto, cabe señalar que es un hecho notorio que el Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad, celebra contratos administrativos de adhesión, para brindar el servicio de agua y drenaje, lo que en la especie ocurre con relación al acto reclamado por la parte quejosa, puesto que del contenido integral de la demanda se advierte que el solicitante de amparo manifestó en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo siguiente: "Y que afecta real y directamente mi esfera jurídica de ciudadana ante los ilegales cobros y cargos fiscales al vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de usuario y contratante del servicio de agua potable y alcantarillado." (Lo resaltado es propio de este Juzgado). Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En tal virtud, se advierte que la relación que une a la parte quejosa, con la dependencia que señala como autoridad responsable es contractual, misma que se rige por el derecho privado, ya que el Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), con sede en esta ciudad, no actúa en una relación de supra a subordinación, pues sus actos derivan de un contrato comercial o de adhesión celebrado con un particular, donde el clausulado se rige por la voluntad de las partes. Así, el acto de aplicación de los preceptos señalados está vinculado con la autoridad que emitió los recibos de pago, derivados directamente de dicho contrato, por lo cual se itera no deviene de un actuar que constriña a un acto unilateral y obligatorio, puesto que las partes intervinientes en dicha relación contractual son quienes se obligaron al cumplimiento de obligaciones y prestaciones reciprocas. (.) Por consiguiente, no puede estimarse que el Director General del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, sean particulares que efectúan actos equivalentes a los de las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 112, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXX, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a XXXXX, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.
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