Obeimar Balente Herrera Hernández
Expediente 1712/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1712/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Obeimar Balente Herrera Hernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 13-19), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por***contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2/2019-IX. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de garantías por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Así, analizada que es la demanda de amparo de mérito, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la H. Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de fecha 24 de octubre de 2019 dictada dentro del incidente promovido por la demandada denominada ***), en el juicio laboral expediente número *** promovido por el suscrito". (Sic.) Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley en la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Para discernir sobre la procedencia de la demanda, se torna necesario precisar que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el que la junta responsable resolvió el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral ***; acto del cual este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, del citado ordenamiento, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Ahora, conviene precisar que en este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 226/2019-III, promovido por***, en el que el tercero interesado lo es, el aquí promovente de amparo ***, mediante el cual se reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a) Se reclama como acto el acuerdo de fecha DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, dictado por la JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; en el juicio radicado ante la misma con número individualizador de expediente *** ***, obrando en autos del juicio en cuestión ante la ahora responsable; en el cual se acuerda lo siguiente: "PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE COMPETENCIA PROMOVIDO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PRINCIPAL EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR), en los términos y fundamentos precisados en el último considerando de esta resolución.--------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- Se ordena continuar con la secuela procesal correspondiente y para tal efecto se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, quedando apercibidas las partes en términos de lo dispuesto por los artículos 879 y 880 de la Ley federal del Trabajo.---------------------------------------------------------------- Consecuencia de lo anterior; todas las omisiones anteriores y posteriores de las ahora responsables y todos los acuerdos, diligencias y/o actuaciones posteriores realizados por la ahora responsable que vulneran las garantías de justicia pronta y expedita, audiencia, legalidad, debido proceso, certeza y seguridad jurídica, contempladas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de mi representado" Las anteriores actuaciones se invocan como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Correspondiente a la Novena Época, con número de registro 172215 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia J/25 sustentada por la Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Sexto Circuito, publicado en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Correspondiente a la Novena Época, con número de registro 187526, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Precisado lo anterior, de las constancias que obran en el juicio de amparo 226/2019-III, del índice de este Juzgado, se advierte lo siguiente: 1. En sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se otorgó al aquí quejoso la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "SEXTO. CONCESIÓN. En esa medida, a criterio de este resolutor, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el efecto del fallo protector es para que la autoridad responsable la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de doce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente laboral ***, de su índice. 2. Emita otra con libertad de jurisdicción, en la cual observe los principios de fundamentación, motivación y exhaustividad, es decir, se pronuncie de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, respecto de todas y cada una de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa al plantear el incidente de competencia por razón de materia. 3. Exprese los preceptos legales vigentes aplicables al caso y los razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de apoyo a su decisión". 2. Por auto de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, en la que confirmó la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. 3. En proveído de veintiocho de octubre del actual, se tuvo a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitiendo a este juzgado la copia certificada de la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de competencia por razón de materia dentro del expediente ***; ello, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo dictada por este juzgado, por lo que se ordenó dar vista con dicha resolución a la parte quejosa y tercera interesada, a fin de que manifestarán lo que a su interés conviniere respecto al cumplimiento de la responsable. 3. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el actuario judicial de esta adscripción, notificó por lista de estrados que se publica en este órgano jurisdiccional, al aquí quejoso ***, el referido auto de veintiocho de octubre del año en curso. 4. Aunado a ello, en quince de noviembre de dos mil diecinueve, el actuario judicial notificó al peticionario de amparo ***, el proveído de once de noviembre del año curso, en el que se determinó que la ejecutoria de amparo quedó cumplida y se ordenó el archivo del juicio de amparo 226/2019. Por lo anterior, se concluye que el aquí quejoso tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente laboral ***, del índice la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Entonces, se colige que la notificación por lista del auto de veintiocho de octubre del año actual, en el que se notificó al solicitante de amparo la resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado, surtió sus efectos el cinco de noviembre del año en curso. Por tanto, si desde el cinco de noviembre de dos mil dos mil diecinueve, surtió efectos la notificación por estrados realizada el cuatro de noviembre del año actual; es evidente que el seis siguiente, es cuando inició el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXXIII, Enero de 2011, materia Común, en la página 5, de la Novena Época, que es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por lo que, el plazo de quince días hábiles para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió en exceso, pues el cómputo respectivo inició el seis de noviembre de dos mil diecinueve, por ser el día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación por estrados al quejoso del acto impugnado y feneció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés y veinticuatro de noviembre del año en curso, por haber sido inhábiles; en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y la circular 31/2018, emitido por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente. Por consiguiente, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el trece de diciembre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de la Oficialía de Partes de los Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil diecinueve), transcurrieron en exceso quince días, para la promoción de la demanda. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo, la misma resulta extemporánea. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIV y XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 1, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ***. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este juzgado; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a***las diversas personas que menciona, sin que sea necesario verificar si sus cédulas se encuentran en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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