Obed Suarez Alvarado

Expediente 632/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
632/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Obed Suarez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    "MESA-9" "...Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido..."

  2. Principal

    "MESA-9" "...Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido..."

  3. Principal

    mesa "9" Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso OBED SUAREZ ALVARADO, los proveídos de veintidós y veintiséis, ambos de agosto del año en curso. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial para practicar las notificaciones de mérito; en una interpretación armónica de los artículos 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este juzgado, los autos de referencia, así como los subsecuentes; quedando a salvo su derecho para señalar un domicilio para que se lleven a cabo las notificaciones personales. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del estado que guarda el sumario constitucional en que se provee, se desprende que en proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de garantías promovida por OBED SUAREZ ALVARADO, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, reclamándoles el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en que se encontraba, al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Ahora, para abordar con una adecuada información, es importante resaltar que de autos se advierte, que mediante escrito presentado por quejoso el veintiséis de agosto del presente año, en el que se desiste del presente juicio de amparo, así como de la razón de cuenta, el diecinueve de agosto del año en curso, OBED SUAREZ ALVARADO fue puesto en libertad, en virtud de que le fue otorgado un beneficio penitenciario. En tal sentido, esta Juzgadora advierte, de manera oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia que conlleva a decretar el sobreseimiento del presente juicio; a saber, la contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así lo explica la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Precisado lo anterior, se tiene que en el caso particular la parte quejosa impugna el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en que se encontraba, al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Ahora, del contenido del escrito presentado por quejoso el veintiséis de agosto del presente año, por el que se desistió del presente juicio de amparo, así como de la razón de cuenta, se advierte que el diecinueve de agosto del año en curso, OBED SUAREZ ALVARADO fue puesto en libertad, en virtud de que le fue otorgado un beneficio penitenciario. Luego, queda de manifiesto que aun cuando subsiste el acto de autoridad reclamado, lo cierto es que la posible declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad que respecto que de éste se hiciere, no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber dejado de surtir efectos el diecinueve de agosto del año en curso. Esto es así, pues ha dejado de existir el objeto o materia que le dio origen y para el cual fue expedido; pues, si bien es cierto que existió el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en que se encontraba, al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, igualmente cierto es, que ya no se encuentra surtiendo sus efectos ese traslado, pues de las constancias que existen en autos se advierte que el diecinueve de agosto del presente año, el quejoso fue puesto en libertad por habérsele concedido el beneficio de la remisión parcial de la pena, motivo por el cual el acto reclamado dejo de surtir sus efectos. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos de la audiencia constitucional Por lo expuesto, se deja SIN EFECTOS la fecha señalada para la celebración de la audiencia Constitucional fijada para las diez horas del uno de septiembre de dos mil dieciséis. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente. acuerdo:"Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó que el Juez Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México es quien lleva la causa penal; por tanto, a efecto de resolver lo que derecho corresponde gíresele oficio al subsecretario para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, informe si el Juzgado Vigésimo Cuarto ya se pronunció definitivamente respecto del traslado por medidas de seguridad del aquí quejoso, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese. y el diverso de "Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Obed Suárez Alvarado; en atención a su contenido, a efecto de estar en aptitud de acordar lo que derecho corresponda, requiérase al quejoso de mérito para que en el momento de su notificación, o dentro de los TRES DÍAS siguientes a la misma, manifieste expresamente si es su deseo o no, desistir del presente juicio de amparo; lo cual podrá hacer: a) En el acto de la notificación personal de este proveído. b) Mediante comparecencia ante este Juzgado y en diligencia formal. c) Mediante escrito ratificado con las formalidades legales ante Notario Público. d) Por conducto de apoderado legal, con poder general que debe contener cláusula especial que lo faculte para ello conforme al artículo 2587, fracción I, del Código Civil Federal. En cuanto a este último inciso, deviene aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal. Con apercibimiento al quejoso que de no hacer manifestación al respecto, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite de este juicio de derechos fundamentales. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el que , en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, informa que no cuenta con pronunciamiento en definitiva respecto al traslado por medidas de seguridad del aquí quejoso, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por parte del Juez Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México. Notifíquese; y, personalmente al quejoso...."

  4. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Obed Suárez Alvarado; en atención a su contenido, a efecto de estar en aptitud de acordar lo que derecho corresponda, requiérase al quejoso de mérito para que en el momento de su notificación, o dentro de los TRES DÍAS siguientes a la misma, manifieste expresamente si es su deseo o no, desistir del presente juicio de amparo; lo cual podrá hacer: a) En el acto de la notificación personal de este proveído. b) Mediante comparecencia ante este Juzgado y en diligencia formal. c) Mediante escrito ratificado con las formalidades legales ante Notario Público. d) Por conducto de apoderado legal, con poder general que debe contener cláusula especial que lo faculte para ello conforme al artículo 2587, fracción I, del Código Civil Federal. En cuanto a este último inciso, deviene aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal. Con apercibimiento al quejoso que de no hacer manifestación al respecto, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite de este juicio de derechos fundamentales. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el que , en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, informa que no cuenta con pronunciamiento en definitiva respecto al traslado por medidas de seguridad del aquí quejoso, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por parte del Juez Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

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