Obed Rodriguez Palacios
Expediente 1078/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Obed Rodriguez Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria emitida en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1078/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: La resolución de ocho de agosto del año en curso, dictada en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, en el que se determinó la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, y para garantizar el mínimo de subsistencia se estableció se le siga pagando el 30% de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. La ejecución de dicha decisión. TERCERO. El Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en representación del Director General, negaron los actos reclamados; sin embargo, de las actuaciones que remitieron con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se colige su certeza. En efecto, se aprecia que mediante oficio número OIC/369/2021, de dieciocho de mayo del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, solicitó se decretaran, entre otras, la medida cautelar de suspensión temporal del servidor público hasta en tanto se resolviera en definitiva sobre su presunta responsabilidad, derivado de su desempeño como Director de la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En atención a ello, con fecha ocho de agosto del año en curso, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, emitió el acto reclamado en los términos indicados previamente. Asimismo, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución de la suspensión temporal del impetrante y a que se le pagara como mínimo de subsistencia el 30% de su ingreso real. De lo anterior, se aprecia la intervención de las autoridades responsables en la orden y ejecución de los actos reclamados, por lo que se desvirtúa su negativa y se presumen ciertos los actos atribuidos. CUARTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. ... QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, resultan infundados. Previamente a exponer el porqué de la calificativa que antecede, para mayor comprensión del asunto, se requiere narrar los principales antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1) Por acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, radicó el expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, con motivo de la recepción del escrito signado por personal docente, administrativo y de servicios de la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el que se atribuyen diversas conductas al quejoso, derivado de su desempeño como Director, entre otras, uso discrecional para beneficio propio de los recursos humanos y materiales del plantel, trato preferencial a su esposa y a su hijo (laboran en ese centro educativo), maltrato verbal, acoso sexual y laboral al personal docente y administrativo, hasta denuncias por violencia sexual a alumnas del plantel escolar. 2) Mediante oficio número OIC/369/2021, de dieciocho de mayo del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, solicitó a la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en dicho Instituto, decretara, entre otras, la medida cautelar de suspensión temporal del servidor público hasta en tanto se resolviera en definitiva sobre su presunta responsabilidad. 3) En resolución de ocho de agosto del año en curso, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, dictó el acto reclamado determinando la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, y para garantizar el mínimo de subsistencia se estableció se le siga pagando el 30% de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. Asimismo, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución del acto reclamado, tocante a la suspensión temporal del impetrante y a que se le pagara como mínimo de subsistencia el 30% de su ingreso real. Ahora bien, a efecto de sustentar porqué el acto reclamado resulta constitucional, en virtud de haberse emitido por autoridad competente y garantizado la subsistencia económica del quejoso desde que fue suspendido temporalmente de su cargo, es necesario acudir al criterio fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), cuyos rubro y texto indican: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." En la ejecutoria de la contradicción de tesis 311/2015 que originó la citada jurisprudencia, el Máximo Tribunal Constitucional del país sostuvo, entre otras consideraciones, lo siguiente: a) En el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se otorga una facultad discrecional en favor de la secretaría, del contralor interno o, en su caso, del titular del área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público, si así lo estiman pertinente para la continuación o conducción de las investigaciones; incluso, dicha suspensión puede decretarse antes o al momento de que el servidor público sujeto a investigación sea notificado del inicio de un procedimiento administrativo instaurado en su contra. b) La autoridad que instruye este tipo de procedimientos, además de tener la facultad de suspender temporalmente al servidor público de su empleo, puede ordenar también la suspensión de las percepciones correspondientes; bajo este orden de ideas, en términos de lo previsto en el artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Federal, la suspensión de labores del servidor público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, resulta razonable e idónea con la finalidad pretendida por el legislador, circunstancia que también le resulta aplicable a la suspensión de las percepciones del servidor público, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña. c) Al realizarse una interpretación más favorable respecto de aquellos servidores públicos sujetos a un procedimiento sancionatorio, la suspensión temporal en el cargo y de las percepciones respectivas, debe considerarse como una medida cautelar que tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y que por la naturaleza de este tipo de procedimientos, se busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 constitucional. En efecto, se debe privilegiar el correcto desempeño de los servidores públicos para que éstos no cometan actos en contra del servicio público, entendida la protección del servicio público, como la justificación fundamental de la existencia de la suspensión del servicio y de las percepciones respectivas. d) Desde tal perspectiva, la separación temporal del servidor público, así como la suspensión de las percepciones correspondientes, resultan constitucionalmente razonables, en tanto tengan por objeto cumplir con los fines señalados en el referido artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como es la posibilidad de facilitar el curso normal de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. e) Los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y tendrá derecho a aquéllas, siempre que dicha función se desarrolle efectivamente. En esa medida, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que ello necesariamente conlleva la imposibilidad de que reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven. f) En esa virtud, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente, tal como se desprende de lo señalado en el párrafo primero de la fracción V del artículo 21 Constitucional, hasta en tanto no exista un resolución administrativa, por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución, empero, ello no implica la proscripción de la facultad de la autoridad administrativa de dictar todas aquellas medidas cautelares que, con fundamento en la legislación de la materia, estime pertinentes para la protección de los principios rectores del servicio público, previstos en el artículo 113 constitucional, en el entendido de que, en el caso dado de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos y, en consecuencia, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido, lo cual, dicho sea de paso, no necesariamente implica que la única hipótesis fáctica posible sea la de dejarle de cubrir el sueldo en su totalidad, pues si se paga parcialmente, de resultar no responsable, se le restituye todo aquello que dejó de recibir, como un remanente a su favor. g) En esa tesitura, el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe interpretarse de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que supone su reconocimiento de conformidad o validez, en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora deberá contemplar en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad -secretaría, órgano interno de control o titular del área de Responsabilidades- no dicte resolución administrativa en la que determine su plena responsabilidad y la destitución del cargo. h) Es decir, de conformidad con en el artículo 1º., realizando la interpretación más favorable y acorde con la Constitución Federal, para salvar la constitucionalidad y convencionalidad del citado precepto legal, debe concluirse que la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, determinará la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas, cantidad que no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, dependiendo la gravedad de la infracción, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. i) La suspensión de las funciones del servidor público, así como la retención de sus percepciones, constituye una medida precautoria que cuenta con sustento constitucional y legal, en la que, si bien se priva al servidor público de la posibilidad de continuar prestando sus servicios en el órgano de gobierno de que se trate, lo cierto es que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública; visto de otra manera, podría generarse un perjuicio para la sociedad; de ahí que se justifique que, mientras se determine si el servidor público incurrió o no en alguna responsabilidad, se tomen algunas medidas restrictivas sin llegar al extremo de conculcar los derechos a una vida digna de dichos servidores, ya que el procedimiento instaurado debe cumplir con las formalidades esenciales mínimas, además de que deberá contar con la oportunidad plena de presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes, enderezados a demostrar que la infracción que se le imputa es infundada. j) Debe destacarse que no es posible trasladar el principio de presunción de inocencia del derecho penal al derecho administrativo sancionador, sin mayor modulación, circunstancia que resultaría contraria a lo determinado por el propio Tribunal Pleno en la jurisprudencia número P./J. 43/2014, que lleva por rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." k) En este sentido, en el procedimiento administrativo sancionador, el principio de presunción de inocencia implica la posibilidad de ser tratado como sujeto no responsable, tal como se desprende del texto del artículo 21, fracción V, párrafo primero, hasta en tanto exista la resolución administrativa correspondiente en la que se desvirtúe dicha presunción; sin embargo, ello no puede nulificar la posibilidad de que la autoridad responsable del procedimiento pueda decretar en el inicio de éste, la suspensión en el cargo y la retención de los ingresos, máxime que la figura de la suspensión, como medida cautelar y como sanción, encuentra asidero constitucional expreso en el artículo 113 constitucional. l) En conclusión, la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso para la subsistencia del presunto responsable y deberá determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, no deberá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. m) En el entendido de que, si dictada la resolución respectiva, el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando, por supuesto, la cantidad que sí se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. La jurisprudencia invocada tiene el carácter de temática en cuanto establece que al interpretarse el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo con los principios pro persona e interpretación conforme, serán constitucionales las medidas consistentes en la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto servidor público responsable y la retención de sus percepciones, siempre que se garantice su derecho de subsistencia al decretarse la suspensión y durante el procedimiento de responsabilidades administrativas, hasta en tanto se dicte la resolución respectiva, debiéndose determinar la cantidad que se le otorgará para asegurar sus necesidades básicas, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, la cual no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en que laboraba el responsable al momento de decretarse dicha medida. Se sostiene lo anterior, porque al igual que el precepto 21 de la citada legislación federal, cuyo contenido y alcances fueron interpretados en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia invocada, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con base en los numerales 3, fracción III y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, 3, fracción III, 123 y 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuenta con facultades para suspender en forma preventiva y temporal a un servidor público del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, si así lo estiman pertinente para la conducción de una investigación administrativa; suspensión que tiene como objeto privilegiar el desarrollo de la investigación y salvaguardar la función pública. Además, el propio precepto 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla que la suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad (presunción de inocencia), al mismo tiempo, que se adoptarán las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos. En el anterior contexto, queda claro que resulta legal el acto reclamado, en la medida que la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cuenta con facultades legales para determinar la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro de dicho Instituto, tal como lo hizo en el incidente de medida cautelar número 02/2021, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020. Además, en forma correcta, atendiendo los parámetros establecidos por el Alto Tribunal de la Nación, previamente explicados, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución del acto reclamado, en el sentido de que se le pagara al servidor público como mínimo de subsistencia el treinta por ciento de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. Por tanto, contra lo que afirma el quejoso, el acto de autoridad no debe considerarse como un acto privativo, que para los efectos del artículo 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, debe entenderse aquél que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos del gobernado, toda vez que si bien existe una afectación a su esfera jurídica, la misma es de carácter provisional, en tanto se resuelve el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, por parte del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En el mismo sentido, es infundado el argumento que plantea, en el que sostiene que el acto de autoridad, en el que se determinó suspenderlo de manera temporal de cualquier cargo dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, implica una violación al artículo 109, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (.) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza". Para pretender sustentar su dicho, destaca que por medio del memorándum 004/2021, de fecha dieciséis de marzo del año en curso, signado por el Encargado de la Coordinación de Servicios Jurídicos de la Unidad de Educación Secundaria, con el visto bueno de la Encargada del Área de Recursos Humanos, se le instruyó que concentrara su asistencia a la Unidad de Educación Secundaria, registrando su asistencia por medio de whatsApp, al número telefónico que se le indicó, hasta en tanto se resolviera el expediente DSJ/AP/CA/02/2021, radicado en la Dirección de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y que al haberse decretado su suspensión temporal del empleo en el incidente de medida cautelar número 02/2021, se le está imponiendo nuevamente una sanción de la misma naturaleza. Lo anterior es desacertado, en la medida que el principio "non bis in ídem", consiste en sancionar dos veces al infractor por el mismo hecho, lo que implica que debe existir una primera resolución que de manera firme (cosa juzgada) se haya pronunciado sobre su responsabilidad, y posteriormente se le instruya otro procedimiento sobre los mismos hechos por los que ya fue sancionado. Empero, ello no acontece en este caso, es decir, no se trata de castigarlo dos veces o por segunda vez por el mismo hecho, porque el procedimiento que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, aún se encuentra en instrucción, lo que implica que todavía no se ha determinado el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa y, por ende, su responsabilidad en torno a los hechos derivados de su desempeño como Director en la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. De ahí que, se reitera, no se vulnera el principio non bis in ídem en los términos aludidos. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ...contra los actos reclamados al Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por las razones precisadas en el penúltimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la presente resolución, en los términos precisados en el considerando último de esta determinación. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1078/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: La resolución de ocho de agosto del año en curso, dictada en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, en el que se determinó la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, y para garantizar el mínimo de subsistencia se estableció se le siga pagando el 30% de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. La ejecución de dicha decisión. TERCERO. El Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en representación del Director General, negaron los actos reclamados; sin embargo, de las actuaciones que remitieron con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se colige su certeza. En efecto, se aprecia que mediante oficio número OIC/369/2021, de dieciocho de mayo del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, solicitó se decretaran, entre otras, la medida cautelar de suspensión temporal del servidor público hasta en tanto se resolviera en definitiva sobre su presunta responsabilidad, derivado de su desempeño como Director de la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En atención a ello, con fecha ocho de agosto del año en curso, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, emitió el acto reclamado en los términos indicados previamente. Asimismo, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución de la suspensión temporal del impetrante y a que se le pagara como mínimo de subsistencia el 30% de su ingreso real. De lo anterior, se aprecia la intervención de las autoridades responsables en la orden y ejecución de los actos reclamados, por lo que se desvirtúa su negativa y se presumen ciertos los actos atribuidos. CUARTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. ... QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, resultan infundados. Previamente a exponer el porqué de la calificativa que antecede, para mayor comprensión del asunto, se requiere narrar los principales antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: 1) Por acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, radicó el expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, con motivo de la recepción del escrito signado por personal docente, administrativo y de servicios de la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el que se atribuyen diversas conductas al quejoso, derivado de su desempeño como Director, entre otras, uso discrecional para beneficio propio de los recursos humanos y materiales del plantel, trato preferencial a su esposa y a su hijo (laboran en ese centro educativo), maltrato verbal, acoso sexual y laboral al personal docente y administrativo, hasta denuncias por violencia sexual a alumnas del plantel escolar. 2) Mediante oficio número OIC/369/2021, de dieciocho de mayo del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa 534/Q/2020, solicitó a la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en dicho Instituto, decretara, entre otras, la medida cautelar de suspensión temporal del servidor público hasta en tanto se resolviera en definitiva sobre su presunta responsabilidad. 3) En resolución de ocho de agosto del año en curso, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el expediente relativo al incidente de medida cautelar número 02/2021, dictó el acto reclamado determinando la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, y para garantizar el mínimo de subsistencia se estableció se le siga pagando el 30% de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. Asimismo, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución del acto reclamado, tocante a la suspensión temporal del impetrante y a que se le pagara como mínimo de subsistencia el 30% de su ingreso real. Ahora bien, a efecto de sustentar porqué el acto reclamado resulta constitucional, en virtud de haberse emitido por autoridad competente y garantizado la subsistencia económica del quejoso desde que fue suspendido temporalmente de su cargo, es necesario acudir al criterio fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), cuyos rubro y texto indican: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." En la ejecutoria de la contradicción de tesis 311/2015 que originó la citada jurisprudencia, el Máximo Tribunal Constitucional del país sostuvo, entre otras consideraciones, lo siguiente: a) En el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se otorga una facultad discrecional en favor de la secretaría, del contralor interno o, en su caso, del titular del área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público, si así lo estiman pertinente para la continuación o conducción de las investigaciones; incluso, dicha suspensión puede decretarse antes o al momento de que el servidor público sujeto a investigación sea notificado del inicio de un procedimiento administrativo instaurado en su contra. b) La autoridad que instruye este tipo de procedimientos, además de tener la facultad de suspender temporalmente al servidor público de su empleo, puede ordenar también la suspensión de las percepciones correspondientes; bajo este orden de ideas, en términos de lo previsto en el artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Federal, la suspensión de labores del servidor público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, resulta razonable e idónea con la finalidad pretendida por el legislador, circunstancia que también le resulta aplicable a la suspensión de las percepciones del servidor público, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña. c) Al realizarse una interpretación más favorable respecto de aquellos servidores públicos sujetos a un procedimiento sancionatorio, la suspensión temporal en el cargo y de las percepciones respectivas, debe considerarse como una medida cautelar que tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y que por la naturaleza de este tipo de procedimientos, se busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 constitucional. En efecto, se debe privilegiar el correcto desempeño de los servidores públicos para que éstos no cometan actos en contra del servicio público, entendida la protección del servicio público, como la justificación fundamental de la existencia de la suspensión del servicio y de las percepciones respectivas. d) Desde tal perspectiva, la separación temporal del servidor público, así como la suspensión de las percepciones correspondientes, resultan constitucionalmente razonables, en tanto tengan por objeto cumplir con los fines señalados en el referido artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como es la posibilidad de facilitar el curso normal de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. e) Los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y tendrá derecho a aquéllas, siempre que dicha función se desarrolle efectivamente. En esa medida, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que ello necesariamente conlleva la imposibilidad de que reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven. f) En esa virtud, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente, tal como se desprende de lo señalado en el párrafo primero de la fracción V del artículo 21 Constitucional, hasta en tanto no exista un resolución administrativa, por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución, empero, ello no implica la proscripción de la facultad de la autoridad administrativa de dictar todas aquellas medidas cautelares que, con fundamento en la legislación de la materia, estime pertinentes para la protección de los principios rectores del servicio público, previstos en el artículo 113 constitucional, en el entendido de que, en el caso dado de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos y, en consecuencia, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido, lo cual, dicho sea de paso, no necesariamente implica que la única hipótesis fáctica posible sea la de dejarle de cubrir el sueldo en su totalidad, pues si se paga parcialmente, de resultar no responsable, se le restituye todo aquello que dejó de recibir, como un remanente a su favor. g) En esa tesitura, el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe interpretarse de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que supone su reconocimiento de conformidad o validez, en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora deberá contemplar en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad -secretaría, órgano interno de control o titular del área de Responsabilidades- no dicte resolución administrativa en la que determine su plena responsabilidad y la destitución del cargo. h) Es decir, de conformidad con en el artículo 1º., realizando la interpretación más favorable y acorde con la Constitución Federal, para salvar la constitucionalidad y convencionalidad del citado precepto legal, debe concluirse que la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, determinará la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas, cantidad que no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, dependiendo la gravedad de la infracción, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. i) La suspensión de las funciones del servidor público, así como la retención de sus percepciones, constituye una medida precautoria que cuenta con sustento constitucional y legal, en la que, si bien se priva al servidor público de la posibilidad de continuar prestando sus servicios en el órgano de gobierno de que se trate, lo cierto es que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública; visto de otra manera, podría generarse un perjuicio para la sociedad; de ahí que se justifique que, mientras se determine si el servidor público incurrió o no en alguna responsabilidad, se tomen algunas medidas restrictivas sin llegar al extremo de conculcar los derechos a una vida digna de dichos servidores, ya que el procedimiento instaurado debe cumplir con las formalidades esenciales mínimas, además de que deberá contar con la oportunidad plena de presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes, enderezados a demostrar que la infracción que se le imputa es infundada. j) Debe destacarse que no es posible trasladar el principio de presunción de inocencia del derecho penal al derecho administrativo sancionador, sin mayor modulación, circunstancia que resultaría contraria a lo determinado por el propio Tribunal Pleno en la jurisprudencia número P./J. 43/2014, que lleva por rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." k) En este sentido, en el procedimiento administrativo sancionador, el principio de presunción de inocencia implica la posibilidad de ser tratado como sujeto no responsable, tal como se desprende del texto del artículo 21, fracción V, párrafo primero, hasta en tanto exista la resolución administrativa correspondiente en la que se desvirtúe dicha presunción; sin embargo, ello no puede nulificar la posibilidad de que la autoridad responsable del procedimiento pueda decretar en el inicio de éste, la suspensión en el cargo y la retención de los ingresos, máxime que la figura de la suspensión, como medida cautelar y como sanción, encuentra asidero constitucional expreso en el artículo 113 constitucional. l) En conclusión, la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso para la subsistencia del presunto responsable y deberá determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, no deberá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. m) En el entendido de que, si dictada la resolución respectiva, el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando, por supuesto, la cantidad que sí se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. La jurisprudencia invocada tiene el carácter de temática en cuanto establece que al interpretarse el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo con los principios pro persona e interpretación conforme, serán constitucionales las medidas consistentes en la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto servidor público responsable y la retención de sus percepciones, siempre que se garantice su derecho de subsistencia al decretarse la suspensión y durante el procedimiento de responsabilidades administrativas, hasta en tanto se dicte la resolución respectiva, debiéndose determinar la cantidad que se le otorgará para asegurar sus necesidades básicas, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, la cual no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en que laboraba el responsable al momento de decretarse dicha medida. Se sostiene lo anterior, porque al igual que el precepto 21 de la citada legislación federal, cuyo contenido y alcances fueron interpretados en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia invocada, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con base en los numerales 3, fracción III y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, 3, fracción III, 123 y 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuenta con facultades para suspender en forma preventiva y temporal a un servidor público del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, si así lo estiman pertinente para la conducción de una investigación administrativa; suspensión que tiene como objeto privilegiar el desarrollo de la investigación y salvaguardar la función pública. Además, el propio precepto 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla que la suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad (presunción de inocencia), al mismo tiempo, que se adoptarán las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos. En el anterior contexto, queda claro que resulta legal el acto reclamado, en la medida que la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cuenta con facultades legales para determinar la suspensión temporal del impetrante de cualquier cargo desempeñado dentro de dicho Instituto, tal como lo hizo en el incidente de medida cautelar número 02/2021, hasta en tanto se resuelva el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020. Además, en forma correcta, atendiendo los parámetros establecidos por el Alto Tribunal de la Nación, previamente explicados, ordenó al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procediera a la ejecución del acto reclamado, en el sentido de que se le pagara al servidor público como mínimo de subsistencia el treinta por ciento de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicho Instituto. Por tanto, contra lo que afirma el quejoso, el acto de autoridad no debe considerarse como un acto privativo, que para los efectos del artículo 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, debe entenderse aquél que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos del gobernado, toda vez que si bien existe una afectación a su esfera jurídica, la misma es de carácter provisional, en tanto se resuelve el procedimiento de investigación que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, por parte del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En el mismo sentido, es infundado el argumento que plantea, en el que sostiene que el acto de autoridad, en el que se determinó suspenderlo de manera temporal de cualquier cargo dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, implica una violación al artículo 109, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (.) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza". Para pretender sustentar su dicho, destaca que por medio del memorándum 004/2021, de fecha dieciséis de marzo del año en curso, signado por el Encargado de la Coordinación de Servicios Jurídicos de la Unidad de Educación Secundaria, con el visto bueno de la Encargada del Área de Recursos Humanos, se le instruyó que concentrara su asistencia a la Unidad de Educación Secundaria, registrando su asistencia por medio de whatsApp, al número telefónico que se le indicó, hasta en tanto se resolviera el expediente DSJ/AP/CA/02/2021, radicado en la Dirección de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y que al haberse decretado su suspensión temporal del empleo en el incidente de medida cautelar número 02/2021, se le está imponiendo nuevamente una sanción de la misma naturaleza. Lo anterior es desacertado, en la medida que el principio "non bis in ídem", consiste en sancionar dos veces al infractor por el mismo hecho, lo que implica que debe existir una primera resolución que de manera firme (cosa juzgada) se haya pronunciado sobre su responsabilidad, y posteriormente se le instruya otro procedimiento sobre los mismos hechos por los que ya fue sancionado. Empero, ello no acontece en este caso, es decir, no se trata de castigarlo dos veces o por segunda vez por el mismo hecho, porque el procedimiento que se le instruye en el expediente 534/Q/2020, ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, aún se encuentra en instrucción, lo que implica que todavía no se ha determinado el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa y, por ende, su responsabilidad en torno a los hechos derivados de su desempeño como Director en la Escuela Secundaria General "Donají", ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. De ahí que, se reitera, no se vulnera el principio non bis in ídem en los términos aludidos. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ...contra los actos reclamados al Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por las razones precisadas en el penúltimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la presente resolución, en los términos precisados en el considerando último de esta determinación. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO) LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Obdulia Juarez Martinez1202/2017
- Obdulia Rosales Hernandez630/2022
- Obed Misael Sebastian Aguilar944/2022
- Obed Ramos Tercero423/2016
- Obed Rodriguez Marquez315/2019
- Obed Rodriguez Palacios692/2021
- Octaviano Cruz Castillo369/2021
- Octavio Apolinar Sanchez Jimenez1407/2021
- Octavio Arturo Quintano Cassani948/2019
- Octavio Baca Garfias1263/2017
- Octavio Cortés Hernández1372/2017
- Octavio Garcia Alvarado U Octaviano Garcia Alvarado587/2018