Obed Ramos Ramírez
Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Obed Ramos Ramírez
- Mirna Contreras Guillermo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 270/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez; de ahí que el estado de autos se acuerda hasta el día de hoy. Por otra parte, en atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por ********************y********************HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez; de ahí que el estado de autos se acuerda hasta el día de hoy. Por otra parte, en atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Obed Ramos Ramírez y Mirna Contreras Guillermo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 270/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el cuatro siguiente por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, OBED RAMOS RAMÍREZ y MIRNA CONTRERAS GUILLERMO promovieron juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 13-16). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 21-22); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de los actos reclamados. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: El acuerdo de fecha 9 de marzo de 2023 emitido por la autoridad responsable en autos del juicio laboral 58/2023-I y en el cual la autoridad responsable requiere a los suscritos la constancia de haber agotado el procedimiento conciliatorio prejudicial y nos apercibe de que no exhibirla se remitirá el asunto a la oficina Estatal del Centro de Conciliación Federal que corresponda. Acuerdo de fecha 27 de marzo del año 2023 emitido por la autoridad responsable en autos del juicio laboral 58/2023-I, mismo que hace efectivo el apercibimiento dictado en auto de fecha 9 de marzo del año 2023 y tiene por no presentada la demanda por cuanto hace a las prestaciones de: "B) Devolución y pago de la cantidad de $8,572.77 (ocho mil quinientos setenta y dos con setenta y siete centavos) como saldo de la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. C) Devolución y pago de la cantidad de $4,823.72 (cuatro mil ochocientos veintitrés pesos con setenta y dos centavos) como saldo de la subcuenta del seguro de retiro (RETIRO IMSS 97); D) Devolución y pago de la cantidad de $11,127.36 (once mil ciento veintisiete pesos con treinta y seis centavos) como saldo de la subcuenta de INFONAVIT 97. E) Devolución y pago de cuota social, por la cantidad de $6,053.00 (seis mil cincuenta y tres pesos) F) Pago de intereses moratorios que se generen por las prestaciones citadas" Y ordena remitir copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente en que se actúa, al Centro Federal de Conciliación. La desvinculación de las prestaciones reclamadas por los suscritos que realiza la autoridad responsable en autos del juicio laboral 58/2023-I al aceptar la demanda únicamente por cuanto hace a la solicitud de ser reconocidos como legítimos beneficiarios de nuestro hijo y tener por no interpuesta la demanda por cuanto a la Devolución y pago de la cantidad de $8,572.77 (ocho mil quinientos setenta y dos con setenta y siete centavos) como saldo de la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la Devolución y pago de la cantidad de $4,823.72 (cuatro mil ochocientos veintitrés pesos con setenta y dos centavos) como saldo de la subcuenta del seguro de retiro (RETIRO IMSS 97); la Devolución y pago de la cantidad de $11,127.36 (once mil ciento veintisiete pesos con treinta y seis centavos) como saldo de la subcuenta de INFONAVIT 97 y, la Devolución y pago de cuota social, por la cantidad de $6,053.00 (seis mil cincuenta y tres pesos) pese a que todas las pretensiones tienen su origen en una sola causa y hecho generador y que se materializó en acuerdo de fecha 27 de marzo del año 2023. Los proveídos reclamados en sede constitucional, fueron notificados a la parte actora en lo principal, aquí quejosa, personalmente el diez de marzo de dos mil veintitrés; y por buzón electrónico, el veintinueve de marzo del año en curso, respectivamente. (fojas 58) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Distrito adscrita al 1. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, como se aprecia del contenido de su informe justificado (fojas 21-58) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 58/2023 relativo al procedimiento especial individual, de su índice, que remitió como justificación de los actos reclamados, así como en alcance al mismo; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia. Este juzgador, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 123, apartado A, fracción XX, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que, antes de acudir a los Tribunales Laborales, se debe agotar la instancia de conciliación, ante el Centro de Conciliación respectivo, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla. Tales dispositivos legales estatuyen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. (.)." En ese sentido, la Ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, fracción XX, en sus párrafos primero y segundo del Pacto Federal, lo es el artículo 684-B, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que, antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones deberán agotar la instancia de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme al artículo 685-Ter, del citado ordenamiento legal. Dichos preceptos legales son del tenor siguiente: Artículo 684-B. Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley. Artículo 685 Ter. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de conflictos inherentes a: I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual; II. Designación de beneficiarios por muerte; III. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo; IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con: a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva; b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y c) Trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos; V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. En el caso, los actos reclamados en esencia, es la inadmisión del juicio laboral 58/2023-I respecto de las prestaciones de naturaleza autónoma, tales como la devolución de los fondos acumulados en la cuenta individual del extinto hijo de los ahora quejosos, pues al efecto el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que deberá anexarse a la demanda laboral, la constancia expedida por el Organismo de Conciliación, que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes; en tanto que los únicos casos en que no será requerida dicha constancia como requisito de procedibilidad de la demanda, serán aquellos previstos como excepción a agotar la instancia conciliatoria; última hipótesis, que estimó el Juez responsable no encuadraban las prestaciones reclamadas por la ahora parte quejosa. Cabe destacar que dicha inadmisión por parte de la autoridad laboral, no se encuentra exceptuada de acudir a la instancia prejudicial de conciliación en términos del artículo 685 Ter de la ley laboral, antes transcrito, por lo que los impetrantes de amparo, estaban obligados a agotar la instancia prejudicial, para hacer reclamables esas pretensiones ante el Tribunal Laboral responsable, y al no hacerlo así, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 123, apartado A, fracción XX, párrafos primer y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, a manera de ilustración la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la contradicción de tesis 360/2021, sostuvo las consideraciones siguientes: ".uno de los ejes centrales que motivó la reforma procesal laboral en el ámbito constitucional (artículos 107 y 123), fue el establecimiento de la función conciliatoria, como una instancia prejudicial obligatoria a la que deben acudir los trabajadores y patrones, la cual se propuso estaría a cargo de los Centros de Conciliación Especializados e Imparciales, dotados de personalidad jurídica, patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión, así como con el carácter de organismos descentralizados. 47. Es decir, se busca propiciar el establecimiento de una justicia laboral efectiva, pronta y expedita con la visión de dar certeza jurídica, tanto a los trabajadores como empleadores, y ya no una justicia lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable. 48. En consecuencia, derivado de esa exposición de motivos que originó discusiones y debates interesantes a nivel legislativo, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia laboral, en lo que interesa, al artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: "A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... "XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III, y 122, apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. "Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. "La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución." 49. De lo anterior se puede observar que el Poder Reformador elevó a rango constitucional la instancia de conciliación obligatoria como requisito previo a la vía jurisdiccional, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia en materia laboral, acorde a la realidad laboral nacional e internacional. 50. Pues como se precisó, atiende a la intención de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad, y de esta forma dar atención a la demanda de la sociedad mexicana, consistente en acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. 51. Bajo esa misma línea, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, el Congreso de la Unión adicionó, entre otros, los siguientes artículos a la Ley Federal de Trabajo:(13) "Artículo 684-A. Las disposiciones de este título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta ley." "Artículo 684-B. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley." "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio." 52. De todo lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el objetivo primordial del legislador con las múltiples reformas, tanto a nivel constitucional y legal, radicó en la creación de una justicia moderna, en aras de eliminar todo elemento que, como se mencionó, la convierta en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, ello mediante la instauración de la conciliación obligatoria como medio alternativo de solución de controversias laborales, antes de acudir a la instancia judicial." (sic) En esas condiciones, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 123, apartado A, fracción XX, párrafos primer y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los actos atribuidos al 1. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz; por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por OBED RAMOS RAMÍREZ y MIRNA CONTRERAS GUILLERMO, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Adolfo Evaristo García Salinas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele formulando diversas manifestaciones vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Nydia Angélica Encinas Arista170/2022
- Nydia Angélica Encinas Arista169/2022
- Obdulia González Palacios819/2015
- Obdulia Hernández González210/2019
- Obdulia Lagunes Vargas207/2016
- Obdulia Villalvazo Alvarez774/2019
- Octaviano Guerra Espinosa8/2023
- Octavio Aguirre Patiño1177/2023
- Octavio Augusto Ocejo Alonso1228/2023
- Octavio Balades Sosa666/2018
- Octavio Lara González551/2014
- Octavio Santos Sosa564/2015