Obed Jímenez Garnica

Expediente 1697/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1697/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Obed Jímenez Garnica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja 383/2022, resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de QUEJA interpuesto por ***, en contra de la resolución recurrida de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo indirecto 1697/2022-VI-B, por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo." (.)" Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Por lo anterior, y toda vez que el expediente físico coincide con el expediente electrónico, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo definitivo como asunto totalmente concluido Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.VI

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de diciembre de dos mil veintidós. EL TRIBUNAL COLEGIADO CONFIRMA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta secretarial; visto su contenido, se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio por el cual se rindió informe sobre la materia de la queja interpuesta por el quejoso ***, en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Además, informa que dicho medio de impugnación quedó registrado bajo el número de queja 383/2022.M-VI

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, devolviendo los autos originales del juicio de amparo 1449/2021-II-A; además, remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión administrativo 130/2022. Acúsese el recibo de estilo. Comuníquese a las partes lo anterior y que el tribunal revisor resolvió lo siguiente: ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso Háganse las anotaciones y registros en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Como el expediente electrónico coincide con el cuaderno físico principal; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese esta pieza de autos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el se concedió la protección constitucional. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo. VALORACIÓN DEL CUADERNOS DE ANTECEDENTES. En términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dicho expediente auxiliar es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses...M-II

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Glósese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual en cumplimiento a la prevención que le fue formulada en este expediente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el auto de vinculación a proceso que combate le fue notificado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; de igual forma, refirió que la resolución que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se le notificó el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ambos actos emitidos en la causa penal 882/2021, del índice del Juzgado Penal de Control de Pachuca de Soto, Hidalgo; por tanto, se acuerda: FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: 1. La resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Auto de vinculación a proceso. Ambos emitidos en la causa penal 882/2021, del índice del Juzgado Penal de Control de Pachuca de Soto, Hidalgo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados. Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. Entonces, si en el caso a estudio los actos reclamados consisten en: 3. La resolución que impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y 4. El auto de vinculación a proceso. Ambos emitidos en la causa penal ***, del índice del Juzgado Penal de Control de Pachuca de Soto, Hidalgo. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expresa la quejosa, en lo que interesa, se advierte, que el catorce de octubre de dos mil veintiuno le fue notificada la resolución que le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa y, que el dieciocho de octubre siguiente, el auto de vinculación a proceso. Ambos dictados en la causa penal ***, del índice del Juzgado Penal de Control de Pachuca de Soto, Hidalgo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que las notificaciones personales surten efecto el día siguiente en que hubieren sido realizadas. Por tanto, la notificación de la resolución que en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, surtió efectos el quince de octubre de dos mil veintiuno, día siguiente a aquel en que le fue notificada; por lo que hace al auto de vinculación a proceso, dicha notificación surtió efectos el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; fechas a partir de las cuales debe computarse la oportunidad de la demanda. Por ende, si conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, entonces, si como quedó evidenciado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación a la parte quejosa de los actos aquí reclamados surtió efectos, respectivamente, el quince y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, es evidente que la demanda de amparo que se provee fue promovida fuera del plazo de quince días que señala el numeral antes citado. Lo anterior, dado que la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, vía buzón judicial, hasta el tres de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido la demanda de garantías dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Obed Jiménez Garnica. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes...M-VI

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