Obed Isai Barrios López y Otros.
Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Obed Isai Barrios López y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto los autos se advierte que no se generó la boleta de turno correspondiente en el expediente en que se actúa; por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto por la circular DGGJ/0007/2020, de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitida por la titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con copia de la demanda, hágase lo anterior del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza, a fin de que esté en aptitud de realizar la compensación en el turno de asuntos que se remiten a cada uno de los órganos jurisdiccionales y envíe la papeleta correspondiente, para tal efecto se le hace de su conocimiento lo siguiente: ( La fecha de recepción de la presente demanda lo fue veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, a las diez horas con treinta y cinco minutos. ( El registro estuvo a cargo de la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, licenciada Myrna Magdalena Barboza Cadena. ( Demanda que llegó por incompetencia, la cual se recibió en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional promovida, por ****, a favor de ******- y otros; además que no existe tercero interesado. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, deducido del Juicio de Amparo 167/2023 del índice del juzgado de su adscripción, mediante el cual transcribe proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, donde señalan no insistir en la incompetencia planteada a este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes, a favor de los quejosos Obed Isaí Barrios López; María Fernanda Argueta Martínez; Ligia Xiomara Aguilar Álvarez; Jhon Alex Chimbolema Mejía; Cristian Geovanny Chimbolema Mejía; José Álvaro Morales Orellana; Lissett Marisol Barahona Zepeda; Ana del Carmen Zepeda Flores; Laura del Carmen Mendoza Alvarado y Rosa Idalia Barahona Guerra; asimismo acusa de recibido el oficio girado el veintiocho de marzo anterior. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, se ordena el archivo del presente cuadernillo, como asunto totalmente concluido, mismo que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto, se declaró procedente el impedimento del suscrito para conocer la demanda de amparo y declinó la competencia al Juzgado de Distrito, con residencia en la Ciudad Valles; máxime que no cuenta con valor documental.
- Principal
agréguense a los autos los oficios. Ahora, del estado de autos se advierte que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se rechazó la competencia declinada, tomando en consideración el contenido de la comunicación que refiere, pues de ella se deduce la imposibilidad de llevar a cabo esa encomienda, mismo que se regresó a ese juzgado el veintiocho de los corrientes, junto con el oficio de esa data, deducido de este expediente. En tal virtud, al no haberse aceptado la competencia planteada, devuélvase los autos originales del juicio 167/2023, al órgano remitente para su conocimiento y efectos legales conducentes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, al que adjunta el expediente electrónico 167/2023, relativo al juicio de amparo indirecto promovido por José Bernardo Cruz Trillanes en favor de los quejosos Obed Isaí Barrios López; María Fernanda Argueta Martínez; Ligia Xiomara Aguilar Álvarez; Jhon Alex Chimbolema Mejía; Cristian Geovanny Chimbolema Mejía; José Álvaro Morales Orellana; Lissett Marisol Barahona Zepeda; Ana del Carmen Zepeda Flores; Laura del Carmen Mendoza Alvarado y Rosa Idalia Barahona Guerra, contra actos del Representante Local y del Sub representante Local, ambos Encargados de la Estación Migratoria en Chihuahua, Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo implementado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el consecutivo 353/2023-VIII y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. El suscrito disiente respetuosamente del criterio sustentado por la titular del órgano jurisdiccional de mérito, por las consideraciones que a continuación se plasmarán. La competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el dispositivo legal transcrito, se determinan dos reglas básicas para la competencia, por razón de territorio, de los órganos constitucionales en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto, a saber: 1. Actos que sí requieren de ejecución material. 2. Actos que no requieren de ejecución material. Respecto de los actos que sí requieren ejecución material, que comprende el caso que nos ocupa, el lugar o ámbito espacial de ejecución es la pauta de referencia para establecer la regla de competencia por razón de territorio, de acuerdo a lo previsto en los párrafos primero y segundo del aludido normativo. Ahora, de un análisis de las constancias que integran el expediente, se desprende que la autoridad oficiante declinó competencia a favor de este órgano de control constitucional por cuestión de territorio, respecto de los actos reclamados consistentes en: Alojamiento de manera prolongada e indefinida en la estacion migratoria. La incomunicacion. La retención de los documentos de identidad (pasaportes, credenciales, entre otros) La orden de traslado a otra estación migratoria. Atribuidos a las autoridades migratorias, con sede en esta ciudad. Sin embargo, es de mencionar que de las constancias enviadas se advierte, que la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad Valles; en auto de veinticuatro de marzo del año en curso, lugar donde fue presentada la demanda, concedió la suspensión de plano, en lo que aquí interesa, respecto de los actos ya precisados. De igual manera, a fin de localizar a los directos agraviados, envió el exhorto 161/2023, orden 161/2023 de su índice, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta franja fronteriza, mismo que según la certificación de cuenta, por cuestión de turno, tocó conocer a este órgano jurisdiccional, radicándolo el veinticinco de los corrientes, con el numeral 32/2023, ordenándose la búsqueda de estos y su notificación personal, sobre la suspensión de plano, decretada en el juicio de amparo 167/2023, del índice de la juez declinante. En la misma data, la actuaria adscrita, se constituyó en la estación migratoria de esta ciudad, donde fue atendida por un Agente Federal de Migración, quien la dejó ingresar al área de separos de dicho lugar, donde boceo varias veces a los quejosos, no encontrando respuesta; posteriormente, tuvo acceso a los archivos de ingreso y egreso a partir del año dos mil veintidós, así como del sistema llamado SICATEM, donde pudo corroborar, que los buscados no han estado en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez. Ahora, la juez de distrito foránea, no se pronunció sobre la admisión de la demanda y, consecuentemente, tampoco solicitó los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; por lo que la titular de dicho órgano jurisdiccional declinó conocer del asunto, en esencia con base en las manifestaciones que el promovente plasmó en el escrito de demanda, sobre todo la relativa a que los actos reclamados se están ejecutando y continuarán ejecutándose en esta ciudad. No obstante lo anterior, el suscrito estima que la competencia declinada a favor de este juzgado por cuestión de territorio, no puede fincarse, pues, como se dijo, de las constancias que integran el exhorto 161/2023, se deduce que las autoridades migratorias no cuentan con registro de Obed Isaí Barrios López; María Fernanda Argueta Martínez; Ligia Xiomara Aguilar Alvarez; Jhon Alex Chimbolema Mejía; Cristian Geovanny Chimbolema Mejía; José Álvaro Morales Orellana; Lissett Marisol Barahona Zepeda; Ana del Carmen Zepeda Flores; Laura del Carmen Mendoza Alvarado y Rosa Idalia Barahona Guerra; por lo que, se estima que hasta este momento, la competencia para conocer del juicio de origen, radica en la juzgadora federal que previno, es decir, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad Valles. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, no acepta la competencia planteada, por las razones antes expuestas. Por consiguiente, comuníquese esta resolución a la juez declinante; solicitándole tenga a bien acusar recibo de su recepción e informar su determinación. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias que resulten necesarias para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Cúmplase.
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