Obed Aarón Cervantes Barrios
Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Obed Aarón Cervantes Barrios
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo a través del cual se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción IV, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se desechó la demanda de amparo origen del juicio, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 832/2023. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se estima cobra actualidad la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de demostración de interés jurídico o legitimo en el juicio constitucional. Tales artículos disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Conforme a lo anterior, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa; es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple es insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. Ahora, sobre esa clasificación de interés tenemos los siguientes: El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros su respeto. Esto es, el interés simple es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página sesenta, con número de registro digital: 2007921, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Educación Pública Federal; de la Subsecretaría de Educación Básica; de la Dirección General de Materiales Educativos y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos lo siguiente: La emisión de la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, sin adecuarse a los planes y programas de estudios vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintidós. La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al Plan y programas vigentes. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. La inconstitucionalidad de los actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así como, de la manera indirecta, a la observancia al derecho de igualdad, previstos en los numerales 1°, 3° y 4° constitucionales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dada la naturaleza de los actos reclamados, lo que procede es determinar si el quejoso tiene o no el interés legítimo para promover el juicio en contra de esos actos, desde su especial circunstancia frente al acto de autoridad. Al respecto, el quejoso manifiesta en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, que con fecha 29 de julio de 2023, se percató a través de diversas notas periodísticas, de la impresión de los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria. Sigue diciendo que se percató que los nuevos libros de texto presentaban posibles contenidos inapropiados, inexactos o sesgados, no aptos para una buena educación. Señaló que en virtud de la preocupación que en su persona generó la información disponible -por la calidad y contenido de los nuevos libros de texto- quien suscribe indagó a mayor profundidad para corroborar la información y evaluar los nuevos libros de texto. Que como resultado de dicha investigación, se desprende que los nuevos libros de texto podrían tener un impacto negativo en la educación de las y los estudiantes del nivel educativo de educación básica, al no cumplir con los estándares educativos requeridos y al presentar irregularidades en el procedimiento para la elaboración e impresión de estos. De lo expuesto, se aprecia que el quejoso comparece a este juicio con el único carácter de ciudadano de esta entidad federativa, y con ello sólo se acredita un interés simple, similar al que tiene cualquier ciudadano de la entidad, pues se considera que tales actos por sí mismos, no generan un perjuicio real y actual, sino sólo un interés simple como el que resiente cualquier habitante de esta Entidad. Lo anterior se estima, dado que el interés que aduce el quejoso en reclamar dichos actos es similar al de cualquier habitante de esta entidad federativa, de que los libros de texto públicos tengan contenido apropiado para una buena educación y que cumplan con los estándares educativos requeridos, y no con base en la obtención de un beneficio diferenciado del resto de los gobernados, por su situación particular frente al orden jurídico que deriva de los actos reclamados que le afecten, que pudiera obtener inmediatamente con el dictado de una sentencia favorable, pues incluso se advierte que con una concesión del amparo no se produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del quejoso, esto es, el impetrante de amparo no obtendría algún beneficio diferente al de cualquier habitante de esta Entidad, ya que el reclamo que realiza es con relación a libros de texto de educación básica y el promovente se trata de un profesionista en la licenciatura en derecho, como lo acredita con su cédula profesional de número 5129763 detallada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Por tanto, se considera que no puede reconocerse un interés legítimo, dado que la impugnación de los actos reclamados se hace en abstracto y no a partir de normas o actos individualizados que afecten la esfera de derechos humanos del promovente; y, ante ello se concluye que sí se advierte con claridad y sin lugar a duda que la situación de éste frente al acto de autoridad que reclama implica un mero interés simple, similar al que tiene cualquier habitante de esta entidad. Así, los actos reclamados no se advierte que produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento, al promover el juicio de amparo indirecto como ciudadano; sin que se observe tampoco la existencia de un vínculo entre el quejoso y la pretensión buscada al promover el juicio de amparo, de tal forma que la posible concesión del juicio de amparo le produzca un beneficio actual o futuro pero cierto y determinado. Así, es evidente que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado únicamente un interés simple insuficiente para promover la acción constitucional, ante la falta de interés legítimo o jurídico; en términos del artículo 5o. de la ley señalada. En ese orden de ideas y al actualizarse en el caso la causal de notoria e indudable improcedencia aquí analizada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, La jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias: Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, registro digital: 2014433, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. De igual manera, se invoca en apoyo la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 559, Registro digital: 2004008, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Se autoriza usuario Por otra parte, respecto a que se autorice la consulta del expediente electrónico, proporcionando para tal objeto el registro de usuario obed78, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al OFICIAL JUDICIAL A para que realice el alta correspondiente del citado usuario para que pueda consultar el expediente electrónico. Domicilio para recibir notificaciones Ahora bien, toda vez que el domicilio que proporciona, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en relación con la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como los subsecuentes de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en este órgano, hasta en tanto señale domicilio en esta población o en la zona conurbada de la misma. Correo electrónico y número telefónico Respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medios para comunicaciones oficiales, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese.
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