Obdulia Herrera Alvarado
Expediente 1827/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1827/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 20/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Obdulia Herrera Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
... el escrito signado por la quejosa Obdulia Herrera Alvarado, mediante el cual solicita le sea devuelto el billete de depósito que exhibiera en autos del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión de los actos reclamados concedida en aquello autos. Tomando en consideración que el estado del presente asunto así lo permite, como lo solicita la quejosa devuélvase única y exclusivamente a ella el billete de depósito número N 718329 por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia...
- Principal
... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el siete de junio de dos mil dieciséis (fojas 71 al 100), se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Obdulia Herrera Alvarado, en los siguientes términos: Deje sin efectos, por cuanto ve a la aquí quejosa Obdulia Herrera Alvarado, la orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil quince. En su lugar dicte una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos de la presente resolución, en principio estime que el delito de daños se subsume en el de despojo. Tocante al delito de despojo funde y motive todos los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 constitucional, si así resultara del estudio que efectúe de las constancias de autos." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de quince de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 124 al 126). Por oficio número 1063, de tres de agosto pasado, el citado Juez responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 135 al 142); por lo anterior, mediante acuerdo de veintitrés de agosto siguiente, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 144 y 145); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Obdulia Herrera Alvarado, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión emitida el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en los autos de la causa penal 71/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución, pero purgando los vicios de forma tocante al delito de despojo, acatando de manera cabal la garantía de fundamentación y motivación que le impone para su actuar el artículo 16 párrafo primero de la Carta Magna, esto es, valorando íntegramente el material probatorio contenido en dicho proceso. En el caso, tomando en consideración las constancias que anexó la citada responsable, se advierte que mediante resolución de tres de agosto de la presente anualidad, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 71/2015, de su índice, y en su lugar, dictó una nueva determinación, donde del estudio de las constancias de autos, valoradas en su integridad, acorde con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, estableció que se acreditaba la probable responsabilidad de la aquí quejosa Obdulia Herrera Alvarado, en la comisión del delito de despojo, comedido en agravio de Rafael Barreda Herrera, establecido y sancionado por el dispositivo 222 en la fracción I del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, en la época en que sucedieron los hechos; en consecuencia, el Juez natural, procedió a girar nuevamente orden de aprehensión contra la impetrante de amparo, razón por la cual el citado Juez en la resolución que dictó, sí satisfizo los efectos del amparo y observó los lineamientos trazados en el fallo de mérito. De lo anterior se desprende, que la responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido, ya que acató los lineamientos trazados en la ejecutoria, dejando insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto, y emitiendo una nueva, en la que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Nueva Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional declara el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Nueva Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y la resolución corresponde, para lo cual, como se indicó deberá conservarse por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. En virtud de que el presente asunto se encuentra concluido, al resultar innecesario conservar el tomo de pruebas que allegó la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, a su informe justificado, consistente en causa penal número 71/2015, devuélvanse sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, toda vez que se agregará a este expediente la constancia de entrega del oficio correspondiente.
- Principal
....agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, en atención a su contenido, estése a lo acordado en proveído de veintitrés de agosto último (fojas 144 y 145), en el que se tuvo a la autoridad oficiante dando cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio.
- Principal
.... agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio número 1063, signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en los presentes autos. Con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el plazo de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando las partes no desahoguen dicho requerimiento, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo.
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