Obdulia Carreon Herrera

Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1131/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Obdulia Carreon Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para celebrar la continuación de la audiencia constitucional; sin embargo, en este juicio de amparo la titular de este órgano jurisdiccional inició la audiencia constitucional, desahogó en su totalidad la primera etapa, relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas, y concluida dicha etapa, suspendió su celebración para el efecto de dar trámite a la objeción de documentos prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo, señalando nueva fecha en la que únicamente se recibirían las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado. Por tanto, aquélla circunstancia constituye un motivo para diferir la continuación de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, pues la suscrita Secretaria encargada del Despacho, no se encuentra facultada expresamente para reanudar y concluir la audiencia constitucional en sustitución de la Jueza de Distrito, y pronunciar sentencia. En consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 175787 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 183/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 497. Tipo: Jurisprudencia REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE SÓLO RESPECTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CUANDO LA AUDIENCIA LA PRESIDIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PERO AQUÉLLA LA DICTÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL TITULAR. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los secretarios encargados de los Juzgados de Distrito fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, por lo que si una audiencia fue celebrada y formalmente concluida por el Juez titular del juzgado antes de salir de vacaciones, el secretario que lo sustituya no está facultado para emitir la sentencia respectiva. Consecuentemente, el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento, por actualizarse tal supuesto, sólo implicará que se reponga el dictado de la sentencia por parte del titular del Juzgado de Distrito, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos ésta se divide en tres etapas por lo que basta reponer aquella en la que se presentó la violación." Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta, del Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en ausencia del Delegado Estatal, por medio de los cuales rinden el informe justificado correspondiente. En tales condiciones, se tiene a las autoridades oficiantes rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en sus respectivos oficios y por señalado el domicilio que indica en los mismos para recibir notificaciones. En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que indican, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexan a sus oficios. Ahora bien, de las copias certificadas que remiten las autoridades responsables en cita -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el uno de junio de dos mil veintitrés, realizó la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito, en el expediente número ******************** y la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el catorce de junio de dos mil veintitrés, expidió el Certificado de Derechos que ampara la Parcela ********************, del ********************, en favor de ********************. Por tanto, el acto reclamado de las autoridades responsables Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado, en la omisión de realizar la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito, en el expediente número ******************** y la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en la omisión de expedir el Certificado de la parcela número ********************, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el uno de junio de dos mil veintitrés, realizó la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito, en el expediente número ******************** y la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el catorce de junio de dos mil veintitrés, expidió el Certificado de Derechos que ampara la Parcela ********************, del ********************, en favor de ********************; y, la demanda de amparo fue depositada en el Buzón Judicial el veintidós de junio de dos mil veintitrés, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado en la misma fecha; esto es, después de que se realizó la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito, en el expediente número ******************** y se expidió el Certificado de Derechos que ampara la Parcela ********************, del ********************, en favor de ********************. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, de rubro: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el uno de junio de dos mil veintitrés, realizó la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Séptimo Distrito, en el expediente número ******************** y la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el catorce de junio de dos mil veintitrés, expidió el Certificado de Derechos que ampara la Parcela ********************, del ********************, en favor de ********************, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de las autoridades responsables en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta del quejoso ***, a través del cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, desahoga la vista concedida mediante auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que del escrito de cuenta se advierten, mismas que serán valoradas al momento de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/5 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página 1922, de rubro siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ALCANCE DE LA CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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