Obdulia Arce Ruiz

Expediente 2412/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2412/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Obdulia Arce Ruiz
  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil En Tepic,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual acusa recibo del oficio 398-III por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto 1203/2018 del índice de este juzgado, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable por conducto de su apoderada legal Karina Ortega González, contra la sentencia dictada en el asunto que nos ocupa, el cual quedó registrado con el número 32/2019 de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA. NOTIF. PERS.

  3. Principal

    Vista la constancia Secretarial de cuenta, de la que se advierte que Ángel Alejandro Mendoza Díaz, en su carácter de perito en materia contable propuesta por la parte quejosa, aceptó y protestó el cargo discernido en su favor, y manifestó tener los conocimientos técnicos en la materia, a quien se le hizo saber que deberá rendir el dictamen pericial para el cual fue propuesto, dentro de los diez días siguientes; bajo apercibimiento legal que en caso de no comparecer, se le aplicará un medio de apremio conforme lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo. Igualmente, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida México número 39-A, Sur, de la zona Centro de Tepic, Nayarit. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta su imposibilidad para continuar con el procedimiento de ejecución establecido en el Código Fiscal del Estado de Nayarit, en virtud de que aduce que los bienes del dominio privado lo mismo que del dominio público del municipio resultan inembargables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de la Materia, con copia simple del citado ocurso, dese vista al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y requiérasele a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo, provea lo conducente en relación a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, de que las multas impuestas deben imponerse a los servidores públicos en su calidad de personas físicas y no a las entidades públicas que representen. Por su contenido resulta aplicable al caso, la tesis XXI.2o.C.T.6 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página dos mil doscientos setenta y uno, Libro 40, marzo de dos mil diecisiete, Tomo IV, Materia Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada." Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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