Oasis Maya Vazquez Perez
Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oasis Maya Vazquez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, el auto de veintiséis de agosto dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, devuélvanse al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, los anexos que acompañó a su informe de ley. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintiséis de agosto dos mil diecinueve, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, determinación que causó estado el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita la autoridad responsable que así lo hizo, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. En otro orden, del estado de autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama: 1. Del Gobernador, Secretario de Comunicaciones y Transportes y Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde, todos del Estado de San Luis Potosí, la falta de resolución al trámite de cesión de derechos de la concesión 000939, presentada el siete de junio de dos mil dieciocho, y como consecuencia la negativa de expedirle la orden de pago de los derechos de dicha cesión. 2. Del Gobernador y Secretario de Comunicaciones y Transportes, ambos del Estado de San Luis Potosí: 2.1 La negativa de notificar la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró procedente el trámite del expediente 043/2018-Zona Media, originado con la solicitud de autorización para cesión de derechos de la concesión 000939. 2.2 La negativa de entregar a la aquí quejosa de manera física la orden de pago de los derechos de la cesión de los derechos correspondientes a la concesión 000939, identificado con el oficio SCT-DGJ-130/2018, de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. 3.1 Del Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, ambos adscritos a dicha secretaría, las negativas verbales de notificar la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró procedente el trámite del expediente 043/2018-Zona Media, así como para expedir la orden de pago respectiva contenida en el oficio SCT-DGJ-130/2018. Ahora bien, del contenido del informe justificado y anexos remitidos por el Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, se advierte que en el caso, respecto del Secretario de Comunicaciones y Transportes; Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde; Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, todos adscritos a dicha secretaría, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, de los anexos que remitió el Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, en representación del titular de dicha secretaría, consistente en copia certificada del expediente 043/2018-Zona Media, así como copia certificada de las constancias de notificación a la aquí quejosa Oasis Maya Vázquez Pérez, de los oficios SCT-DGJ-075/2018 y SCT-DGJ-130/2018, ambos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que en esa data el Secretario de Comunicaciones y Transportes resolvió el expediente aludido y autorizó al cedente ceder a favor de la cesionario los derechos de la concesión 000939 del Servicio Público de Transporte. Resolución y orden de pago que se hizo del conocimiento de la aquí quejosa el dos de agosto de dos mil diecinueve, según consta de las razones y firmas de recibo que obran al margen de las comunicaciones oficiales referidas. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Comunicaciones y Transportes resolvió y autorizó la cesión de derechos presentada por José Luis Zamarron González, a favor de la aquí quejosa Oasis Maya Vázquez Pérez, la cual le fue notificada el dos de agosto del presente año, y en esa data le fue entregado el oficio SCT-DGJ-130/2018, a efecto de realizar el cesionario el pago de derechos de cesión de concesión a que se refiere el artículo 70 de la Ley de Hacienda para el Estado, de lo que se colige que han cesado en sus efectos los actos reclamados a éste, así como del Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde; Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, todos adscritos a dicha secretaría. Por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruyen la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues ya fueron subsanados por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otra parte, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia respecto de los diversos actos reclamados del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, ya que al rendir sus informes de ley negó la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otras autoridades, como en el caso particular acontece. En virtud de lo anteriormente expuesto, déjese sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita la autoridad responsable que así lo hizo, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. En otro orden, del estado de autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama: 1. Del Gobernador, Secretario de Comunicaciones y Transportes y Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde, todos del Estado de San Luis Potosí, la falta de resolución al trámite de cesión de derechos de la concesión 000939, presentada el siete de junio de dos mil dieciocho, y como consecuencia la negativa de expedirle la orden de pago de los derechos de dicha cesión. 2. Del Gobernador y Secretario de Comunicaciones y Transportes, ambos del Estado de San Luis Potosí: 2.1 La negativa de notificar la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró procedente el trámite del expediente 043/2018-Zona Media, originado con la solicitud de autorización para cesión de derechos de la concesión 000939. 2.2 La negativa de entregar a la aquí quejosa de manera física la orden de pago de los derechos de la cesión de los derechos correspondientes a la concesión 000939, identificado con el oficio SCT-DGJ-130/2018, de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. 3.1 Del Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, ambos adscritos a dicha secretaría, las negativas verbales de notificar la resolución emitida el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró procedente el trámite del expediente 043/2018-Zona Media, así como para expedir la orden de pago respectiva contenida en el oficio SCT-DGJ-130/2018. Ahora bien, del contenido del informe justificado y anexos remitidos por el Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, se advierte que en el caso, respecto del Secretario de Comunicaciones y Transportes; Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde; Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, todos adscritos a dicha secretaría, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, de los anexos que remitió el Director de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, en representación del titular de dicha secretaría, consistente en copia certificada del expediente 043/2018-Zona Media, así como copia certificada de las constancias de notificación a la aquí quejosa Oasis Maya Vázquez Pérez, de los oficios SCT-DGJ-075/2018 y SCT-DGJ-130/2018, ambos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que en esa data el Secretario de Comunicaciones y Transportes resolvió el expediente aludido y autorizó al cedente ceder a favor de la cesionario los derechos de la concesión 000939 del Servicio Público de Transporte. Resolución y orden de pago que se hizo del conocimiento de la aquí quejosa el dos de agosto de dos mil diecinueve, según consta de las razones y firmas de recibo que obran al margen de las comunicaciones oficiales referidas. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Comunicaciones y Transportes resolvió y autorizó la cesión de derechos presentada por José Luis Zamarron González, a favor de la aquí quejosa Oasis Maya Vázquez Pérez, la cual le fue notificada el dos de agosto del presente año, y en esa data le fue entregado el oficio SCT-DGJ-130/2018, a efecto de realizar el cesionario el pago de derechos de cesión de concesión a que se refiere el artículo 70 de la Ley de Hacienda para el Estado, de lo que se colige que han cesado en sus efectos los actos reclamados a éste, así como del Delegado de dicha Secretaría, con sede en Rioverde; Director de Gestión Jurídica y Subdirectora de Gestión Jurídica, todos adscritos a dicha secretaría. Por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruyen la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues ya fueron subsanados por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otra parte, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia respecto de los diversos actos reclamados del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, ya que al rendir sus informes de ley negó la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otras autoridades, como en el caso particular acontece. En virtud de lo anteriormente expuesto, déjese sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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