O-Yuki Edith Acosta Hernandez
Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- O-Yuki Edith Acosta Hernandez
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1310/2023-II, promovido ********************, contra los actos que reclama del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso a la jurisdicción. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el dos de octubre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla Morelos.". ACTOS RECLAMADOS "EL AUTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL CUAL SE DETERMINA LA EXCESIVA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL POR LA HOY RESPONSABLE AL SEÑALAR LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR; FECHA DE AUDIENCIA EXTREMADAMENTE LEJANA, SIENDO EVIDENTE E INCISIVA SU CONDUCTA RETRASANDO EL PROCEDIMIENTO LABORAL, TRANSGREDIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 873-C EN SU TERCER PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL CUAL DEDUCE QUE LA RESPONSABLE TUVO QUE HABER SEÑALADO LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA DETERMINACIÓN; VIOLANDO ASÍ CON ELLO FLAGRANTEMENTE MI GARANTÍA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado formó el expediente 1310/2023-II, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Seguidos los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado y la autoridad a la que se le atribuye son: I.- Del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, se reclama: El acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se señalaron las diez horas del veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de la audiencia preliminar, dentro del juicio ********************. TERCERO. Actos reclamados existentes. El Juez Especializado en Materia del Trabajo del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos (foja 9), al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias derivadas del juicio laboral ********************, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Cobra aplicación al respecto, la tesis I. 3º. A 145K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 210315, visible en la página 385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, que a la letra dice: "VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate". CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer por la autoridad, ni alguna que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Es fundado, el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que el Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, no cumple con los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia preliminar, dentro del lapso establecido en el artículo 873-C, de dicha ley, dentro del expediente laboral ********************. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio del Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo lo antes citado, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2015591, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, Página 151, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS, Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Ahora bien, resulta conveniente destacar a la literalidad el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El precepto constitucional transcrito establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el artículo 873-C de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 873-C.- Con el escrito de réplica y sus anexos, el Tribunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de cinco días para que formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con éste. El demandado al presentar su contrarréplica deberá acompañar copia para traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica conforme a lo previsto en el artículo 873-A de esta Ley, deberá acompañar también copia de las mismas, para que se le corra traslado a la parte actora, y ésta en el término de tres días manifieste lo que a su interés corresponda. Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido el derecho según sea el caso y se continuará con el procedimiento. Transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos que anteceden, el Tribunal fijará fecha para celebrar la Audiencia Preliminar, la cual tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes." Por consiguiente, en materia de términos y plazos se tiene que, para el señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, se prevé que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que se formulen las réplicas o contrarréplicas respectivas. Términos que en el caso específico han sido inobservados por la autoridad responsable, toda vez que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés (foja 121 del anexo), señaló las diez horas del veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia preliminar; esto es, fuera del término que establece la Ley Federal del Trabajo, lo cual provoca una denegación de justicia que se constituye en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 Constitucional, pues, la situación de que no se le administre justicia dentro de los plazos que señala la Ley Federal del Trabajo, deviene violatorio del derecho público subjetivo de pronta y expedita impartición de justicia, además de excederse el periodo de cuarenta y cinco días establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la existencia de una dilación excesiva. Luego, al confrontar lo que dicta el artículo 873-C de la Ley Federal del Trabajo, con la actuación de la autoridad responsable, es inconcuso que la fecha señalada mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés (foja 121 del anexo), para la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen, esto es, el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, no se ajustó al plazo de diez días que dispone el citado artículo, lo anterior; por tanto, ya que entre tales fechas, median más de cuatro meses, por lo que a juicio de quien resuelve, se está ante una dilación del procedimiento en el juicio laboral de origen. Lo anterior, siguiendo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.33/2019 (10ª.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario de la Federación Libro 64, Marzo d3 2019, Tomo II, pagina 1643, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Sin soslayar, que la autoridad responsable manifiesta que tal actuación es debido a la carga excesiva de trabajo; argumento que se desestima dado que esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, ya que no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, con registro digital 177266, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En esa tesitura, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan, como se adelantó, fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la violación del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, al derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción de la quejosa, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación, se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Así, se otorga el amparo a la quejosa en contra del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, para el efecto de que: Deje insubsistente el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, únicamente en la parte en la que señaló las diez horas del veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia preliminar. Señale nuevo día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia preliminar ajustándose al término establecido en el artículo 873-C de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro de los diez días siguientes y notifique a las partes de manera oportuna, para que se lleve a cabo el desahogo de la citada audiencia. Remita copias certificadas de las constancias que acrediten lo anterior. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, lo establecido por la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, Página 732, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Especializado en Materia del Trabajo del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Además, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable antes citada, fórmense por separado un anexo de pruebas, colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con treinta y seis minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, mismo que a la fecha del día de hoy se advierte que no han sido rendidos todos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables en auto de quince de agosto de la presente anualidad; mismos que, no consta en el expediente que hayan recibido el oficio mediante el cual se les requirió dichos informes, ya que no obran los acuses de recibo correspondientes. Por tanto, atendiendo a la proximidad de la fecha de envío y a la lejanía de residencia de las autoridades responsables, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente por O-Yuki Edith Acosta Hernández, contra el acto que reclama del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1310/2023-II, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda. Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por O-Yuki Edith Acosta Hernández, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- Del Tribunal Laboral del Segundo Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, lo siguiente: El acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se señalaron las diez horas del veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de la audiencia preliminar, dentro del juicio 167/2023-1. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sentido, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada Por otra parte, atendiendo a las particulares de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal omisión-, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera-aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa, con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario, la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa, ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación, amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo, beneficiaria también a la parte tercera interesada, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada). Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que propone, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nació y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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