O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas
Expediente 1971/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1971/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...se ordena agregar el oficio firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Tampico, Tamaulipas, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ******************** en la que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el ********************, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro del juicio de amparo ********************, de su índice." Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y glósense dicho oficio y testimonio para los efectos legales procedentes. En consecuencia se ordena el archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido. ... Notifíquese.
- Principal
Remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad; original y copia del escrito de agravios y copia certificada del expediente para la sustanciación del recurso de queja.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales correspondientes... Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo a la fracción I, inciso a), del mismo numeral, el original de este es depurable, pues se concedió la medida cautelar solicitada; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General; se ordena agregar copia certificada del presente auto en el cuaderno incidental derivado del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.
- Principal
...téngase a Erika Ruth Villa Acosta, en su carácter de apoderada legal del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y Actuario adscrito a la misma, por estimarlos violatorios del artículo 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; regístrese en el libro de gobierno con el número 1971/2022. Ahora, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en: ".a) Lo es, LA EJECUCIÓN del auto de requerimiento de pago de fecha 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 dictado dentro del expediente laboral número 258/E02/2015, que lleva y controla la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, donde mi representado es parte demandada, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Secretario de Acuerdos de la misma junta. b) Embargo de fecha 11 de octubre del 2022, dictado dentro del expediente laboral número 258/E02/2015, que lleva y controla la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, donde mi representado es parte demandada, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Secretario de Acuerdos de la misma junta." Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En la especie quien acude al juicio de amparo, hace consistir como acto reclamado la diligencia de embargo de once de octubre de dos mil veintidós y ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete y veintidós de septiembre del citado año, dentro de los autos del expediente laboral número 258/E02/2015. En relación a dicho acto, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, la parte quejosa, no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al presente juicio constitucional. En efecto, conforme a la porción normativa invocada, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al respecto, los impetrantes de garantías, previamente a la promoción del presente juicio, debieron haber controvertido la aludida determinación a través del medio de impugnación ordinario contemplado en la legislación laboral, a saber, el recurso de revisión contra actos del presidente. Para mayor objetividad, se citan los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: "I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; "II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y "III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: "I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; "II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y "III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. "Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." Preceptos que se estiman aplicables a pesar de haber sido derogados, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 de Mayo de 2019, toda vez que en el séptimo transitorio, se estableció lo siguiente: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio". Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el juicio laboral de origen inició el trece de abril de dos mil quince, de acuerdo a antecedentes del acto reclamado, dentro en el expediente laboral 258/E02/2015. Precisado lo anterior, debe decirse que, conforme a dichos preceptos, se desprende que, en contra de los actos reclamados, consistente en la diligencia de embargo y los autos de ejecución del requerimiento de pago y embargo, que se reclaman respectivamente, al actuario y Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es procedente el recurso de revisión, esto, en atención a que fue emitido dentro de la etapa de ejecución de laudo. De exacta aplicación, resulta la Jurisprudencia 2a./J.95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2002, visible en la página 374, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Por consiguiente, considerando que los actos reclamados, que por esta vía se combaten puede ser recurrida mediante el recurso de revisión en términos del artículo citado (849) y de esa manera ser modificada, revocada o nulificada, así como que no se está ante la presencia de alguno de los casos de excepción referidos en la presente determinación, se torna incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Erika Ruth Villa Acosta, en su carácter de apoderada legal del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS solicitando el amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. La cita de tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que se hace en el presente proveído, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se oponen a la nueva legislación de amparo, y por ello mantienen su vigencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Asimismo, por señalando los correos electrónicos que mencionan en su demanda. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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