Nydia del Rivero Bautista
Expediente 708/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 54 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nydia del Rivero Bautista
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cardenas Tabasco
- Wilder Camacho Chiu
- Wilder Alejandro Camacho del Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
SE TIENE POR CUMPLIDO FALLO
- Principal
SE DA VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMINETO DE FALLO
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído en autos; remite copia certificada del acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, del que se aprecia, dio vista al incidentado Wilder Camacho Chiu, por el término de tres días hábiles, con el escrito de contestación a la planilla de liquidación, exhibida en el cuadernillo de incidente de liquidación de la sentencia, deducido del expediente 795/2009, de su índice. Lo cual se relaciona con el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Señalado lo anterior, cabe recordar que los efectos de la sentencia amparadora son los siguientes: ".para el efecto de que, el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco; deje insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de ejecución forzosa de convenio, deducido del expediente número 795/2009, relativo al juicio especial de alimentos; y hecho lo anterior, dicte otra, en la cual: 1). Declare procedente el recurso de reconsideración interpuesto por los incidentistas Nydia del Rivero Bautista y Wilder Alejandro Camacho del Rivero, en contra de auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho. 2). Emita un nuevo requerimiento al Departamento Jurídico y/o pagador de la Dirección General de Educación Tecnológica (D.G.E.T.A.), dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, para que le remita el informe solicitado por acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho; apercibido de que, de no hacerlo, le impondría el medio de apremio que correspondiera conforme a lo previsto en el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Asimismo, debe darle vista al acreedor con el escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mismo que fue recibido por la responsable el treinta de ese mes y año, signado por el acreedor alimentario Wilder Alejandro Camacho del Rivero, en el que manifestó que el ciudadano Wilder Camacho Chiu, le adeudaba por concepto de alimentos, la cantidad aproximada de $519,834.47 (quinientos diecinueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.) desde el día uno de diciembre del año dos mil quince, hasta ese día, más las que se siguiera sumando hasta su total vencimiento. 3) Finalmente, una vez hecho lo anterior, debe aperturar el incidente de liquidación conforme las siguiente reglas. De conformidad con el artículo 389 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, cuando no se tiene cantidad liquida para seguir adelante con la ejecución, (como es el caso), el juez debe realizar lo siguiente: 1. La parte cuyo a favor se pronunció, al promover presentara liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. 2. Hecho lo anterior si la parte condenada no la objetare dentro del plazo fijado, se decretara la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juzgador, tomando como base las pruebas recabadas de oficio y las ofrecidas por las partes. 3. Si la parte condenada expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente (acreedor alimentario), por tres días y de lo que replique, por otros tres días al deudor. 4. Finalmente el juzgador fallará dentro de igual plazo lo que estime justo." Tomando en consideración lo anterior, se procede a emitir el siguiente requerimiento: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remita copia lo siguiente: De la constancia de notificación del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, realizada al incidentado Wilder Camacho Chiu, en el cuadernillo de incidente de liquidación de la sentencia, deducido del expediente 795/2009, de su índice. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se apercibe a la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, que de no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, sin causa justificada se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238, y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se hará acreedor en lo individual a una multa de cien (100) veces el valor diario de una Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374 (diez mil trecientos setenta y cuatro 00/100); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 pesos (ciento tres pesos y setenta y cuatro centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del (uno de febrero de dos mil veintitrés), que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (100 UMA x $103.74 VALOR DIARIO DE LA UMA = $10,374), y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia los arábigos 237, fracción I, 258 y 267, fracción I de la ley de la materia. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2007911, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), Decima Época, con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo rubro y texto establecen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Luis Enrique Pérez Chan, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, ante Juan Carlos Vidal Suárez, Secretario que autoriza y da fe, a quien faculta para firmar el oficio correspondiente.
- Principal
VSE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE FALLO
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