Nuria Victoria Sánchez Puig
Expediente 540/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Nuria Victoria Sánchez Puig
Actuaciones
- Principal
se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Vista la demanda de amparo ." Fórmese expediente y regístrese con el número 540/2020-I, en el libro uno, relativo al Registro de Juicios de Amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El acuerdo dictado en la audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos del procedimiento de divorcio incausado 2167/2019, a través del cual, el Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, entre otras determinaciones, fijó una pensión alimenticia provisional a favor del menor Emilio Olguín Sánchez, por el 15% (quince por cierto) de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe la actora (aquí quejosa). Las consecuencias jurídicas de la determinación señalada en el inciso que antecede. En relación a los actos reclamados, se actualiza el causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado. Ello alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario o medio de defensa, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, como ya se anticipó, se reclama en esta instancia constitucional la determinación por la cual, el juez responsable decretó una pensión alimenticia provisional a favor del menor Emilio Olguín Sánchez, por el 15% (quince por cierto) sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe la peticionaria del amparo, en el juicio de divorcio incausado 2167/2019. Así las cosas, como la determinación reclamada deriva de un procedimiento de divorcio incausado, del cual conoce un juez familiar, conforme a lo dispuesto por el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procedía el recurso de revocación. Se afirma lo anterior, dado el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone que la resolución que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí pueden impugnarse las actuaciones que recaigan durante el juicio; por lo cual, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento. Por tanto, esa regla y forma especial sólo es aplicable al caso concreto. Luego, aplicando los principios citados con antelación, si en contra del proveído dictado en la audiencia de seis de octubre del año en curso, la ley ordinaria prevé un recurso o medio de defensa, a saber, el de revocación, a través del cual puede ser modificado o revocado; sin que se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, es inconcuso que, de manera previa a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, la aquí promovente se encontraba obligada a interponer el indicado medio de impugnación a efecto de agotar el principio de definitividad. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. No obsta lo anterior, el hecho de que la promovente refiera que el acto es de imposible reparación, puesto que el principio de definitividad invocado no genera una excepción, porque éste se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos reclamados; por ello, no se le exime de acreditar los requisitos de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria de la citada ley, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por autorizados de conformidad con lo establecido en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Oscar Solis Arana, Fernando García Conde, Jessica Flores Álvarez y Julio Frausto Luna, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por otra parte, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, así como imponerse de los autos a Juan Carlos Puga Tello, Alicia Aline Barrón Ramírez, Alexis Eduardo Delgado Martínez y Martha Fabiola Cáceres Talavera, en virtud de no tener registrada su cédula en el precitado sistema, y a las demás personas que refiere, por así solicitarlo, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Acceso al expediente digital y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por autorizados para que consulten vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa a "oscarjun16" y "SHF78"; y, para que se le practiquen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto al usuario "oscarjun16". Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase del conocimiento de la quejosa, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese vía electrónica a la promovente.
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