Nuria Magali Salazar Navarro

Expediente 106/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
106/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2016

Partes del expediente

  • Nuria Magali Salazar Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...., contra actos del 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz y otra autoridad. Fórmese el expediente con el número 106/2016-II, hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, este juzgador advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley4 y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Al respecto, cabe hacer la acotación que tratándose de los juicios de amparo en los que los actos reclamados sean resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa necesariamente debe aducir ser titular de un derecho subjetivo, siendo insuficiente para acudir al amparo que alegue contar con un interés legítimo o simple. En otras palabras, el agravio que éstas generen en la esfera jurídica del inconforme forzosamente debe ser personal y directo sobre el derecho subjetivo del que se alega ser titular. En esa tesitura, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo puede acudir al juicio de amparo quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal. Del análisis del escrito de demanda, se tiene que la impetrante refiere ser tercera extraña al expediente 1562/2014 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y se duele medularmente del requerimiento que se le hizo a Claudia Patricia Navarro Hidalgo, para que dentro del término de cinco días, haga entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial treinta y cuatro B, actualmente doscientos dieciocho (218), con frente a la calle Cafetales y el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de copropiedad del lote de terreno sobre el cual se encuentra construida con el número treinta y cuatro (34) manzana cuatro (4) fraccionamiento las Palmas, de Veracruz, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será lanzada con el auxilio de la fuerza pública. En ese mismo orden de ideas, se puede apreciar que la solicitante de derechos humanos adjuntó copia fotostática simple de su credencial para votar, de la que se desprende que cuenta con veinte años de edad, y que si bien aduce que tiene más de diez años de habitar el inmueble que dice defender como "posesionaria", lo cierto es que ella misma afirma que la orden y el apercibimiento están dirigidos en contra de Claudia Patricia Navarro Hidalgo, quien de no hacerlo, se hará uso del auxilio de la fuerza pública. Así, en el caso particular, del escrito de demanda no se advierte que la promovente exponga la causa generadora de la posesión que dice detenta respecto del inmueble señalado con antelación, sino que, de los datos antes apuntados, se colige que la recurrente de amparo es hija de la mencionada Navarro Hidalgo. Precisado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, en particular, por actos de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, como ya se dijo, la promovente reclama medularmente el requerimiento que se le hizo a Claudia Patricia Navarro Hidalgo, para que dentro del término de cinco días, haga entrega del inmueble ubicado en la casa habitación marcada con el número oficial treinta y cuatro B, actualmente doscientos dieciocho (218), con frente a la calle Cafetales y el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de copropiedad del lote de terreno sobre el cual se encuentra construida con el número treinta y cuatro (34) manzana cuatro (4) fraccionamiento las Palmas, de Veracruz, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será lanzada con el auxilio de la fuerza pública, así como el inmueble al parecer es propiedad de su progenitora; de tal situación se desprende que ella no cuenta con ningún derecho respecto de dicho bien. Lo que tiene por consecuencia su falta de legitimación para promover un juicio de amparo en contra de la orden desocupación del inmueble citado, con apercibimiento que de no cumplir se hará uso de la fuerza pública, ya que, en todo caso, dicha legitimación recaería en el titular del derecho, que es su mamá. Sin que pueda considerarse, que le asista un derecho legítimo, en razón de que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes, así como los derechos en disputa, como se aprecia de los antecedentes de su demanda de amparo; aunado a que el acto que reclama, como ya se estableció, no viola en su persona derecho humano otorgado para su protección constitucional o los tratados internacionales de los que México es parte, sin que por su condición de hija pueda considerarse que ante la orden de desocupación del inmueble en cuestión, pueda recibir una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya que, como se dijo, ella no cuenta con derecho alguno respecto del mismo, al ser una simple ocupante del mismo. Así las cosas, no obstante que la solicitante de derechos humanos aportó una documental con la que pretendió acreditar su posesión, lo cierto es que dicho medio de convicción, ni aún relacionado entre sí, constituye prueba apta que respalde la titularidad del derecho que aduce tener sobre el bien inmueble que defiende, ya que su posesión es la de una simple ocupante por habitar ahí, por lo que carece de legitimación para instar el juicio biinstancial. Tiene aplicación al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P. R. SCJN, Materia Civil, página 175, número de registro 913870, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. De igual forma, resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia Civil, página 403, número de registro 230328, de rubro y texto: "POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. Corrobora lo anterior, cuando en la demanda de amparo la impetrante acepta que el inmueble cuya posesión dice detentar es propiedad de su padre; además de que aduce que el citatorio que contiene el requerimiento del se duele está dirigido a Claudia Patricia Navarro Hidalgo, quien al parecer es su señora madre, lo que denota que la impetrante de derechos humanos no tiene legitimación para instar el juicio de amparo, al tener el carácter de una simple ocupante del inmueble de referencia; por tanto, carece de autoridad propia y libre disposición de ese bien. Máxime que un similar pronunciamiento se emitió al analizar la procedencia de la demanda de amparo que dio origen al juicio 939/2014-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Ana María Pérgola Tapia, determinación que fue impugnada y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de queja en su expediente 188/2014. De ahí que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de su intención, el indicado en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Teniendo en cuenta la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Gerardo Reyes Kuri, Guadalupe Mosqueda Herrera, Juan Diego Hernández Martínez y Elizabeth Vázquez Contreras. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En virtud que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° en relación con el 3° de la Ley reglamentaria, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, los cuales no causarán contribución alguna. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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