Nuri Valeria Castillo Ramírez

Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1099/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Nuri Valeria Castillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de atender la petición de realizar valoración médica para otorgamiento de pensión que solicitó a través del escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, presentado ante la Unidad Médico Familiar número 12 de la Ciudad de Puebla, Puebla, perteneciente a la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Jorge Luis Cayo Santiago, contra los actos de la Directora de la Unidad Médica Familiar Número 12, dependiente de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, para los siguientes efectos: (.) Así entonces, es de estimarse que no se ha realizado en forma completa la serie de estudios médicos que se ordenó desde el veintidós de octubre de dos mil dieciocho cuando se acordó sobre la petición del quejoso de que se realizara una valoración médica para solicitar su pensión, ni se ha integrado su expediente para tal efecto, lo cual atenta contra los derechos fundamentales del quejoso e impone conceder el amparo solicitado, para que la autoridad responsable Directora de la Unidad Médica Familiar Número 12, dependiente de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social ordene, a la brevedad, la debida integración del expediente del quejoso, al que corresponde el número de seguridad social NSS 6293-64-6039 1M1964 ORD., ordenando la realización de los estudios médicos y de laboratorio que correspondan, y envíe sin dilación el mismo a quien corresponda para su valoración, a fin de que se desahogue el trámite relativo para determinar sobre la pensión del promovente del amparo...". Por lo anterior, el diez de febrero de dos mil veinte, la Directora de la Unidad Médica Familiar Número 12, del Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional. Y por auto de dieciocho de los citados mes y año, se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Así, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de revisión el cual radicó bajo el toca 100/2020 de su índice. Posteriormente, por oficio 135-V-2021, recibido el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la oficialía de este Juzgado, el Tribunal revisor, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno dentro del toca 100/2020 de su índice, del que se advirtió que resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 1583/2019. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por promovido por JORGE LUIS CAYO SANTIAGO, respecto del acto que reclamó del Titular de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JORGE LUIS CAYO SANTIAGO, respecto del acto que reclamó de la Directora de la Unidad Médica Familiar Número 12, dependiente de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de lo señalado en el último considerando de la sentencia recurrida.". En consecuencia, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a la Directora de la Unidad Médica Familiar Número 12, dependiente de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que se habían precisado en la sentencia recurrida y con las modificaciones estipuladas en la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en los autos del toca en revisión 100/2020 de su índice, modificó la sentencia sujeta a revisión, en cuanto a la resolución relativa a su estado de invalide, en razón a que es indispensable a fin de que se determine la procedencia o no de su pensión; y por ende, sostuvo la protección constitucional otorgada en la sentencia impugnada, previendo los siguientes términos: (...) Por tanto, el peticionario no ha obtenido respuesta a su escrito de petición de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, pues como se evidenció, el expediente médico está incompleto, circunstancia que es ajena al asegurado debido a que el área correspondiente no ha ordenado los estudios correspondientes-; y en vía de consecuencia, el peticionario no cuenta con la resolución de su trámite, en el que se le dictamine su estado de invalidez; dictamen que es indispensable para el otorgamiento de su pensión. De ahí que sea infundado que de las constancias que obran en el juicio de amparo se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al derecho de petición ejercido por el quejoso, pues cuando se le atribuye al Instituto la omisión de dar respuesta a una solicitud en materia de pensiones, en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador debe pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de una pensión; en el caso, el estado de invalidez para otorgamiento de pensión, lo que en la especie no aconteció; en el entendido de que, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social." Posteriormente, el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio 229001410100/JC/9145/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de diverso estudios realizados al quejoso para la debida integración de su expediente. Luego, por diverso 229001410100/JC/10617/2021N signado por el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibido el treinta de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de un informe pormenorizado de las atenciones que recibió el quejoso Jorge Luis Cayo Santiago así como los estudios de laboratorio y rayos X, realizados. Asimismo, mediante símil 229001410100/JC/11268/2021 recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno el Delegado de la autoridad responsable remitió copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa respecto del oficio 222411200200/DIR/197/2021 de catorce de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Director de la Unidad Médica Familiar Número Doce en Puebla de dicho Instituto, por el cual le hacen de su conocimiento que ya fue evaluada su solicitud de pensión por invalidez. Por lo anterior, mediante oficio 229001410100/JC/13934/2021 recibido el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió copia certificada de la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno relativa a la determinación que se tomó respecto a la solicitud del quejoso Jorge Luis Cayo Santiago respecto al otorgamiento de pensión por invalidez. Por lo anterior, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se le notificó el cinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por los Delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de petición por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el trece de julio de dos mil veintiuno se dictó la resolución relativa a la determinación que se tomó respecto a la solicitud del quejoso Jorge Luis Cayo Santiago respecto al otorgamiento de pensión por invalidez; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, modificó la sentencia recurrida mediante la ejecutoria dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno dentro del toca 100/2020 de su estadística. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se autoriza la devolución a la quejosa Blanca Serrano Huerta del billete de depósito N 624737, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por $30,000.00 (treinta mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida en el incidente del derivado del juicio de amparo en que se actúa. Para dar lugar a lo anterior, la quejosa Blanca Serrano Huerta deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal con dos identificaciones, una para que se le permita el acceso al inmueble y otra en original y copia para la devolución del billete de depósito, por lo que en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al ser este juzgado federal quien requiere la presencia física del peticionario de amparo, se procedió a generar la cita respectiva, misma que se obtuvo para las DOCE HORAS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, generándose el Código QR folio: 89560/2021, que permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el presente juicio, ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano. En tal sentido, hágase del conocimiento de Blanca Serrano Huerta que el día y hora señalados deberá comparecer, con dos identificaciones oficiales, una para que se le permita el acceso al inmueble y otra en original y copia para la entrega del billete de depósito citado en párrafos precedentes, debiendo exhibir el Código QR respectivo que le permitirá el acceso, mismo que le será entregado de forma impresa en el acto en que se le notifique el presente acuerdo en el domicilio que para tal efecto señaló. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita programada (misma que durará un máximo de 25 minutos) y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre boca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Del mismo modo, se hace saber a la quejosa que de encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente al Covid-19, así lo deberá manifestar, ya sea al momento de la notificación del presente auto, o bien, mediante escrito, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto haya establecido la administración de este edificio sede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por el cual informa que el doce de agosto de dos mil veintiuno la parte actora Nuri Valeria Castillo Ramírez se desistió del juicio laboral de origen 1692/2019, por lo que se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Bajo ese contexto, se advierte importante precisar que dentro del presente juicio constitucional, la quejosa Nuri Valeria Castillo Ramírez, ocurre ante esta instancia constitucional a inconformarse contra de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, así como del Actuario de su adscripción, por los actos siguientes: Actos reclamados: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 1692/2019 de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que el objeto o materia del presente juicio de garantías ha dejado de existir. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. .". Del artículo transcrito se advierte que la actualización de la causa de improcedencia invocada requiere que ante la subsistencia del acto reclamado por no haberlo revocado expresamente la autoridad responsable, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que en su caso se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada, o bien, que los efectos jurídicos de dicha restitución serían intrascendentes. Ciertamente, como quedó establecido la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral de origen 1692/2019 de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Luego, la materia u objeto del presente juicio de garantías consiste en la dilación reclamada, sin embargo, del análisis efectuado a las constancias certificadas que la autoridad responsable adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que el doce de agosto de dos mil veintiuno la parte actora Nuri Valeria Castillo Ramírez se desistió del juicio laboral de origen 1692/2019, por lo que se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Por consiguiente, resulta evidente que el acto reclamado a la junta responsable, reviste el carácter de acto que formalmente subsiste, pero cuyo objeto o materia dejó de existir. Se afirma lo anterior, porque aun cuando subsiste la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, sus efectos legales ya no pueden lesionar la esfera jurídica de la demandante constitucional a consecuencia del desistimiento precisado por la parte ahí actora y aquí quejosa. Bajo esa perspectiva, debe considerarse que el objeto o materia del presente juicio de garantías ha dejado de existir, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y del Actuario adscritos a dicha junta, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la misma ley. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta y seis minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional, por lo tanto háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Ahora bien, en relación a lo manifestado por la Junta responsable en el sentido que la aquí quejosa Nuri Valeria Castillo Ramírez en diligencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, celebrada en los autos del juicio laboral 1692/2019, manifestó desistirse del presente juicio de amparo, el suscrito determina que dado el sobreseimiento decretado en párrafos que anteceden, a nada práctico conduciría requerir a la citada peticionaria del amparo para efecto de ratificar dicho desistimiento en términos de la fracción I del artículo 63 de la ley de la materia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio, del cual se desprende que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte (admisión), se tuvo como tercero interesada a BRENDA MARIEL MALDONADO ROJAS y se ordenó emplazarla al presente juicio de garantías, sin que a la fecha se haya logrado, a pesar de que este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias para ello. En efecto, por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, se advirtió la imposibilidad para emplazar a la tercero interesada de referencia, no obstante haberse agotado todos los medios necesarios para obtener su domicilio, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordenó emplazarla mediante edictos a costa del quejoso MICHEL JAIR SILVA BRITO, a quien se requirió para que dentro del término de veinte días siguientes al en que surtiera sus efectos la notificación del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, se presentara ante este órgano federal, a recoger los mencionados edictos para su publicación, así como acreditar dicha entrega, esto es, que se efectuaran las gestiones tendentes para su publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo o, no manifestar y demostrar fehacientemente la incapacidad que tuviera para tal efecto, se decretaría el sobreseimiento en este juicio, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que hasta el día de hoy el impetrante haya comparecido ante este juzgado a recoger los referidos edictos, ni hacer manifestación alguna de la imposibilidad que tuviera para en su caso, cubrir el pago de éstos, menos aún justificar que no cuenta con la capacidad económica para sufragarlos. Por tanto, ante la imposibilidad de emplazar dentro del presente juicio a la tercero interesada BRENDA MARIEL MALDONADO ROJAS y en atención a que el peticionario de garantías MICHEL JAIR SILVA BRITO, no dio cumplimiento al requerimiento de nueve de junio de dos mil veintiuno, es inconcuso que el impetrante no satisface el requisito establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, motivo por el cual no es posible integrar debidamente el presente sumario. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado contra el quejoso por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, por lo que en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras. Por ende, se dejan sin efecto las nueve horas con cinco minutos del veintiuno de julio del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el SISE Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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