Nuri Guadalupe Martínez
Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Nuri Guadalupe Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual ********************solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1050/2023, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata, en la inteligencia de que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en:[...] Por otra parte, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa e los órganos jurisdiccionales. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó agregar el oficio firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de los juicios de amparo a su cuenta de FIREL "********************", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de esta juzgadora y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita vía electrónica, por medio de su usuario "********************".****************************************En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se impondrá a cada una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. En otro tenor, como lo sostiene la parte quejosa y en atención a la naturaleza del acto que por esta vía reclama, el suscrito juzgador advierte que, hasta este momento, no se actualiza la figura del tercero interesado, en términos del artículo 5º, de la Ley de Amparo; sin que sea obstáculo lo anterior, para reconocer con posterioridad la existencia de dicha parte, si del informe y constancias que en su caso remita la responsable, se desprende esa actualización. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como medios de convicción en copia simple los siguientes: Oficio No.******************** de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.****************************************Instrumental de actuaciones. Mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.**************************************** Asimismo, para oír y recibir notificaciones a ********************y ******************** por así haberlo solicitado expresamente.****************************************De igual forma, de acuerdo con los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se accede a la solicitud realizada, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente, con nombre de usuario "********************" y/o "********************"; por tanto, ordénese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. También, de conformidad con los artículos 257 fracción I y 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales se tiene por señalado el correo electrónico ********************así como el número telefónico ********************para efecto de realizarle las comunicaciones no procesales del presente expediente.**************************************** Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones con motivo de este asunto se ordenen.****************************************De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.****************************************Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos.********************Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que:********************a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley;********************b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;********************c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos;********************d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía;********************e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo.********************f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y,********************g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.********************Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.****************************************Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.****************************************Háganse las anotaciones y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y líbrense los oficios respectivos.
- Incidental
Como está ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado y únicamente en original el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1050/2023 promovido por ***** contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del sies de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo de las autoridades responsables se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I y II, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cabe precisar que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en diversos juicios de amparo de esta estadística, se advierte que en materia de amparos administrativos derivados de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se ha delegado la representación Presidencial al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México (lo que también se advierte del Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), por tanto en obvio de mayores dilaciones y a fin de no retardar la impartición de justicia, requiérase a la autoridad responsable por conducto de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Lo anterior, mediante oficio vía interconexión, en observancia a la Declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea del previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de subsecuentes diferimientos de la audiencia constitucional, resulta innecesario notificarles a través de oficio el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigente. De la demanda de amparo se tiene que los actos reclamados son: "IV.- ACTO RECLAMADO: [...] Precisión de los actos reclamados para resolver sobre la suspensión provisional. Del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata y sus anexos se desprende que la quejosa se duele de lo siguiente: La inconstitucionalidad del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio SP/****/2023, de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, y en vía de consecuencia, la omisión de pagarle su pensión de viudez. Contra el cual, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado. Ahora, toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia del acto reclamado, deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo; de ahí que, bajo ese argumento, es suficiente para tener demostrada la existencia de los actos reclamados en esta vía. Pronunciamiento de la suspensión provisional respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en los puntos 1), 2), 3) y 4). De lo expuesto, así como de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que se le paguen su pensión de viudez que le concedió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, es menester recordar que la medida cautelar suspensional, tiene como objeto la paralización de los actos reclamados, es decir, si se están ejecutando que se suspenda la ejecución o si es inminente su realización está no se produzca, a fin de que no se le cause un perjuicio de imposible reparación. En el particular, la quejosa solicita la suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de aplicar en su perjuicio lo contenido en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y le paguen su pensión por viudez; acto que al tener efector material es susceptible de suspenderse, debido a que se prolonga en el tiempo y de continuar se provocaría una posible afectación a la parte quejosa. Así, la naturaleza de dichas consecuencias hace posible la concesión de la medida cautelar para impedir los efectos de la norma en la esfera jurídica de la quejosa y para llegar a esto es necesario que se satisfagan los restantes requisitos que se contemplan en el artículo 128, fracciones I y II, y 131, último párrafo, de la ley de la materia. Ahora bien, al tenor del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma general como autoaplicativa, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa y para el caso de que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, además de los efectos establecidos, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de su aplicación. Sin embargo, el artículo de referencia no se puede interpretar de manera aislada, pues debe ser analizado a la luz del sistema normativo al que pertenece, es decir, a la sección tercera denominada "Suspensión del Acto Reclamado", Primera Parte, Reglas Generales, todos del título Segundo "De los Procedimientos de Amparo", capítulo I denominado "El Amparo Indirecto". En este sentido, el mencionado artículo 148 debe examinarse en concordancia con las reglas generales de la suspensión del acto reclamado, particularmente las de procedencia, conforme a las cuales su obtención se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el numeral 128 de La Ley de Amparo, al contener los presupuestos legales que obligadamente deben satisfacerse para el otorgamiento de la misma. Sobre esa base, el otorgamiento de la suspensión de las consecuencias de los actos materia de reclamo será procedente siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en los artículos 128, fracciones I y II, y 131, último párrafo, de la Ley de Amparo. Así, se tiene por cumplido el primer requisito previsto en el artículo 128 de la ley de la materia, pues la suspensión del acto reclamado fue solicitada desde el escrito inicial de demanda. Por lo que hace al requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también está acreditado conforme a las siguientes consideraciones. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 12 fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el diario oficial de la federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, de lo que conviene destacar, que en esencia se refieren que en el caso de compatibilidad de pensiones la suma de éstas no podrá exceder al monto equivalente a diez veces el salario mínimo. Sin que, se pueda considerar que con el otorgamiento de la medida cautelar se contravengan disposiciones de orden público y se afecte el interés social, dado que con tal media no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño en su esfera jurídica. En este punto, cabe precisar que a fin de proveer respecto de la suspensión del acto reclamado solicitada, también debe ponderarse en forma simultánea la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el perjuicio al interés social o al orden público, esto es, deben en forma simultánea sopesarse las consecuencias que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera jurídica de la parte quejosa, para el caso de que el acto impugnado resultara inconstitucional, a la par de la afectación al interés social y orden público que la suspensión generaría. En ese contexto, se tiene que conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que deben considerarse al resolver sobre la medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable a la parte quejosa, de estar acreditados los presupuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la o el resolutor conceda la medida para que se permita el libre ejercicio del derecho, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo; sin perjuicio de que, de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto. Ahora bien, en la especie, se actualiza la apariencia del buen derecho, en razón de que el oficio reclamado por el cual se negó la pensión por viudez solicitada, se apoyó en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Disposición legal que a través de jurisprudencia ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, en el citado oficio se estipuló en lo conducente lo siguiente: [...] En ese tenor, se evidencia que asiste razón a la parte quejosa, al sostener que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es inconstitucional por transgredir los derechos de seguridad y previsión social consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso A), de la Constitución Federal, ya que la pensión por viudez y por jubilación, constituyen derechos sociales que no se pueden restringir, pues como se advierte, son compatibles en términos del mencionado dispositivo legal. En suma, al fundarse el oficio que constituye el acto reclamado, en una disposición legal sobre la cual el Alto Tribunal del país ha sostenido que viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, es posible anticipar que en la sentencia de amparo puede declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado, de un asomo provisional y adelantado, por lo cual es posible conceder la suspensión de los efectos del oficio reclamado. Máxime que al ponderar la apariencia del buen derecho simultáneamente con el interés social y el orden común, se obtiene que estos últimos no se perjudican, dado que, como se estableció en párrafos precedentes con el otorgamiento de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, puesto que con tal media no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, al cumplirse los requisitos previstos en los artículos 128 y 131, último párrafo de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que en lo subsecuente no se le aplique en su perjuicio lo contenido en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y le otorgue el pago de su pensión por viudez; hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Se determina de esa forma ya que de conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se pronuncia la suspensión definitiva en la presente incidencia. Lo que es acorde con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. De ahí que el legislador, por medio de la institución de la suspensión buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como medios de convicción los siguientes: Oficio No.SP/****/2023 de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Comisionado para el Ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Instrumental de actuaciones. Mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, para oír y recibir notificaciones a ******, por así haberlo solicitado expresamente. De igual forma, de acuerdo con los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se accede a la solicitud realizada, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente, con nombre de usuario "****" y/o "*****"; por tanto, ordénese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. También, de conformidad con los artículos 257 fracción I y 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales se tiene por señalado el correo electrónico ****@hotmail.com, así como el número telefónico 9831341572 para efecto de realizarle las comunicaciones no procesales del presente expediente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y líbrense los oficios correspondientes.
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