Nulberto Zuñiga Morales y Otros.

Expediente 2070/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2070/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2016

Partes del expediente

  • Nulberto Zuñiga Morales y Otros.
  • Nulberto Zuñiga Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince (fojas 16 a 19), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Nulberto Zúñiga Morales, se le hizo el cuatro de enero del año en curso (foja 21), misma que surtió efectos el cinco de este propio mes y año; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del seis al doce de los corrientes, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se reclamó el reporte integral de evaluación y control de confianza de quince de julio de dos mil catorce y la inminente resolución que se dictará en el expediente número 196(VISITADURÍA)2015, del índice de la mesa número cuatro de la Visitaduría adscrita a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativa al procedimiento por incumplimiento del requisito de permanencia para los efectos de separación en el encargo y la orden de ejecutar dichos actos procesales, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de una resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a algún conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de cuenta, promovida por Nulberto Zúñiga Morales, contra actos de la directora general del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza dependiente del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2070/2015. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Ahora bien, en el caso a estudio se actualiza la que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (...) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la interpretación conjunta de los citados preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es procedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución o de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis del ocurso de demanda, se advierte que los actos reclamados derivan un procedimiento y consisten en el reporte integral de evaluación y control de confianza de quince de julio de dos mil catorce y la inminente resolución que se dictará en el expediente número 196(VISITADURÍA)2015, del índice de la mesa número cuatro de la Visitaduría adscrita a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativa al procedimiento por incumplimiento de requisito de permanencia para los efectos de separación en el encargo y la orden de ejecutar dichos actos procesales. Ahora, si tratándose de procedimientos administrativos en términos del numeral 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente procede contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución o de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debe concluirse que la instancia propuesta por los promoventes del amparo es improcedente, caso en el cual tampoco se encuentra el desechamiento de las pruebas testimonial y de inspección ocular, pues esos actos únicamente son violaciones procesales, que no afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso y que pueden ser reclamadas si por virtud de las mismas se hubiere dejado sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado del fallo. Es así, toda vez que se advierte que la parte quejosa combate el reporte integral de evaluación y control de confianza de quince de julio de dos mil catorce y la inminente resolución en el expediente número 196(VISITADURÍA)2015, del índice de la mesa número cuatro de la Visitaduría adscrita a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativa al procedimiento por incumplimiento de requisito de permanencia para los efectos de separación en el encargo y la orden de ejecutar dichos actos procesales. Tales actos se dan en el marco de un procedimiento administrativo que según se colige aún no ha concluido con la resolución definitiva, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no se ha dictado la resolución definitiva en dicho procedimiento, por lo que es obvio que los actos reclamados no pueden ser impugnados en la vía constitucional hasta que ello acontezca; de ahí que, por el momento, esta instancia resulta improcedente. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda y por autorizados para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/7031/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y firma ante el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. MESA AMPARO III-B SE NOTIFICO EN TERMNOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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