Núcleo Comunal del Barrio Lieza, Tehuantepec, Oaxaca

Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
250/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Núcleo Comunal del Barrio Lieza, Tehuantepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de tres de abril del año en curso (fojas 294 a 298), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta que dentro del plazo legal de tres días otorgado por acuerdo de veintidós de marzo del año en curso (fojas 281 y 282), a los quejosos ELISEO OLIVERA FUENTES, HÉCTOR JIMÉNEZ BLANCO y CALLETANO BAUTISTA MÉNDEZ, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Comunal del Barrio de Lieza, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación de Asuntos Pendientes por Resolver, con residencia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca (fojas 267 a 274), no hicieron manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 186 a 198), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, dejara sin efectos el acuerdo reclamado de nueve de junio de dos mil dieciocho, emitido en la carpeta de investigación 3535/TH/2017, de su índice, a través del cual impuso la medida de protección siguiente: "La prohibición expresa a los Ciudadanos ELISEO OLIVERA FUENTES, HÉCTOR JIMÉNEZ BLANCO y CAYETANO BAUTISTA MÉNDEZ, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales del Barrio Lieza, de esta ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ROSARIO MONTES MÉNDEZ, a sus familiares directos o personas relacionadas con las mismas". Precisándole que debería abstenerse de emitir nuevamente dicho acuerdo a fin de imponer la medida de protección citada, porque se advertía que la temporalidad a que alude el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales (plazo máximo de sesenta días, prorrogables hasta por treinta días), ya había fenecido, pues a partir del nueve de junio de dos mil dieciocho en que se emitió tal medida, al día en que se dictó la sentencia de amparo (27 de septiembre de 2018), transcurrieron ciento once días naturales. Aspecto que, por sí impide que pudiera emitirse una nueva determinación de dicha medida de protección, en tanto que no podría volverse a sujetar a los quejosos a ellas, cuando ya transcurrió el término en que podían estar vigentes. Concesión que, para lograr una restitución total, se hizo extensiva a los actos de ejecución que hubiese dictada la responsable a efecto de respetar su determinación. Sentencia que el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 221 y 222), causó ejecutoria, requiriéndose su cumplimiento al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por conducto del Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, residente en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Por tal razón, por oficio sin número (foja 267), el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Pendientes por Resolver, residente en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando copia certificada del acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado por el agente del Ministerio Público adscrito a dicha dependencia, dependiente de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en la carpeta de investigación 3535/TH/2018, en el que dejó sin efectos el acuerdo reclamado de nueve de junio de dos mil dieciocho, en el que se decretó a cargo de los quejosos ELISEO OLIVERA FUENTES, HÉCTOR JIMÉNEZ BLANCO y CALLETANO BAUTISTA MÉNDEZ, la medida de protección establecida en la fracción V, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de la víctima Rosario Montes Méndez, consistente en la prohibición expresa a dichos procesados de realizar conductas de intimidación o molestia a la citada víctima, a sus familiares directos o personas relacionadas con la misma (fojas 268 y 269). Así como del oficio sin número de uno de marzo del año en curso, que dirigió al Comandante del Grupo Tehuantepec, de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por el que le solicitó ordenara a elementos a su mando, entregara a los quejosos ELISEO OLIVERA FUENTES, HÉCTOR JIMÉNEZ BLANCO y CALLETANO BAUTISTA MÉNDEZ, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales del Barrio Lieza, de esa ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en sus domicilios los oficios que le adjuntó, por el que les hizo de su conocimiento que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este juicio, dejó sin efectos el acuerdo que dictó el nueve de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tehuantepec, Oaxaca, en la carpeta de investigación 3535/TH/2018, en el cual decretó a cargo de ellos la aludida medida de protección establecida en la fracción V, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 270 a 273). De dichas documentales, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Pendientes por Resolver, residente en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación 3535/TH/2018, dejó sin efectos el acuerdo reclamado de nueve de junio de dos mil dieciocho, en el que se decretó a cargo de los quejosos ELISEO OLIVERA FUENTES, HÉCTOR JIMÉNEZ BLANCO y CALLETANO BAUTISTA MÉNDEZ, la medida de protección establecida en la fracción V, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de la víctima Rosario Montes Méndez, consistente en la prohibición expresa a dichos procesados de realizar conductas de intimidación o molestia a la citada víctima, a sus familiares directos o personas relacionadas con la misma (fojas 268 y 269). Determinación que hizo del conocimiento de los quejosos por oficios sin número de uno de marzo de dos mil diecinueve (fojas 271 a 273). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación de Asuntos Pendientes por Resolver, residente en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente, anexando copia certificada del acuerdo de catorce de enero del año en curso, dictado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de asuntos Pendientes para Resolver, dependiente de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en la carpeta de investigación 3535/TH/2018, en el que dejó sin efectos el acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciocho, en el cual se decretó a cargo de Eliseo Olivera Fuentes, Héctor Jiménez Blanco y Calletano Bautista Méndez, la medida de protección establecida en la fracción V, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de la víctima Rosario Montes Méndez, consistente en la prohibición expresa a dichos procesados, de realizar conductas de intimidación o molestia a la citada víctima, a sus familiares directos o personas relacionadas con la misma; así como el oficio sin número de uno de marzo del actual. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda, el diverso oficio de cuenta, firmado por el agente del Ministerio Público, Coordinador de la Unidad de Asuntos Pendientes por Resolver, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el que informa substancialmente, que el catorce de enero del actual, se dejó sin efectos el acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación 3535/TH/2018, que se instruye en contra del aquí quejoso Eliseo Olivera Fuentes y otros, como probables responsables del delito de daños dolosos, cometido en agravio de Yovana Trinidad Montes; toda vez que en el primer párrafo de este proveído, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento de la ejecutoria de ampro por parte del fiscal responsable. Notifíquese; personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta firmado por el Director de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que informa que instruyó al Vicefiscal Regional del Istmo de esa Institución, en su carácter de superior inmediato del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por conducto del Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, a fin de que cumpla de inmediato con la ejecutoria de amparo; corroborando su afirmación con la copia certificada del oficio FGE/DAJ/D.A./532/2019 (foja 250). Ahora, advirtiéndose que el citado oficio fue recibido en la Vicefiscalía Regional del Istmo el cinco de marzo del actual (foja 250), sin que a la fecha la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por conducto del Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, con residencia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, haya cumplido con la concesión del amparo. Por lo que, tomando en consideración que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, por conducto del Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, con residencia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, quedó legalmente notificado de la sentencia dictada en este juicio el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 186 a 198), el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, según se advierte de la copia certificada del formato F78 del acuse de recibo del oficio 2484, por el que se le notificó dicha sentencia al Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver (foja 220). También, el nueve de enero de dos mil diecinueve, el Coordinador de Asuntos pendientes por Resolver, residente en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, se le notificó el acuerdo dictado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 221 y 222), en el cual se declaró ejecutoriada la aludida sentencia y, se le requirió su cumplimiento dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, según se advierte del original del acuse de recibo del oficio 2721, por el que se le transcribió dicho acuerdo (foja 240). Precisándose que los referidos oficios 2484 y 2721, por los que se le notificó al Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, con residencia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, la sentencia y el acuerdo de ejecutoria correspondientes, fueron recibidos por la persona que responde al nombre de Adelaida Morales León (fojas 220 y 240, respectivamente). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión, vía telegráfica y correo electrónico (asuntospendientes.istmo@hotmail.com) a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por conducto del Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su legal notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, remitiendo dentro del plazo que se le otorga, copia certificada de las constancias que acrediten ese cumplimiento. De igual forma, requiérase al superior inmediato de la autoridad responsable, que lo es el Vicefiscal Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para que le ordene cumplir nuevamente con la ejecutoria de amparo de manera inmediata. Apercibiéndolos, que en caso de que el Coordinador de Asuntos Pendientes por Resolver, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, no dé cumplimiento de manera cabal a lo aquí ordenado; y, al superior jerárquico para el caso de que no demuestre que dio tal orden, se les impondrá a cada uno, una multa por la cantidad de $10,268.00 (diez mil doscientos sesenta y ocho pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil diecinueve, a razón de multiplicar 102.68 por 30; y, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 192 de la ley de la materia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. III-A

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