Nubia Janeth Partida Huerta

Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1039/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Nubia Janeth Partida Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos, con vista a las partes, los oficios que en vía de informes previos rinden dos de las autoridades responsables, asimismo se les tiene señalando domicilios para oír y recibir notificaciones, así como autorizados delegados a los que refiere en los informes, todo lo cual será tomado en consideración en la audiencia incidental, lo anterior en términos de los artículos 9, 28, fracción I y 140 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza las pruebas documentales que anexaron las autoridades responsables a los informes de cuenta, en términos de los artículos 143 y 144, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia incidental.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno relativo bajo el número 1039/2019-VIII-C. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. Para estar en posibilidad de acordar lo conducente con relación a la procedencia de juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente con base en lo siguiente: En el capítulo correspondiente a los actos reclamados del escrito de demanda, la parte quejosa manifiesta en principio que lo es la reserva decretada por el juzgado respecto de la admisión de pruebas en el juicio sumario de pago de pensión alimenticia; sin embargo, con posterioridad, reclama la negativa del órgano jurisdiccional de dar trámite a su solicitud como juicio. Además, que reclama el que la obligue a sujetarse al procedimiento de conciliación ante el Centro de Justicia Alternativo, no obstante que agotó procedimiento conciliatorio ante el Centro de Justicia por Acuerdos en Materia Penal. De lo cual, se advierte incongruencia en el señalamiento de los actos reclamados, pues genera incertidumbre en la naturaleza del acto que reclama, esto es, si se trata de un acto positivo (hacer), negativo (denegación) u omisivo (ausencia de un hacer al cual se encuentra obligada la autoridad responsable); situación que es fundamental a fin de establecer correctamente la Litis constitucional y la procedencia del juicio. Por otra parte, en atención a los antecedentes que narra del acto reclamado, se tiene advierte que el juicio del que deriva el acto reclamado lo constituye el juicio sumario de alimentos promovido en favor de sus hijos; sin embargo, signa la demanda por propio derecho y es omiso en especificar que lo promueve a favor de diverso o diversos quejosos, como lo pudieran ser sus hijos. Bajo tales cuestionamientos, que no pueden quedar a interpretación del juzgador, sino que constituyen presupuestos para entablar la litis en el juicio, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Exprese si este juicio lo promueve sólo por derecho propio o en representación de sus hijos; en caso de ser el segundo de los supuestos por el que intenta este juicio, deberá acreditar la personalidad con que cuenta para promover a nombre de diversas personas con documento idóneo. Lo anterior con apoyo en la tesis 2a./J.1/96, visible en la página 47, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que al rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Hágase del conocimiento del promovente que el documento que exhiba para acreditar la personalidad referida deberá haber sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda y que su reproducción sea legible. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P/J.91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, tomo XII, septiembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." b) Ante la inexactitud del señalamiento de los actos reclamados, deberá manifestar en forma clara y precisa, evitando calificativos sobre la legalidad o inconstitucionalidad que dificulten la precisión, cuál es la conducta positiva, negativa u omisiva que reclama del Jueza Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, así como los datos de identificación de la actuación judicial que lo contiene. En la inteligencia que, para ello, deberá distinguir entre la correcta descripción del acto reclamado y los argumentos por los cuales considera que viola sus derechos y garantías. Sirve de apoyo, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, marzo de 1996, página 871, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." c) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado en esta instancia, pues los expresados en el escrito inicial de demanda son insuficientes para determinar con precisión la naturaleza del reclamo constitucional que insta. De esta manera, deberá narrar de manera clara, sucinta y cronológica lo siguiente: I. La naturaleza del juicio que instó ante la autoridad responsable, Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; proporcione los datos de identificación del mismo e informe el estado procesal en que se encuentra; II. Cuál o cuáles son las pretensiones que se dedujeron en ese juicio; III. En qué determinación se contiene el acto reclamado; IV. La fecha en que se le notificó el acto que combate en este juicio, en que tuvo conocimiento de él o se ostenta sabedora; V. Manifieste si ha promovido diverso medios de defensa en contra del acto reclamado, sea cualquier instancia o vía. Lo anterior, pues no obstante que se pudieran inferir diversas circunstancias de la lectura integral de la demanda de amparo, lo cierto es que el cumplimiento del requisito legal que se aborda, es con la finalidad de que este juzgador tenga certeza de los hechos en que se funda la demanda de amparo. Manifestaciones que deberá realizar de forma personalísima y bajo protesta de decir verdad, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Haciéndole saber a la parte peticionaria el contenido de lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que se conduzca con falsedad, el cual dispone: "ARTÍCULO 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por analogía, la tesis visible en la página número cuatrocientos veintisiete, en el tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO)." d) De conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba copias suficientes del escrito de desahogo para correr traslado a las partes. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página ciento sesenta y ocho, tomo cinco, segunda parte-1, en el Semanario Judicial de la Federación en la octava época, mismo que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El artículo 120 de la Ley de Amparo establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, e integrar el incidente de suspensión, y si bien esta disposición no se refiere expresamente a "escritos aclaratorios", y sólo habla de demandas, sin embargo, es de estimar que tales supuestos no son distintos, y el primero forma parte de la propia demanda, porque en él se aclara cuando algún punto de que se trata es confuso o incompleto, o se amplía en los mismos; por ello es que la disposición en comento es aplicable en la especie, porque esos conceptos, demanda y aclaración, no pueden desvincularse." Apercibido de que de ser omiso en desahogar los requerimientos formulados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refirió la parte promovente en el proemio del ocurso que se acuerda y tomando en consideración la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las profesionistas ******************** y ********************, en virtud de que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte del párrafo segundo, del precepto legal invocado a las demás personas que refiere, por haberlo solicitado expresamente o no encontrar el registro de su cédula profesional en el aludido sistema. En ese sentido, se autoriza a los secretarios adscritos a este juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. De conformidad al último párrafo, del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el efecto de que se realicen las diligencias correspondientes. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.

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