Nory Martínez Cruz

Expediente 793/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
793/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2017

Partes del expediente

  • Nory Martínez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de garantías promovida por Nory Martínez Cruz, el cual se le notificó el siete de agosto de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA I A "... Vista la demanda de amparo promovida por NORY MARTÍNEZ CRUZ, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 793/2017. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, la parte quejosa reclama: La resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 88-(II)/2017, donde la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el auto de formal prisión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, con la salvedad de que el delito que se encuentra comprobado es el de equiparado a la violación y no el de violación equiparada agravada, como lo sostuvo el A quo. Cabe precisar que la hoy quejosa tiene el carácter de víctima en el proceso penal de donde dimana el acto reclamado, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. En base a lo anterior, se aprecia que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, esta última, aplicada en sentido contrario, que disponen...Cabe mencionar, que conforme a la Ley de Amparo, las violaciones adjetivas o formales cometidas en un procedimiento, sólo son reclamables en el amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Ello es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva... En ese contexto, es inconcuso que el acto combatido, esto es, la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 88-(II)/2017, donde la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el auto de formal prisión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, con la salvedad de que el delito que se encuentra comprobado es el de equiparado a la violación y no el de violación equiparada agravada, como lo sostuvo el A quo, no reúne las características de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, ya que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia correspondiente, si ésta es favorable a los intereses de la promovente del amparo, ya que en este supuesto ninguna huella dejará la violación procesal aducida, si el imputado obtiene sentencia condenatoria; caso contrario, de dictarse sentencia absolutoria, aún puede reclamar las violaciones que alude, en el juicio de amparo directo como violación procesal. En efecto, la afectación a los derechos subjetivos de la justiciable, dirigidos a la obtención de la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión del hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, se hará patente sólo al dictarse la sentencia definitiva, incluso, en ese momento cobrarán relevancia actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del daño en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, pero no en este momento, en el cual se desconoce el sentido de la sentencia a dictarse en el proceso que se sigue al hoy imputado. Bajo ese esquema, se reitera, la resolución reclamada no constituye una cuestión de irreparabilidad, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor la justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ni aun la reparación del daño producida por la comisión del hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación; pues, se insiste, existe la posibilidad de que los efectos de aquellas violaciones procesales desaparezcan, con la sentencia condenatoria que se dicte contra el imputado; lo que sería favorable a sus intereses, empero, no siéndolo, tal afectación tendría que ser reparada mediante el amparo directo que se promoviera contra la determinación desfavorable. En ese contexto, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos analizados en párrafos que anteceden y, por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. No es obstáculo a lo expuesto, que el auto de formal prisión pueda ser impugnado de manera inmediata cuando el quejoso sea el procesado, habida razón que es entendible que en tal circunstancia pueda acudirse directamente ante la instancia constitucional, dado que en tal caso dicho acto de autoridad produce una afectación directa en la libertad personal del peticionario de amparo; lo que lo legitima a acudir desde luego ante el órgano jurisdiccional de amparo; sin embargo, no sucede lo mismo con la parte ofendida, quien con el dictado de la formal prisión, en modo alguno ve afectado su derecho a recibir la reparación del daño en una eventual sentencia condenatoria. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así haberlo solicitado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..." NOT. PREVIO CIT.

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