Norme Elena Cahum Canche
Expediente 1116/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Norme Elena Cahum Canche
- Luisn Antonio Muñoz Ke
- Lauce Hermelindo Martin Palma
- Elsa Mariana Caamal Rejon
- Maria Esperanza Canul Chan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II. Por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, su oficio 16729, de trece de noviembre en curso, con el que remite constante de treinta y ocho fojas útiles, el testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal en esa propia fecha, en cuyo único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Elsa Mariana Caamal Rejón, representante común de la parte quejosa, contra el acuerdo dictado por este Resolutor Federal, el ocho de septiembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo a la Superioridad. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio de amparo y que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por Elsa Mariana Caamal Rejón, representante común de la parte quejosa Norma Elena Cahún Canché, María esperanza Canul Chan, Lauce Hermelindo Martín Palma. Luis Antonio Muños Ku, Rey David Góngora Mijangos, Ligia del Socorro Tilán Ku y María Georgina Rosado Ávila, contra el auto de ocho septiembre de dos mil diecisiete; formándose por tal motivo el toca 123/2017.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por *******************+, representante común de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo dictado el ocho de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase a la Superioridad, el informe justificado correspondiente manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en el referido acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, por haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado, a través del cual se pretende someter a la parte quejosa al proceso de evaluación docente, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que con dicho acto únicamente se inicia el referido proceso. A fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad copia certificada de las constancias que este Juzgador considera pertinentes para el análisis del presente recurso de queja.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por Elsa Mariana Caamal Rejón, Norma Elena Cahún Canché, María Esperanza Canul Chan, Lauce Hermelindo Martin Palma, Luis Antonio Muñoz Ku, Rey David Góngora Mijangos, Ligia del Socorro Tilán Kú y María Georgina Rosado Ávila, contra los actos que reclama de Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto señalado como reclamado, a través del cual se pretende someter a la parte quejosa al proceso de evaluación docente, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que con dicho acto únicamente se inicia el referido proceso. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acto señalado como reclamado fue emitido con el fin de iniciar el proceso de evaluación docente a la parte quejosa y, como tal, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa impugna el acto a través del cual se le pretende someter al proceso de evaluación docente, debe concluirse que el solo inicio de ese procedimiento constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en virtud de únicamente constituye una parte del procedimiento de evaluación del desempeño previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Efectivamente, en el artículo 4, fracción IX, de esa ley, se prevé que la evaluación del desempeño es la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de Asesoría Técnica Pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica. Por su parte, en el artículo 52 se establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados son los encargados de evaluar el desempeño docente, a través de la evaluación que es obligatoria y que se habrá de llevar a cabo al menos cada cuatro años, en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores, conforme a la ley. El artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que en caso que en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate deberá ser incorporado a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determine, según sea el caso. El personal sujeto a los programas en mención tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la primera, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo, y de ser insuficientes los resultados, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que, de igual manera, se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Por tanto, el acto señalado como reclamado, a través del cual se pretende someter a la parte quejosa al proceso de evaluación docente, constituye la primera etapa del proceso de valoración a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, razón por la cual, es claro que no constituye la resolución definitiva de dicho procedimiento ni tampoco constituye un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal que con el que se busca someter a la parte quejosa a la evaluación del desempeño docente y, que conjuntamente con el desarrollo de las demás etapas restantes del proceso de evaluación, serán la base para emitir la resolución que corresponda, la cual en caso de que lo estime conveniente, el interesado puede impugnarla mediante el recurso de revisión previsto en la propia ley. Bajo ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Justifica dicha concusión el hecho de que sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza del acto reclamado no variará, razón por la cual, la convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta, y como sus autorizados para tal fin, a Manuel García Flores, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y las personas restantes, con las limitaciones que establece la parte final del artículo invocado, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada parte quejosa, por el conducto que indica, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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