Normayda Mariana Reyes Rebolledo

Expediente 543/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
543/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Normayda Mariana Reyes Rebolledo
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Normayda Mariana Reyes Rebolledo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que para recogerlos deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Normayda Mariana Reyes Rebolledo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que para recogerlos deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, y de otra autoridad responsable. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 543/2022-I-M y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es1 : DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro2 : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, se obtiene que, en la especie, la parte promovente reclama de la junta laboral, de manera destacada lo siguiente: El proveído de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 466/2008 del índice de la junta responsable, en el que, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria federal dictada en el juicio de amparo 1194/2019 del índice de este juzgado, fijó hora y fecha -once horas del ocho de junio de dos mil veintidós- para la entrega y recepción del inmueble ubicado e***************************, con folio registral electrónico número 13070 y comisionó al actuario adscrito para que en compañía de Arturo Pinera Romero, a quien se le dará posesión física del citado inmueble. 1 Jurisprudencia I. 4o. C. J/3, con número de registro 230779, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, foja 655, publicada en Julio-Diciembre de 1988, Materias Civil, Común, Octava Época. 2 Jurisprudencia P./J. 40/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, foja 21, publicada en abril de 2000, Materia Común, Novena Época. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción IX, que dice: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" De lo anterior se colige que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en juicios de amparo y en ejecución de las mismas. Lo anterior, encuentra su razón de ser en el del respeto de la cosa juzgada, que tiene como finalidad evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, lo que incidiría en detrimento de la seguridad jurídica. En efecto, la cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica. En ese sentido, la cosa juzgada encuentra su fundamento en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en las que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Sobre dicha causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó Jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente3 : "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." 3 Jurisprudencia 2a./J. 140/2007, con número de registro 171753, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, foja 539, publicada en Agosto de 2007, Materia Común, Novena Época. Bajo ese panorama, es evidente que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es una resolución dictada en cumplimiento a una sentencia que concedió la protección constitucional, siempre y cuando haya cosa juzgada sobre el supuesto de hecho que ahora se pretende nuevamente combatir. En ese orden de ideas, analizadas las constancias del juicio de amparo 1194/2019, del control de este juzgado, el cual en este acto se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que dicho juicio fue promovido por*************, señalando la misma autoridad responsable, esto es, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zihuatanejo, Guerrero, contra actos derivados de juicio laboral 466/2008 de su índice. En dicho juicio constitucional, el quejoso en cita reclamó: "A) De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, se reclama la falta de emplazamiento a juicio, así como el resultado de la supuesta primera notificación que no se practicó al hoy quejoso con las formalidades esenciales del procedimiento y la indebida celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como todo lo actuado en el expediente número 466/2008, formado con motivo de la demanda que interpuso el señor ******************, incluido el laudo dictado en contra del quejoso y todos sus efectos. B).- Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, s reclama la ejecución del laudo dictado dentro del procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado, así como la orden de ejecución en contra del quejoso, incluidas las diligencias de remate y la orden de posesión del inmueble embargado a favor del tercero interesado ********************, así como de cualquier orden de ejecución posterior. C).- De la actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, quien tuvo a su cargo la notificación y emplazamiento relativo al procedimiento laboral expediente número 466/2008, formado con motivo de la demanda que interpuso el señor *******************, se reclama la indebida y pretendida primera notificación y citación a juicio diligencias asentadas en actas de fechas treinta y treinta y uno de octubre del año dos mil ocho y como en dicha Junta, igualmente la ejecución del laudo dictado en mi contra, reclamándose también la ejecución de la orden de posesión del inmueble embargado a favor del tercero interesado ********************* Y cualquier otra ejecución posterior. D).- Del Delegado Regional Zihuatanejo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero. Reclamo la inscripción que haya realizado del embargo sobre bienes de mi propiedad, así como del registro de cualquier escritura pública a favor del tercero interesado **********************, derivado del juicio laboral identificado con el expediente número 466/2008 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero. Así como la posterior inscripción que pretenda hacer a favor de algún tercero con motivo de cualquier movimiento traslativo de dominio que realizara en lo futuro el propio ********************* respecto del inmueble consistente en la *************************, Guerrero, inscrito en dicha dependencia bajo el folio registral electrónico 13070 del Distrito de Azueta." Luego, en sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección al quejoso para los efectos siguientes: ".que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el emplazamiento realizado a Arturo Pinera Romero, en el juicio laboral 466/2008 de su índice; y realice los actos tendentes para llevarlo a cabo atendiendo las formalidades del procedimiento (sin que sea materia del cumplimiento, la realización del nuevo llamamiento). 2. En vía de consecuencia, deje insubsistente todos los actos posteriores al mismo; es decir, deberá dejar sin efectos todas las diligencias practicadas y el laudo dictado en ese procedimiento, pues estas determinaciones requieren para su legalidad, la existencia de la notificación (emplazamiento), en la forma establecida en la ley. (.) Fallo constitucional que no fue recurrido por las partes legitimadas para hacerlo, por lo que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, inició el procedimiento de ejecución de la sentencia, etapa en la que la junta laboral, ha emitido de manera secuencial diversos actos a fin de dar cumplimiento total a dicha ejecutoria, entre los que se destacan, en lo conducente: Mediante oficio recibido en este juzgado el dos de julio del citado año, informó, con las constancias relativas, que en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso Arturo Pineda Romero, en el juicio laboral 466/2008 de su índice, así como todas las actuaciones posteriores a ello. Mediante diverso oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la junta responsable informó que en proveído de trece de julio de ese año, en cumplimiento a lo ordenado a la ejecutoria de amparo citada, dejó sin efecto la audiencia de remate de nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que se adjudicó al actor del juicio laboral el inmueble descrito con antelación, y giró oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que cancele la inscripción de la escritura pública *********, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, del bien inmueble con folio de registro electrónico ******************, y que en vía de consecuencia debe prevalecer la escritura pública número****************************; asimismo, ordenó girar oficio al Notario Público número 3 del Distrito Judicial de Azueta, para que cancelara la escritura pública primeramente citada. Mediante oficio recibido el tres de mayo de dos mil veintidós, la junta responsable informó, con las constancias relativas, que por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, comisionó al actuario de su adscripción para que pusiera al allá quejoso **************** en posesión del inmueble descrito con antelación. En ese tenor, se desprende que la determinación reclamada por la aquí quejosa, consistente en el proveído de seis de junio del año en curso, en el que señaló hora y fecha para hacer la entrega física y material al mencionado Pineda Romero del inmueble con folio de registro electrónico 13070, fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1194/2019, dado que está encaminado a obtener el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, ya que la entrega y posesión física y material del bien inmueble referido forma parte de los actos emitidos en ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen y que fueron declarados nulos con motivo de la protección constitucional en ese juicio de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la misma ley, y en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a V*************************, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que los acreditan como licenciados en derecho, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***************y *************, por no contar con dicho requisito. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, previa toma de razón que obren en autos, a través de solicitud por escrito realizada al Secretario de Juzgado encargado del expediente. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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