Normando Peñuelas León
Expediente 1358/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Normando Peñuelas León
- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, primero de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que hicieran pronunciamiento alguno. Por consiguiente, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la Junta responsable, realizara lo siguiente: ".Pronuncie, con libertad de jurisdicción, resolución en el recurso de revisión ****, con independencia de que sea o no favorable a los intereses de la parte quejosa.." Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable el once de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución en el recurso de revisión ******. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en copia certificada el proveído de dos de marzo de dos mil veintidós y la resolución pronunciada el once de febrero de dos mil veintidós en el recurso de revisión 1095/2020 de su índice. En consecuencia, con lo anterior dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; APERCIBIDOS de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, como hay materia para exigir el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, ibídem, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto los Jueces y Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Al respecto, se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1378, registro 2007295, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO.- Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, contra el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver el recurso de revisión 1095/2020.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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