Norma Yolanda Macías Ramos
Expediente 843/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Norma Yolanda Macías Ramos
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto de veintiocho de julio del dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda y se ordena archivo...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO NORMA YOLANDA MACIAS RAMOS, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente dice: "Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Norma Yolanda Macías Ramos, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del Presiente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 843/2021 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda: Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y escrito aclaratorio, cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese entorno, este juzgador federal considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Es importante destacar, que el mencionado artículo y fracción, se apoyan en el principio de seguridad jurídica y que la pretensión es evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo contra las mismas actuaciones suscitadas en el procedimiento judicial, de manera que si el gobernado ocurre en amparo respecto de un acto de autoridad que ya fue materia de una ejecutoria de amparo, o en ejecución del mismo, dicho juicio constitucional es improcedente. En efecto, de las actuaciones que se encuentran integradas al juicio de amparo 8/2019, el índice de este órgano jurisdiccional, mismas que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte en la etapa de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de derechos en cita, se ordenó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, requiriera a los actores en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, entre ellos la promovente de amparo, para que devolvieran la cantidad de un millón seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis pesos con sesenta y siete centavos ($1'624,286.67), que recibieron por conducto de Alejandro Ortiz González, en comparecencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho ante la referida Junta laboral. Cabe destacar que en el juicio de derechos fundamentales 8/2019, el amparo fue concedido a la parte quejosa en los términos siguientes: ". Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se otorga el amparo solicitado para efecto de que la Junta responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 1770/2018, a partir de la diligencia de emplazamiento y reponga el procedimiento por lo que hace a Acciona Energía Servicios México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y ordene nuevamente su llamamiento a juicio." En cumplimiento al fallo protector, por oficio registrado en este juzgado con el número 4645, acordado en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la junta responsable informando la imposibilidad de devolver la cantidad de $1'624,286.67 (un millón seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 67/100 m.n.), argumentando que el numerario fue recibido y entregado en calidad de subsistencia a la parte obrera. Ahora bien, en el mismo auto -veintisiete de mayo de dos mil veintiuno-, en el cual no se tuvo por cumplida la ejecutoria, en lo que interesa, se dijo lo siguiente: ". E). El seis de diciembre de dos mil dieciocho, la Junta de Conciliación responsable, dictó auto en el cual proveyó sobre la suspensión de acto reclamado en virtud del amparo directo promovido en contra del laudo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y negó a la quejosa la medida por el importe de tres meses de salario para asegurar la subsistencia del trabajador. F). El trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Apoderado Legal de BBVA BANCOMER, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, puso a disposición de la Junta el cheque de caja 19334, por la cantidad de $1'624,286.67 (un millón seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 67/100 m.n.), en acatamiento al embargo que se efectuó en cuentas de esa institución a nombre de la demandada y con motivo del auto de ejecución dictado el quince de noviembre de dos mil dieciocho. G). El trece de diciembre de ese mismo año, la Junta responsable dictó auto en el cual tuvo por recibido el numerario exhibido a través del cheque número 009357, luego determinó al respecto, lo siguiente: ".documento nominativo que ampara parcialmente el monto de la subsistencia fijada en acuerdo de 06 de diciembre de 2018 al demandado, a favor de la parte ACTORA ALEJANDRO ORTIZ GONZALEZ." H). En auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se levantó acta con la comparecencia de Alejandro Ortiz González, como representante de los actores, para la subsistencia de los trabajadores y se le entregó el cheque de caja a dicha persona. Ahora, como puede observarse el embargo de la cuenta que se materializó, en un cheque por la cantidad de $1´624,286.67 (un millón seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 67/100 m.n.), fue origen y consecuencia de aquella determinación de quince de noviembre de dos mil dieciocho, que ordenó la ejecución forzosa del laudo. Luego, también se advierte que al numerario se le dio un destino distinto, al haberse determinado entregarlo a los actores para cubrir la subsistencia que se decretó en auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho. En ese contexto, se advierte que la cantidad que fue objeto de secuestro, como consecuencia de la ejecución del laudo, fue utilizada para garantizar una medida cautelar, en ese sentido, al margen de la incorrección o corrección de esa situación, el caso es que, el cumplimiento de la ejecutoria se actualiza sin defecto cuando dicho numerario sea restituido, esto es, que el objeto del secuestro al haber quedado nula la actuación que le dio origen, también vuelva al estado en que se encontraba, conforme a lo previsto por la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo." Lo expuesto, devela que el acto que reclama la aquí promovente de amparo, es precisamente materia de una ejecutoria de amparo y su cumplimiento -aún pendiente-, específicamente del juicio constitucional 8/2019 del índice de este juzgado; de ahí la improcedencia de la demanda, que lleva a desecharla, pues no podría ser examinada nuevamente en este nuevo juicio. Son de puntual aplicación al caso, los criterios siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En el contexto anotado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento se desecha de plano la demanda. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito que se atiende ubicado en Manuel Z. Cubillas, número 46 Altos, casi esquina con Melchor Ocampo, en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a Francisco Enrique Sierra Acosta, Francisco Manuel Mendivil, Víctor Osvaldo Amador León y Oscar Adrián Pacheco Valenzuela. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19..."
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