Norma Yolanda Espinoza Mondragon
Expediente 1425/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Norma Yolanda Espinoza Mondragon
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil con residencia en la ciudad de México, informando que acepta la competencia declinada. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1425/2021-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. INCOMPETENCIA La promovente solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los siguientes actos y autoridades: Ahora, del análisis integral de la demanda y de los párrafos que anteceden, se advierte que la demandante de amparo, reclama la orden de cancelación del pago de pensión alimenticia a favor de la quejosa, la cual se realizará por el Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo este contexto, quién ahora resuelve estima carecer de competencia legal por territorio, toda vez que el Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, tiene su residencia en la Ciudad de México. Así, del cuerpo de la demanda que se analiza en su totalidad, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material en la Ciudad de México; lo anterior, porque a la autoridad responsable en el juicio en que se actúa, que es quien efectuará la cancelación del quince por ciento por concepto de pago de pensión alimenticia, que gozaba la quejosa, tiene su domicilio en la carretera Picacho-Ajusco, número ciento setenta, en la colonia de Jardines de la Montaña, en la Alcaldía Tlalpan, código postal 14120 en la Ciudad de México. Por lo que, al referir el artículo el artículo 37 de la Ley de Amparo en forma literal establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal transcrito se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. Una vez expuestas las hipótesis de competencia por razón de territorio que se plantean en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es necesario determinar si requiere o no ejecución material. Así, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, por su naturaleza es de aquellos que requieren de ejecución material, porque constituyen una acción que realiza la autoridad con el gobernado; de lo que se colige que tales actos tienen sus consecuencias jurídicas en la Ciudad de México. Lo anterior sin perjuicio de que la responsable haya girado exhorto por primera ocasión al Juez Familiar Competente por turno a Naucalpan, Estado de México, para que en auxilio de las labores girara presente oficio al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para el efecto de cancelar el 15% de pensión alimenticia, lo anterior en virtud de que el pagador de dicho servidor público no es el Presidente de dicho Tribunal, sino el Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal quien tiene su domicilio en la carretera Picacho-Ajusco, número ciento setenta, en la colonia de Jardines de la Montaña, en la Alcaldía Tlalpan, código postal 14120 en la Ciudad de México, lo anterior es así ya que el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de cancelar el porcentaje fijado como pensión alimenticia, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. Cobra aplicación en la especie, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada a foja ciento cuarenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que al tenor dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Consecuentemente, para determinar la competencia en el presente asunto, debe estarse a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto a que los actos que se reclaman requieren ejecución material. Esto es así, porque la ejecución material de la actuación reclamada, fue emitida por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y la misma se tratará de ejecutar por parte del Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, tiene su residencia en la Ciudad de México, específicamente en, carretera Picacho-Ajusco, número ciento setenta, en la colonia de Jardines de la Montaña, en la Alcaldía Tlalpan, código postal 14120 en la Ciudad de México. Entonces, sí es posible para los actos reclamados materia del presente asunto, atender a la hipótesis de competencia por territorio prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, a la jurisdicción del Juez de Distrito donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cabe mencionar que inicialmente, cuando se recibe por un Juez de Distrito una demanda de amparo indirecto respecto de actos que requieren ejecución material, la competencia se fija en principio atendiendo a los datos vertidos en dicha demanda, de los que se pueda deducir el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado ese acto. En consecuencia, hasta lo aquí expresado esta juzgadora de amparo, estima que el juzgado de Distrito que es competente para conocer y resolver este asunto es aquel en donde por una parte deba tener ejecución material y por otra donde deba de ejecutarse el acto reclamado. Por ello, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo tanto, se considera que es a un JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo, pues el Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, tiene su domicilio en la Ciudad de México; en tales condiciones, este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. Consecuentemente, con apoyo en el precitado artículo 37, párrafo primero, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO, EN EL DISTRITO FEDERAL, por encontrarse dentro del territorio donde ejerce jurisdicción la autoridad responsable que trata de ejecutar el acto reclamado en perjuicio de la parte quejosa, para lo cual remítasele la demanda de mérito y sus anexos, formándose el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicitándole la confirmación de dichas constancias. Asimismo, se hace del conocimiento al Juez Federal competente, que no ha lugar a dar trámite al incidente de suspensión que solicita la quejosa, toda vez que el acto reclamado, no es de los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, la suscrita estima que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción V, inciso a) del artículo 107, de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 37 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en la especie, la tesis ejecutoria publicada a foja ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sala Auxiliar, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO.- INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se ha ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". De igual forma, la Jurisprudencia número 678, visible a fojas 455, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, Parte TCC que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material." Sin que pase desapercibido para el que ahora resuelve que si bien es cierto la quejosa tiene su domicilio en esta Ciudad de Pachuca, lo cierto también es que el acto reclamado se pretende ejecutar en la Ciudad de México. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ¨¨**, y en términos restringidos, a las demás personas autorizadas por no contar con registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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