Norma Yesenia León Félix

Expediente 840/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
840/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Norma Yesenia León Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de once de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios del Presidente e Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante los cuales rinden informe justificado; asimismo, remiten copia certificada del proveído de siete de agosto del año en curso dictado en autos del expediente 8-1337/2020, donde se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora bien, los actos reclamados en el juicio en que se actúa son: Omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 8-1337/2020. Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado y; La omisión del Presidente de la Junta responsable de cuidar los términos en tal juicio laboral. Por lo que respecta al primer acto señalado, las autoridades responsables remitieron copia certificada del proveído de siete de agosto de dos mil veinte, en el que proveyó lo relativo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario en comento. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de señalar fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que se proveyó al respecto, esto, previo a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de octubre del año en curso), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la jurisprudencia 1a/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que sí emitió las actuaciones en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo respecto de las cuales se reclamaba su omisión, de ahí que sea innecesario esperar a la celebración de la audiencia porque es patente la causa de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Presidente de esa Junta de Cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de diciembre del año en curso.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por la quejosa Norma Yesenia León Félix, por medio del cual amplía su demanda de amparo y señala como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encargado de realizar las diligencias. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, fracción II, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda en sus términos. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. II. Audiencia constitucional. Se hace del conocimiento que se fijaron las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÒS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. III. Formalidades de constancias requeridas. Se indica a la autoridad responsable que la constancias que en apoyo a su informe justificado remita deberán contener en original folio, rubrica y entre sello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. Apercibida que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. IV. Envío electrónico de constancias adjuntas a informes de autoridades o escritos. Se sugiere a las partes la utilización de la vía electrónica; para lo cual, podrán solicitar la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, asimismo, agregar constancias al expediente, debiendo en todos los casos contar con la clave de acceso y firma FIREL, la que deberán generar a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, se hace del conocimiento de las partes de este juicio, incluyendo a las autoridades responsables, que el Acuerdo general Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, señala en el capítulo cuarto, relativo al expediente electrónico artículo 12 inciso f) dispone: Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por la vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Por tanto, se les requiere para que al momento de hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y enviar a través de éste, constancias adjuntas a los informes que rindan o escritos que presenten, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que éstos, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo V. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remita, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de las autoridades responsables que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. VI. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se sugiere a las partes la utilización de la vía electrónica; para lo cual, podrán solicitar la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, asimismo, agregar constancias al expediente, debiendo en todos los casos contar con la clave de acceso y firma FIREL, la que deberán generar a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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