Norma Viridiana Montes de Oca Pureco
Expediente 861/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/07/2017
Partes del expediente
- Norma Viridiana Montes de Oca Pureco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de 28/07/2017 a la parte quejosa y se notifica por lista el acuerdo de 25/07/2017, que dice: Toluca, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora bien, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el principal, pues se sobreseyó el amparo y carece de relevancia documental, y de depuración el original del incidente de suspensión, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por tanto, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Por otro lado, devuélvase a la responsable, los anexos que remitió en autos, sin ser necesario el acuse de recibo por ser copias certificadas. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa los originales que ofreció como pruebas en el presente juicio, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, a fin de ponderar por su seguridad. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido del secretario Tomás Carbajal Arellano, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora bien, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el principal, pues se sobreseyó el amparo y carece de relevancia documental, y de depuración el original del incidente de suspensión, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por tanto, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Por otro lado, devuélvase a la responsable, los anexos que remitió en autos, sin ser necesario el acuse de recibo por ser copias certificadas. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa los originales que ofreció como pruebas en el presente juicio, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, a fin de ponderar por su seguridad. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido del secretario Tomás Carbajal Arellano, que da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 861/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el ********************, el ocho de junio del año en curso, turnado el día siguiente a este órgano de control constitucional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, por reclamarse un acto a autoridades civiles, cuya ejecución tendría verificativo dentro del territorio en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Juez y Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, ********************: La orden de desalojo, respecto del local comercial papelería, mercería y regalos "********************", ubicado en ********************, ********************, ********************, ********************, en ********************, ********************, ********************, ********************. TERCERO. Dichas autoridades al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas como complemento de su informe justificado, consistentes en el expediente ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que el juzgador federal las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Órgano de Control Constitucional advierte, de oficio, que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XII, del artículo 61 de la Ley de la materia, por las razones que se enseguida se exponen. El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." En efecto, para la procedencia del juicio de garantías se requiere de la existencia de un agravio real y directo en la esfera jurídica del gobernado, derivado ya sea de la emisión o de la ejecución de un acto de autoridad. Ello es así, puesto que en términos de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien le violan los derechos previstos en el artículo 1º de la legislación en comento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que, como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico al proceso natural, que se traduce en cualquier hecho o cualquier situación que además de ser benéfica para un gobernado, esté debidamente tutelada por el orden jurídico nacional. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia 852, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte TCC, materia Común, consultable en la página 581, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO." En el caso, la parte quejosa estima que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque afirma que tiene derechos posesorios sobre el inmueble -materia del proceso judicial, de donde emanan los actos reclamados- derivado de un contrato de arrendamiento que exhibe a su demanda de garantías, del cual se le pretende privar de su derecho de posesión, sin haber sido oída y vencida en juicio, y ser persona extraña al mismo. Ahora, la peticionaria del amparo aportó la siguiente prueba: contratos de arrendamiento según celebrados el uno de marzo respecto de los años dos mil quince, dieciséis y diecisiete, entre ******************** y la quejosa y un copia simple del acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, respecto del inmueble objeto del proceso jurisdiccional. Con los elementos probatorios relacionados -contratos de arrendamiento y copia simple del acuse citado- que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, se aprecia que no existe afectación en su esfera jurídica, toda vez que esas documentales por sí solas, no son suficientes para acreditar la posesión del inmueble, ya que en todo caso tuvo la oportunidad de adminicularlas con diversas pruebas idóneas y eficaces. Efectivamente, a la parte quejosa le correspondía discutir su derecho, en el sentido de que tuviera la posesión del inmueble, pero relacionada con probanzas idóneas y eficaces, ya que en todo caso tuvo la oportunidad de exhibir la documental relativa al inmueble del cual afirma ser poseedora pero mediante título reconocido por la ley civil, con fecha cierta, esto es, un contrato de arrendamiento, o de diversa índole, debidamente requisitado ante Notario Público, conforme lo exige la legislación civil, y si no lo hizo así, entonces, la parte quejosa no acredita la afectación de la que se duele, a su interés jurídico. Con lo anterior, la parte peticionaria de garantías no demostró con esas documentales, la afectación a su interés jurídico, de que se duele. Tiene apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/10, consultable en la página 1341, del Tomo XII, Diciembre de 2000, de la Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/2007-PS, identificada como 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Abril de 2008; página 11, que es del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Aunado a que la copia anexada respecto del acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, carece de eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, toda vez que al tratarse de copia simple no produce certeza jurídica de su existencia real. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 193-198, Primera Parte, página 66, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Bajo ese orden de ideas, se actualiza en consecuencia, la causa de improcedencia que se examina, por falta de afectación a su interés jurídico, en relación a los actos reclamados, que de ningún modo le afectan en su esfera; y procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Ejecutor adscrito al Juzgado responsable, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1812, visible en las páginas 2912 y 2913, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de la presente sentencia.
- Incidental
Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil diecisiete. Visto lo asentado de manera precedente, así como el estado procesal de los autos, se advierte que la resolución de veinte de junio del año en curso fue notificada el veintiuno siguiente a la parte quejosa (folio 28); en consecuencia, el plazo de cinco días otorgados en esa actuación, a fin de que constituyera la garantía del total de la sanción económica impuesta, transcurrió, sin que así lo hiciera. En términos de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a los lineamientos de la interlocutoria de veinte de junio del año en curso, la medida cautelar definitiva de los actos reclamados deja de surtir sus efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.
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