Norma Verónica Conde Sánchez
Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Norma Verónica Conde Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta signado por Mariano Cabello Pineda, autorizado con facultades amplias del tercero interesado Roberto Rodríguez Conde; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, de autos se advierte que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz, remitió diversas constancias, con las que en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó formar un tomo de prueba, y toda vez que resulta innecesaria su conservación, devuélvanse a su lugar de origen; solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. En relación con la solicitud de Mariano Cabello Pineda, autorizado con facultades amplias del tercero interesado Roberto Rodríguez Conde, en el sentido de que se le expida copia certificada de las constancias que indica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las mismas y entréguense previa razón que de su recibo otorgue en autos para debida constancia. Respecto de su manifestación en el sentido de que se ordene dejar sin efectos la suspensión provisional decretada en el incidente, no ha lugar a acordar de conformidad, ya que la suspensión provisional concedida el cuatro de octubre de dos mil veintidós surtió efectos hasta en tanto se resolvió la suspensión definitiva, lo que aconteció el cinco de diciembre siguiente, en la que se negó la medida cautelar. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta signado por Mariano Cabello Pineda, autorizado con facultades amplias del tercero interesado Roberto Rodríguez Conde; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, de autos se advierte que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz, remitió diversas constancias, con las que en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó formar un tomo de prueba, y toda vez que resulta innecesaria su conservación, devuélvanse a su lugar de origen; solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. En relación con la solicitud de Mariano Cabello Pineda, autorizado con facultades amplias del tercero interesado Roberto Rodríguez Conde, en el sentido de que se le expida copia certificada de las constancias que indica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las mismas y entréguense previa razón que de su recibo otorgue en autos para debida constancia. Respecto de su manifestación en el sentido de que se ordene dejar sin efectos la suspensión provisional decretada en el incidente, no ha lugar a acordar de conformidad, ya que la suspensión provisional concedida el cuatro de octubre de dos mil veintidós surtió efectos hasta en tanto se resolvió la suspensión definitiva, lo que aconteció el cinco de diciembre siguiente, en la que se negó la medida cautelar. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las actuaciones, de las que se advierte que se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; en tales condiciones, agréguese para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de las promociones recibidas en este juzgado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Cúmplase
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 141/2023-II, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 779/2022, promovido por Norma Verónica Conde Sánchez y Pablo Rodríguez Conde. En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese, personalmente al tercero interesado, por lista de acuerdos a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN: En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación planteados y no advertirse deficiencia alguna que debiera suplirse en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **************. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. OCTAVO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios cuyos rubro y texto, refieren: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSIÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU EMISIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el carácter público no sólo se da respecto de sentencias ejecutorias, sino de cualquier resolución dictada por los órganos jurisdiccionales durante el trámite de un juicio. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que el diverso numeral 14, fracción IV, de la citada legislación, establece que se considera información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, ello no puede hacerse extensivo a las propias resoluciones, como una sentencia, pues la circunstancia de que esté recurrida y, por ende no esté firme, no actualiza la causal de reserva de mérito, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a la información contenida en los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelva el fondo del asunto, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto." "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." "SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en modo alguna significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido." NOVENO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 779/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 141/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 779/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por ************* en contra de la autoridad responsable y acto reclamado que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando quinto de la misma. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ************, del juicio de amparo indirecto 779/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, contra la autoridad responsable y acto reclamado que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de la misma. TERCERO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. CUARTO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 141/2023-II de este juzgado. CÚMPLASE.
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