Norma Trinidad Reyes Valezuela
Expediente 368/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Norma Trinidad Reyes Valezuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Norma Trinidad Reyes Valenzuela; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, a través del oficio sin número, recibido en este Órgano Jurisdiccional el pasado veintiuno de mayo del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en lo que interesa se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Norma Trinidad Reyes Valenzuela, para el efecto de que una para el efecto de que una vez que causara ejecutoria la presente resolución, la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, declare insubsistente la resolución 20/331501 de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la que se niega la pensión de viudez solicitada por la aquí quejosa Norma Trinidad Reyes Valenzuela, que tuvo como fundamento los preceptos cuestionados, contenidos tanto en la Ley del Seguro Social, vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, como en la actual y prescindiendo de aplicar los artículos 183 de la Ley de Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete y su equivalente el 151 de la actual en atención a la solicitud formulada por la aquí parte peticionaria, deberá emitir una nueva, debidamente fundada y motivada, en la que considere que la impetrante reunió los requisitos legales para acceder al derecho de una pensión por viudez y orfandad respecto del asegurado Armando Alcantar Flores, por el monto que al efecto determine la autoridad responsable, así como que la normatividad declarada inconstitucional no se le aplique en lo presente, ni en lo futuro, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192846, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1999, Materias: Constitucional, Común, número de Tesis P./J. 112/99, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.". Ahora bien, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, a través del oficio sin número, recibido en este Órgano Jurisdiccional el pasado veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de pensión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, donde dejó sin efecto la resolución de negativa de pensión número 20/331501, emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y, prescindió de aplicar el artículo 183 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, y su equivalente el 151 de la actual, otorgándole a la impetrante del amparo la pensión de viudez, respecto del asegurado Armando Alcantar Flores, a partir del veintisiete de junio de dos mil veinte, misma que le fue notificada a la quejosa Norma Trinidad Reyes Valenzuela, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, la autoridad responsable cumplió de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer a la quejosa que no tenía derecho a reclamar la entrega o devolución de las cuotas y aportaciones de los ramos de cesantía de edad avanzada y vejez, así como la cuota social aportación del Gobierno Federal; por tanto atendió la solicitud de la impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Hechos los anteriores que son precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión solicitado; motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Subdirector de Amparos, así como Representante Legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa no haber recibido el oficio 713/2021 y solicita se le remita de nueva cuenta con las constancias procesales correspondientes; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, dígasele a la autoridad oficiante que en autos obra el acuse de recibo del oficio 713/2021, recibido el pasado veinticinco de febrero del año en curso, con un sello que dice: "Poder Legislativo Federal, H. Cámara de Diputados, 25 FEB 2021, Recibido Oficialía de Partes". Sin embargo, como lo solicita mediante oficio vía mensajería con copia de este proveído remítasele de nueva cuenta copia con firma electrónica de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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