Norma Torres Hernández

Expediente 990/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
990/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Norma Torres Hernández
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo 990/2023-IV; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Lo anterior es procedente con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de la autoridad responsable, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, ésta solo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia afectara el acto que le fue reclamado, lo que no acontece en la especie. Atento a lo expuesto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Finalmente, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el numeral 20 señalado en el párrafo que precede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintitrés Téngase por recibido el oficio J2F/3378/2023, enviado por el Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de las constancias relativas al expediente ********************de su índice, correspondiente, en contra de *************** y* al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad, promovido por *********************, documentales de las que se aprecia que el cuatro de septiembre del año en curso, se dictó la resolución correspondiente a dicho asunto, cuya omisión de emitir fue la causa de pedir en esta instancia; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda********************Ahora bien, debe decirse que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de derechos humanos se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa ********************, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la invocada legislación.********************En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente:********************"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ********************. ********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir el artículo 77, de la ley de la materia:********************"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:********************Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y********************Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.********************(.)"********************La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."********************En este apartado es importante establecer que la agraviada se duele de una violación a la pronta impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Carta Magna; y al efecto adujo que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta localidad, no había dictado sentencia en el expediente ********************de su índice, correspondiente al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad, promovido por ********************, en contra de ******************** y ********************.********************Posteriormente, del oficio de cuenta, relativo al cuaderno señalado en el párrafo que precede, se advierte que la resolución relativa al juicio antes anotado, cuya omisión de emitir fue la causa pedir en la presente contienda constitucional, se emitió el cuatro de septiembre de la anualidad que transcurre.********************Constancia a la que, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo.********************En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado atribuido a las autoridades señaladas como responsables, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento.********************No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita.********************Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice:********************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con quince minutos de esta propia fecha.Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV...hago constar: que notifico a la parte quejosa así como al tercero interesado Arnoldo Medrano Martínez, el proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio de amparo 990/2023-IV, por medio de lista, como lo establece el artículo 27, inciso b) y c) y 29 ambos de la Ley de Amparo, en virtud de no haber acudido a este órgano jurisdiccional a recibir la notificación de referencia de manera personal.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, regístrese en el libro respectivo con el número 990/2023-IV; al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, ********************, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este Juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se tiene como terceros interesados a: ********************, con domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, entre avenida ********************y********************, colonia ********************, código postal ********************, del plano oficial de esta ciudad. ********************, con domicilio ubicado en avenida ********************, número ********************, entre ********************y ********************, infonavit ********************, código postal ********************, del plano oficial de esta ciudad. En tales condiciones, atento a lo que dispone el artículo 26, fracción I, inciso b) de la ley de mérito, se comisiona a cualesquiera de las actuarias de la adscripción, a efecto de que emplacen a esta contienda constitucional a las personas de referencia, para lo cual se les deberá hacer entrega de copia simple de la demanda y del presente proveído. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos) moneda nacional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este órgano jurisdiccional, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.00 (tres mil ciento doce pesos 00/100) moneda nacional, equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con quince minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y********************, cuyas cédulas profesionales se encuentran capturadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

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