Norma Sánchez Tepetla
Expediente 717/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Norma Sánchez Tepetla
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 717/2018-VIII del que deriva el cuaderno de antecedentes donde se actúa, formado con motivo del diverso 89/2018-III del índice de la autoridad oficiante. De igual forma, se desprende que en atención a la devolución de las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, realizada por este órgano de control constitucional ordenó continuar con el procedimiento en el juicio de amparo 89/2018-III de su índice; asimismo, refiere que no insiste en declinar la competencia planteada del referido juicio de amparo. Se ordena archivo y destrucción Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que el presente cuaderno está concluido y es de aquéllos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento. Lo anterior esa sí, pues la determinación emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo tanto, remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos y billete de depósito al no obrar estos en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 717/2018-VIII del que deriva el cuaderno de antecedentes donde se actúa, formado con motivo del diverso 89/2018-III del índice de la autoridad oficiante. De igual forma, se desprende que en atención a la devolución de las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, realizada por este órgano de control constitucional ordenó continuar con el procedimiento en el juicio de amparo 89/2018-III de su índice; asimismo, refiere que no insiste en declinar la competencia planteada del referido juicio de amparo. Se ordena archivo y destrucción Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que el presente cuaderno está concluido y es de aquéllos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento. Lo anterior esa sí, pues la determinación emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo tanto, remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos y billete de depósito al no obrar estos en autos.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 26680, signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al cual adjunta los autos originales del juicio de amparo 89/2018-IIII de su índice, toda vez que mediante resolución de doce de julio del año en curso, dictada dentro del juicio de amparo en mención, dicho órgano jurisdiccional determinó que corresponde conocer a este juzgado de distrito del mencionado juicio de amparo, por considerar que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno con el número 717/2018-VIII, háganse las anotaciones correspondientes. No se acepta competencia Ahora, al avocarse al análisis integral del presente asunto, no se comparte el criterio emitido por el homólogo federal declinante, en atención a lo siguiente: Previamente, conviene traer a colación las consideraciones formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en la contradicción de tesis 25/2007, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil ocho, en la que analizó la temática relativa a la competencia de los Jueces de Distrito y su distinción respecto de la jurisdicción, en los términos que a continuación se sintetizan: El concepto de competencia en el ámbito jurídico se refiere a la atribución legítima de un Juez o autoridad para conocer o resolver un asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción. La competencia se encuentra intrínsecamente ligada al concepto de jurisdicción, entendida como la facultad o atribución para decir el derecho con fuerza vinculativa para las partes, pero no son similares, pues la primera obedece a razones más específicas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales, mientras que la segunda abarca un concepto más global, relativo a la impartición de justicia. En términos del artículo 16 constitucional la competencia forma parte del principio de legalidad, razón por la cual debe estar señalada en la ley, pues constituye el cúmulo de facultades que ésta confiere a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. De lo anterior, se concluye que en el derecho procesal la competencia consiste en el cúmulo de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. Por tanto, el Juez es titular de la función jurisdiccional por el solo hecho de serlo; pero no puede ejercer dicha función para resolver cualquier tipo de conflictos, sino únicamente aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, para los que es competente, lo que permite concluir que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. Así, la incompetencia de un órgano jurisdiccional consiste en la carencia de facultades para conocer, tramitar y resolver un juicio en específico y se divide en objetiva, referida al órgano jurisdiccional, y subjetiva, que atañe a la persona encargada de desempeñar la función que compete al órgano respectivo. Dentro de los criterios para determinar la competencia objetiva se encuentran los relativos al territorio, cuantía, grado y a la materia: Competencia por territorio. Es el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio. Competencia por cuantía. Es el valor jurídico o económico de la relación u objeto litigioso. Competencia por grado. Se refiere a la instancia o grado jurisdiccional, atendida la estructura jerárquica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un asunto. Competencia por materia "Es el criterio que se instaura en virtud a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio" o "por razón de la naturaleza de la causa, o sea de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso" o "es la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo"; o bien es la naturaleza jurídica del asunto litigioso. Las consideraciones reseñadas ponen de manifiesto que dentro de los supuestos de competencia, no figura el relativo al "conocimiento previo"; puesto que ello deriva de las disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia. Lo anterior es así, pues en el caso concreto, de no existir en alguno de los órganos jurisdiccionales de este circuito, el antecedente respectivo para que el asunto se relacionara y en su caso, se turnara en atención al "conocimiento previo" del mismo, cualquiera de los jueces federales sería competente para ello. Resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO, EL TURNO NO ES MATERIA DE. Para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 106 constitucional, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, por razón de grado, territorio o materia, al conocer de un asunto y no a simples situaciones de hecho, ajenas al tema jurisdiccional, como lo serían cuestiones de mero trámite o turno, en cuyo caso no puede sustanciarse válidamente la relación jurídica procesal del conflicto, toda vez que la competencia se surte en cualesquiera de los Tribunales Colegiados de la materia respectiva, correspondientes al mismo circuito." (1a./J. 8/2000, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente a Agosto de 2000). "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aparta del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 181/2008, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO.", porque de una nueva interpretación a los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 Bis de la Ley de Amparo y 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se deduce que existe un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito, que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente cuando los órganos jurisdiccionales respectivos se nieguen a conocer del asunto por considerar que carecen de jurisdicción por razón de grado, territorio o materia. Así, la aplicación de los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan el turno y distribución de asuntos entre los indicados órganos colegiados, no constituye un factor que determine competencia, pues sólo se limita a repartir la carga de la labor judicial conforme a reglas administrativas que no implican la extensión de la función jurisdiccional, sino un sistema interno de distribución de asuntos. Por tanto, el conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito debe declararse inexistente cuando deriva de la aplicación de normas generales que regulan el turno de asuntos." (2a./J. 115/2011, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente a Julio de 2011). Aunado a las consideraciones expuestas, la circunstancia de que el Juzgado Federal declinante haya celebrado la audiencia constitucional -el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho-, torna evidente la existencia de un obstáculo legal que impide analizar si se actualiza el supuesto de relación invocado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, previsto en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al respecto, se sostiene que el artículo 46 del acuerdo referido no regula una hipótesis como la que ahora se actualiza, esto es, que celebrada la audiencia constitucional, se declare el juzgador originario incompetente por razón de un conocimiento previo del asunto, lo cierto es que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. (.)" Dichas porciones normativas señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse en un acto procesal continuo; es decir, que celebrada la audiencia constitucional, el juicio de amparo ya no se encuentra en trámite, pues legalmente la sentencia es parte de la audiencia constitucional, de manera que ambas son un mismo acto procesal, pues aquella se dicta precisamente como parte final de ésta. Ello es así, puesto que la audiencia constitucional constituye una diligencia sin solución de continuidad que consta de tres períodos, a saber, el de pruebas, el de alegatos, y el del dictado de la sentencia, etapa última que, puede llevarse a cabo en una misma fecha, o en una diversa; de ahí que todas las determinaciones emitidas en ella, conforme a los principios de continuidad, unidad y concentración que la rigen, permite considerarlas como un solo acto. Por lo que si el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 89/2018-IIII, resulta que a partir de ese momento el juicio dejó de estar en trámite, pues sólo restaba dictar resolución, de donde se colige que sí existe un obstáculo legal para analizar la actualización del criterio de relación invocado, dado el principio de unidad que rige este tipo de actos. Bajo esa óptica, se estima que si el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, celebró la audiencia constitucional, como rector del procedimiento, se encuentra obligado a observar la aplicación de las normas legales que rigen su actuación, puesto que, en todo caso, debió analizar la circunstancia relativa al turno del asunto "por conocimiento previo", durante el trámite del juicio de amparo y no con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que, conforme a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2000 y 2a./J. 115/2011, anteriormente transcritas, la aplicación de los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan el turno y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales, no constituye un factor que determine competencia, pues solo se limita a repartir la carga de la labor judicial conforme a reglas administrativas que no implican la extensión de la función jurisdiccional, sino un sistema interno de distribución de asuntos, de tal suerte que lo resuelto por el Juez Primero de Distrito de esta entidad federativa en la sentencia dictada dentro de la audiencia constitucional no fue una cuestión propiamente competencial y, por tanto, no era la etapa procesal oportuna para remitir los autos del juicio de amparo a este órgano jurisdiccional por haber tenido "conocimiento previo", conforme a la normativa administrativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. En atención a las consideraciones expuestas, este órgano de control constitucional no comparte el criterio emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala en resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, por lo que no acepta el conocimiento del asunto remitido. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones que el homólogo refiere en el sentido que en el diverso expediente 649/2018-VIII, del índice de este juzgado se aceptó la competencia del juicio de amparo 172/2018-I, de su índice, puesto que si bien inicialmente se determinó de esa forma, lo cierto es que con posterioridad -veintitrés de julio de dos mil dieciocho-, se devolvieron los autos al no compartir el criterio del homólogo federal, en atención a las consideraciones expuestas. Al respecto, conviene precisar que en el juicio de amparo 649/2018 del índice de este juzgado, se señaló que en similares términos se pronunció el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al emitir el oficio SECNO/2179/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, respecto de la consulta realizada a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, obtenida de la página de internet de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la cual se agrega para su conocimiento. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal a las partes, toda vez que al devolver el juicio de amparo 89/2018-III de la estadística del juzgado oficiante, es evidente que este órgano de control constitucional no se vinculó con el procedimiento dentro del sumario constitucional en que se actúa. Finalmente, previa la formación del cuaderno de antecedentes relativo a este asunto, devuélvase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el juicio de amparo 89/2018-III que dio origen al presente asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Norma Lucrecia Xicohtencatl Caporal324/2018
- Norma Odett Cabrera Rodríguez316/2016
- Norma Odett Cabrera Rodríguez317/2016
- Norma Odett Cabrera Rodríguez193/2016
- Norma Odett Cabrera Rodríguez194/2016
- Norma Ríos Lira518/2018
- Norma Tello Cortes1444/2022
- Norma Tónix Quechol1022/2023
- Norma Vianey Huerta Chan Kuk420/2018
- Norma Yauhtentzi Vázquez292/2018
- Norman Nissim Arditti259/2017
- Nubia Cortés Sánchez40/2023