Norma Rosalia Ochoa Gómez

Expediente 1290/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1290/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2023

Partes del expediente

  • Norma Rosalia Ochoa Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Vigésimo Primero de lo Familiar en la Ciudad de México, en atención a su contenido, sin mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de once de diciembre de este año se tuvo por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días concedido al promovente en el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, para ratificar su demanda de amparo, sin que hasta estos momentos haya dado cumplimiento a dicho requerimiento; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por .... Ahora bien, por lo acordado en el párrafo que antecede, se deja insubsistente el requerimiento y apercibimiento realizado al juez Vigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México en auto de veintitrés de noviembre y cuatro de diciembre, ambos de este año. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el comunicado de la Juez Vigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual, refiere la imposibilidad para remitir lo requerido en acuerdo de prevención. En ese sentido, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, informe las gestiones que se encuentre realizando y remita a la brevedad el informe solicitado, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el oficio del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que se acompaña copia certificada de la demanda promovida por ..., por propio derecho; contra actos del Juez Vigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales. Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la materia, a efecto de acordar lo que proceda sobre la demanda de amparo, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con los puntos que a continuación se especifican: ÚNICO. Ratifique su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, mediante comparecencia en este Juzgado de Distrito, debidamente identificado con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Al respecto, se cita la tesis con número de registro 218629, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 345, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." En efecto, este requerimiento se sustenta en el hecho de que, la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, lo que se traduciría en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, convenios o contratos privados (de compra-venta, arrendamiento, comodato, etcétera) celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, visible en la página 11, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el presente juicio no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar la demanda inicial y al emitirse la sentencia correspondiente, de considerarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedora, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." De igual forma, se cita la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 34, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el título: "ARRENDAMIENTO. MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO. Este tribunal ha venido observando que son numerosos los casos en que se interpone amparo en asuntos de arrendamiento, en los que se demanda la terminación del contrato del inmueble, su desocupación y entrega, invocando conceptos de violación notoriamente injustificados, y presentando la demanda ante autoridad incompetente, pues combatiéndose una sentencia dictada por la justicia de paz, o una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Superior en asuntos de cuantía inferior a la que corresponde conocer a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la demanda se presenta en la Suprema Corte o se dirige a un Juzgado de Distrito en Materia Civil, por lo que se provoca la demora y el entorpecimiento de la ejecución de los actos reclamados. Este ejercicio abusivo de la acción de amparo no sólo ocasiona perjuicios a la contraparte del quejoso en el juicio que motiva el de garantías, sino que redunda en perjuicio social porque contribuye al retardo en la expedición de la justicia obligando a este tribunal a ejercer su fundación jurisdiccional en la tramitación y decisión de amparos que sólo tienden a retardar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sustrayéndolo al ejercicio de sus funciones en los amparos que justificadamente lo requieren; por otra parte, en estos casos el abuso del amparo redunda en desprestigio de la institución misma, porque establecida para el alto fin de salvaguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es utilizada con el sólo fin de retardar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en los juicios comunes. En consecuencia, y de acuerdo con el contenido del artículo 81 de la Ley de Amparo, si el juicio fue iniciado para demorar y entorpecer la ejecución de los actos reclamados, lo que se evidencía por su presentación ante autoridad incompetente y porque se opusieron excepciones notoriamente improcedentes y conceptos de violación también notoriamente injustificados, procede imponer a la parte quejosa y a sus abogados, sendas multas por trescientos pesos y hacerse del conocimiento de la Tesorería de la Federación, para los efectos de su cobro." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez de amparo que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno, obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio de amparo, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad de la quejosa la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos en esencia compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil ... . Aclaración que deberá formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo. Independientemente de lo anterior, considerando que la peticionaria se ostenta tercera extraña auténtica al procedimiento de origen, y no se cuenta con mayor información que permita determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso conforme al artículo 62 de la Ley de amparo; o bien, si existe conocimiento previo por diverso juzgador -aspecto que tiende a preservar el principio de seguridad jurídica- y evitar el dictado de resoluciones contradictorias, en términos del numeral 17 constitucional, solicítese al Juez Vigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, para que de no tener inconveniente, informe lo siguiente: 1) Quiénes son las partes en el controvertido natural y cuáles son las prestaciones reclamadas. 2) Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ***** de su índice, si ya se dictó sentencia y si fue recurrida, debiendo acompañar copia certificada de las resoluciones respectivas. 3) Si dentro del proceso de origen se han promovido otros juicios de amparo indirecto (aun cuando no los haya instado la parte quejosa), y de ser afirmativo, precise qué actuación fue sometida al análisis constitucional, juez de distrito que conoció del asunto, número de expediente y si ya fue resuelto el juicio biinstancial. Para tal efecto se le concede el plazo de tres días legalmente computado, bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Con relación a quienes nombra en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

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