Norma Rosa Gonzalez Estrada
Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Norma Rosa Gonzalez Estrada
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual se le tiene acusando recibo del oficio 36522/2019 y anexos; por medio del cual este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Norma Rosa González Estrada, e informa que se avocó a su conocimiento, radicando el asunto bajo el número de expediente 885/2019 de su índice. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración o destrucción. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo, al no existir diligencia pendiente en este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por Norma Rosa González Estrada, visto el escrito de demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se acuerda lo siguiente: Competencia. Atento a que el escrito aclaratorio es parte integral de la demanda, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público.A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor (autoaplicativas), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, por una parte, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ha desempeñado como maestra en el servicio estatal adscrita a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Por otro lado, junto con la demanda se exhibe talón de impresión del recibo de pago relativo al mes de octubre del año en curso, expedido en Ensenada; así como constancia expedida por delegado de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, con fecha de despacho de tres de mayo de dos mil diecinueve, y copia simple de la credencial para votar a nombre de la quejosa, de cuyo contenido se desprende como domicilio en la ciudad de Ensenada, Baja California. De lo que es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de las relatadas documentales, que el domicilio de la peticionaria se ubica en la municipalidad indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combate la norma versa sobre las prestaciones que percibe la quejosa en su calidad de maestra del sistema educativo estatal (qué se le paga y qué se le pagará), es inconcuso que al reclamar la quejosa la Ley de mérito, como autoaplicativa tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde radica la peticionaria en Ensenada, Baja California, conforme se constata a través de los documentos que anexó; máxime que la propia constancia de servicios precisa que desempeña su labor en aquél municipio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo remitidos por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite la notificación realizada al aquí quejoso del auto de veinticinco de octubre del año en curso; lo anterior en cumplimiento al requerimiento de siete del presente mes y año. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído informe sí acudió ante la autoridad vinculada Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, con residencia en Ensenada, Baja California, para el efecto de solicitar cita con el actuario comisionado a fin de requerir a la responsable Ayuntamiento de Ensenada las prestaciones a que fue condenada. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no presentar la constancia que así lo acredite, éste juzgado federal acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente.
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