Norma Romero Tellez Giron
Expediente 1066/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Romero Tellez Giron
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Vigesimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad INCONF, 14/2021, en sesión de uno de octubre de dos mil veintiuno. Se acusa el recibo de estilo correspondiente y se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de inconformidad. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; acúsese el recibo de estilo correspondiente; y, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los presentes autos el oficio de mérito y testimonio. De lo resuelto por la superioridad INCONF. 14/2021, conviene destacar lo siguiente: [.] Sin embrago, aun y cuando de manera posterior al dictado de la sentencia en el incidente de inejecución citado, la autoridad demandada emitió dos oficios más con el objeto de dar cumplimiento, y, en el último de ellos, explica la obtención de cantidades y realiza diversas operaciones aritméticas, lo cierto es que no se ha verificado si los cálculos realizados son los correctos, circunstancias que podrían corroborarse de haberse tramitado el incidente innominado, que se ordenó, lo que tiene como consecuencia que subsista la misma interrogante sobre si el actuar de la autoridad es conforme. [.] Con relación a lo anterior, este Órgano Colegiado considera que resulta innecesario emitir mayor pronunciamiento a dichos planeamientos; dado que, en términos de lo resuelto en esta resolución, se emitirá una nueva determinación en lo relativo a la cuota de pensión de la quejosa y la cantidad liquida del pago de diferencias. [.] En atención a lo ordenado por el tribunal revisor, se deja insubsistente el acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, y toda vez que, como lo considera el tribunal, para dar cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, resulta necesario el cálculo de la cuota de pensión y de la cantidad liquidad del pago de diferencias; con fundamento en los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 193, cuarto párrafo, se ordena dar trámite al incidente del procedimiento de ejecución de sentencia en que se actúa, con el fin de determinar el monto exacto en dinero a que tiene derecho la quejosa Sara Ibáñez Salcedo, por concepto de cuota pensionaria y, por ende, diferencias de pago. En consecuencia, con fundamento en los artículos 67 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del código adjetivo, se requiere a las partes para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga y, en su caso, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, apercibidas que de no hacerlo, se tendrá por precluido el derecho para hacerlo. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante acuerdo de nueve de julio de la año en curso, se tuvo como cantidad a devolver al quejoso por concepto de diferencias de aguinaldo respecto de los años dos mil ocho, dos mil trece y dos mil catorce, por el monto que asciende a un importe liquido de $41, 010.66 (cuarenta y un mil diez pesos 66/100 moneda nacional), y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo hubiese acreditado. Ahora, toda vez que en términos del artículo 46, apartado A, inciso C de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, la naturaleza jurídico-política de tal Fiscalía es la de un organismo autónomo, que cuenta con plena autonomía y capacidad para decidir sobre el ejercicio presupuestario y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de DOCE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: En ese sentido y toda vez que la autoridades responsables determinaron una cantidad a devolver y exhibieron la planilla de liquidación, procederá requerir a las siguientes autoridades: 1.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: a) Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a favor del quejoso. 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Elaborar la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso 3.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su respectivo superior jerárquico Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍA, para realizar lo siguiente: c) Expedir el título de crédito por la cantidad correspondiente a nombre del quejoso. 4.- Respecto de la autoridad directamente responsable Director General de Recursos Humanos y Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones y su superior jerárquico Coordinador General de Administración, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: d) Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación , visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Finalmente, se tiene por recibido el escrito en que el autorizado de la parte quejosa solicita se hagan efectivos los apercibimientos decretados a las autoridades responsables toda vez que aduce a la fecha han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito tomando conocimiento de su contenido, debiéndose estar a lo acordado en párrafos que anteceden, pues cono se advierte de las constancias que integran en el presente asunto, por acuerdo de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por recibida la planilla de liquidación de la cantidad a devolver, lo que constituye un principio de ejecución de la sentencia de amparo. Por tanto, no es el caso de acordar favorablemente la petición del promovente. Se aplica por analogía la jurisprudencia 3a./J. 32/94 de rubro: INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. REQUIERE QUE SE IMPUTE A LA AUTORIDAD UNA ABSTENCION TOTAL A ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 206569, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: 3a./J. 32/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 22, Tipo: Jurisprudencia). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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