Norma Patricia Sanchez Jarquin

Expediente 350/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
350/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Norma Patricia Sanchez Jarquin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de once de abril último (fojas 53 a 56), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ***************; por el cual desahoga la prevención de que fue objeto por auto de veintidós de marzo de la presente anualidad (fojas 37 a 39); y se tiene por debidamente desahogada la prevención de mérito. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie, del contenido íntegro de la demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en esencia en: El oficio número G.800.02.02.00.00.19-686 de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el cual el Administrador de apoyo Jurídico de Aduanas "11", determina que esa unidad no se encuentra en condición de emitir una convocatoria para obtener la patente de agente aduanal. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;". Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan; c) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; y d) Que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Por lo que, con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Página 678, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 203 de la Ley Aduanera, que dispone: "Artículo 203. En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación, establecido en el Código Fiscal de la Federación. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa" El indicado precepto legal prevé la procedencia del recurso de revocación o bien, el juicio contencioso administrativo en contra de actos de autoridades aduaneras, de tal suerte que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, se debe agotar el principio de definitividad. Máxime que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige el juicio contencioso administrativo, prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, lo cual se advierte del artículo 28 de la indicada legislación Sobre este tema, cobra aplicación la Jurisprudencia 2ª./J. 130/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Tomo 2, Septiembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". En ese orden, si la promovente ***************, acude al presente juicio para controvertir el acto administrativo realizado por la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, en el que determinó no encontrarse en condición de emitir una convocatoria para obtener la patente de agente aduanal, debió agotar los medios de defensa previstos en la ley y si no fue así el juicio de amparo es improcedente. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparos, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo promovida por *************** Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    MESA IV Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrita asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la quejosa **, el proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 37 a 39), por los motivos que en la misma se contienen. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto de veintidós de marzo pasado y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación la tesis II.T.28 K, publicada en la página 1058, Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Novena Época, con número de registro 175287, que establece "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veintidós de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, contra actos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 350/2019-IV. ACTO RECLAMADO. En principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se observa que el acto reclamado es El oficio número G.800.02.02.00.00.19-686 de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el cual el Administrador de apoyo Jurídico de Aduanas "11", determina que esa unidad no se encuentra en condición de emitir una convocatoria para obtener la patente de agente aduanal. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. PREVENCIÓN. En ese tenor, de conformidad con lo establecido en el precepto 114, de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente ÚNICO. Narrar los hechos y abstenciones bajo protesta de decir verdad, lo anterior porque el ocurso inicial, carece de ello. Tiene aplicación la Jurisprudencia P. /J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención contenida dentro del término indicado, se tendrá por no presentada de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a la parte quejosa el uso de equipo y medios electrónicos para tomar placas fotográficas, únicamente por lo que hace a las constancias que integran el presente juicio de amparo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ** por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios ** para que puedan realizar la consulta del expediente electrónico en la página de internet correspondiente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IV. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

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