Norma Patricia Hernádez Delgado

Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
194/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Norma Patricia Hernádez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO: Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. SE PROVEE SOBRE ACTA DE RATIFICACIÓN DE RECONOCIMEINTO DE FIRMA. Vista la diligencia de cuenta, de la cual se advierte que la quejosa Norma Patricia Hernández Delgado, ratifica el contenido del escrito aclaratorio de demanda de doce de los actuales; en consecuencia, se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;". También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en el la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio sumario civil 227/2020 sobre pago de honorarios profesionales, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, de manera que la violación que ahora se reclama, puede verse reparada al momento de dictarse sentencia en el juicio sumario civil 227/2020, sobre pago de honorarios profesionales, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". De igual forma es aplicable por identidad jurídica la tesis: " Época: Octava Época Registro: 231652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Penal Tesis: Página: 621 REVOCACION, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE, CUANDO SE INTERPONE CONTRA EL AUTO EN QUE SE NIEGA LA ADMISION DE PRUEBAS. SOLO PUEDE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. El desechamiento de un recurso de revocación interpuesto contra el auto que no admite las pruebas ofrecidas en defensa del quejoso, constituye una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en la causa, por estar prevista en la fracción VII del artículo 160 de la Ley de Amparo, por lo cual sólo puede combatirse mediante el amparo directo que se promueva contra esa sentencia si la citada violación trasciende al resultado, por lo que aun cuando el quejoso alegue transgresión al artículo 16 constitucional por estimar que el auto desechatorio del recurso carece de fundamentación y motivación, no por ello ese acto es susceptible de reclamarse ante el juez de Distrito, pues independientemente de la forma en que se haya emitido, lo cierto es que si en él se desechó un recurso, esto en sí mismo constituye una violación al procedimiento en términos del precepto antes señalado, y en consecuencia, sólo es reclamable en amparo directo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Improcedencia 380/87. Arturo Durazo Moreno. 11 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Irma Rivero Ortiz.". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por NORMA PATRICIA HERNANDEZ DELGADO, por propio derecho contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. SE PROVEE SOBRE ACTA DE RATIFICACIÓN DE RECONOCIMEINTO DE FIRMA. Vista la diligencia de cuenta, de la cual se advierte que la quejosa Norma Patricia Hernández Delgado, ratifica el contenido del escrito aclaratorio de demanda de doce de los actuales; en consecuencia, se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;". También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en el la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio sumario civil 227/2020 sobre pago de honorarios profesionales, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es la resolución dictada por el juez responsable el uno de marzo del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado dentro del juicio sumario civil 227/2020, en contra del auto de catorce de diciembre pasado, mediante la cual la responsable modificó el auto combatido y admitió la prueba declaración de parte, a cargo de la aquí quejosa, de manera que la violación que ahora se reclama, puede verse reparada al momento de dictarse sentencia en el juicio sumario civil 227/2020, sobre pago de honorarios profesionales, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". De igual forma es aplicable por identidad jurídica la tesis: " Época: Octava Época Registro: 231652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Penal Tesis: Página: 621 REVOCACION, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE, CUANDO SE INTERPONE CONTRA EL AUTO EN QUE SE NIEGA LA ADMISION DE PRUEBAS. SOLO PUEDE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. El desechamiento de un recurso de revocación interpuesto contra el auto que no admite las pruebas ofrecidas en defensa del quejoso, constituye una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en la causa, por estar prevista en la fracción VII del artículo 160 de la Ley de Amparo, por lo cual sólo puede combatirse mediante el amparo directo que se promueva contra esa sentencia si la citada violación trasciende al resultado, por lo que aun cuando el quejoso alegue transgresión al artículo 16 constitucional por estimar que el auto desechatorio del recurso carece de fundamentación y motivación, no por ello ese acto es susceptible de reclamarse ante el juez de Distrito, pues independientemente de la forma en que se haya emitido, lo cierto es que si en él se desechó un recurso, esto en sí mismo constituye una violación al procedimiento en términos del precepto antes señalado, y en consecuencia, sólo es reclamable en amparo directo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Improcedencia 380/87. Arturo Durazo Moreno. 11 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Irma Rivero Ortiz.". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por NORMA PATRICIA HERNANDEZ DELGADO, por propio derecho contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. PRETENDE CUMPLIR REQUERIMIENTO. Visto el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa Norma Patricia Hernández Delgado, pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de once de marzo del año en curso. Sin embargo, toda vez que la firma que lo calza difiere de la que obra plasmada en el escrito de demanda presentado el diez de marzo del año en curso, antes de proveer en cuanto al fondo el ocurso de mérito, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede notificada de este proveído, en día y horas hábiles de despacho, comparezca ante el personal de este juzgado identificado con documento oficial, para que, previamente advertida de la responsabilidad que para el caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el presente juicio de amparo prevé el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de demanda y el escrito aclaratorio de doce del mes y año en curso, y si reconoce como suya las firmas que los calzan; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que desconoce la firma que calza el libelo constitucional y el escrito aclaratorio, por lo que se tendrán por no presentados los mismos. Es pertinente hacer saber a la ocursante que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, la manifestación que se le requiere en el párrafo anterior, la realiza con falsedad u omitiendo la verdad, incurrirá en responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G." En el entendido de que, en caso de ser ratificados los escritos de referencia, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar sí las firmas que calzan el escrito acalaratorio y el de la demanda corresponden a la firma de la quejosa, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de los quejosos. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Asimismo, es necesario hacer del conocimiento a la promovente, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, este órgano jurisdiccional tiene facultad, en cualquier etapa del procedimiento de amparo, para dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad en el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2014917 Pleno Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h Ubicada en publicación semanal Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Común)) "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Norma Patricia Hernández Delgado, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Mixto - Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán.. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número I-194/2021. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda, sobre lo siguiente: Precise la denominación correcta del juzgador que pretende señalar como responsable, toda vez que en el apartado relativo a autoridad responsable señala al "Juez del Juzgado Mixto - Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán"; sin embargo en los hechos y conceptos de violación de dicho libelo refiere con ese carácter al Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán, por lo cual es necesario, como ya se dijo, precise la denominación correcta de dicha autoridad; y, Para que de su escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, otra para la tercero interesada y otra para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido, o no hacer manifestación del impedimento que para ello tenga, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a Armando Carranza Pahua, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por los motivos expuestos en la certificación de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Les*

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