Norma Patricia Guerrero Pliego

Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 36 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
264/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Felipe Eugenio Marrón Montane
  • Norma Patricia Guerrero Pliego
  • Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa Norma Patricia Guerrero Pliego, por el cual, solicita la devolución del billete de depósito 830942, que ampara la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para garantizar la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que le fue otorgada en autos; en consecuencia de lo anterior, se ordena su devolución a la directa quejosa, en día y hora hábil, quien deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y previa razón de recibo que quede en autos para constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa ***; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: " (Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca civil *** únicamente en cuanto a la determinación de costas, quedando incólume lo resuelto a gastos. (Dicte en su lugar, una nueva resolución con libertad de jurisdicción, fundada y motivada en la que analice la forma de cuantificar el monto a condenar por costas a la parte aquí quejosa, en términos de la parte considerativa de este fallo (Deberá realizar pronunciamiento en cuanto a la presentación tardía de la cedula profesional del abogado patrono de la demandada. ". Inconforme con dicha determinación el tercero interesado, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número *** y mediante ejecutoria de siete de julio de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad ordenadora responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio *** de doce de agosto y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, remitió copia certificada del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del *** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del *** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, fundando y motivando su nuevo actuar, dando respuesta a los agravios como a las manifestaciones formulados por el recurrente y partes del juicio natural haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación, exponiendo las tablas con cantidades que resultan de las sumas aritméticas realizadas en dicha determinación, valorando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca civil *** únicamente en cuanto a la determinación de costas, quedando incólume lo resuelto a gastos, y dicte en su lugar, una nueva resolución con libertad de jurisdicción, fundada y motivada en la que analice la forma de cuantificar el monto a condenar por costas a la parte aquí quejosa, en términos de la parte considerativa de este fallo, además, deberá realizar pronunciamiento en cuanto a la presentación tardía de la cedula profesional del abogado patrono de la demandada. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2; se advierte que mediante acuerdo doce de agosto de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del *** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, fundando y motivando su nuevo actuar dando respuesta a los agravios, como a las manifestaciones formulados por el recurrente y partes del juicio natural, haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación, exponiendo las tablas con cantidades que resultan de las sumas aritméticas realizadas en dicha determinación, valorando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, en las que destaca que la nueva determinación que emite la autoridad responsable cuenta con defecto en el cumplimiento ya que se realizó un análisis falto de fundamentación, en razón que establece que el artículo 2053 de la Ley Sustantiva se debe tomar en cuenta las costumbres etc, y es por ello que, al no existir una Ley en el Estado de Morelos, es imposible cuantificar el monto, además, de que hay criterios emitidos por nuestro alto Tribunal, donde se debe establecer una planilla de liquidación profesional lo que no aconteció, y en materia civil no existe suplencia de la queja, sigue agregando, que la Ley que aplica no tiene validez en el Estado de Morelos y no se pueden aplicar leyes que no existen dentro del Estado de Morelos, esto por la simple jurisdicción territorial. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable sus consideraciones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, ya que esté juzgado no advierte defecto en su cumplimiento, ya que contrario a su dicho, la responsable en su nuevo actuar expone las razones por las cuales resulta procedente realizar las cuantificaciones como su fundamento, según su competencia, valorando y fundando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental en el juicio natural. Ahora, el hecho como lo refiere la parte quejoso de no estar de acuerdo con la nueva determinación, al referir que no le asiste la razón a la autoridad al existir una indebida fundamentación y motivación de la forma que resuelve la Sala, al no ser procedente su actuar, ya que no existe disposición expresa como Ley que lo contemple en el Estado de Morelos. Lo que pretende la parte quejosa es combatir la nueva determinación que emite la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuestiones diversas, por tal razón, este juzgado no puede analizar sus argumentos, de hacerlo así, se estaría excediendo en los alcances que se dieron en la ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio la cuestión que ahora combate en su escrito de referencia, esto es, se reitera que lo fue para que fundara y motivara su nueva actuación en los términos tantas veces mencionados, y si ahora pretende combatir la nueva forma en que fundó y motivó su actuar la responsable, no puede ser materia de este estudio, ya que de existir una indebida fundamentación y motivación son actos diversos a los que pretende atacar en este momento procesal ya que no se abordó estudio de fondo alguno, de hacerlo se dejaría en estado de indefensión a las partes. Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa a efecto de que las nuevas cuestiones de fondo y la indebida fundamentación y motivación que ahora alega las haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa ********************; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". ( Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca civil ******************** únicamente en cuanto a la determinación de costas, quedando incólume lo resuelto a gastos. ( Dicte en su lugar, una nueva resolución con libertad de jurisdicción, fundada y motivada en la que analice la forma de cuantificar el monto a condenar por costas a la parte aquí quejosa, en términos de la parte considerativa de este fallo ( Deberá realizar pronunciamiento en cuanto a la presentación tardía de la cedula profesional del abogado patrono de la demandada. .". Inconforme con dicha determinación el tercero interesado, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número ******************** y mediante ejecutoria de siete de julio de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad ordenadora responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio ******************** de doce de agosto y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, remitió copia certificada del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del ******************** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del ******************** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, fundando y motivando su nuevo actuar, dando respuesta a los agravios como a las manifestaciones formulados por el recurrente y partes del juicio natural haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación, exponiendo las tablas con cantidades que resultan de las sumas aritméticas realizadas en dicha determinación, valorando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca civil ******************** únicamente en cuanto a la determinación de costas, quedando incólume lo resuelto a gastos, y dicte en su lugar, una nueva resolución con libertad de jurisdicción, fundada y motivada en la que analice la forma de cuantificar el monto a condenar por costas a la parte aquí quejosa, en términos de la parte considerativa de este fallo, además, deberá realizar pronunciamiento en cuanto a la presentación tardía de la cedula profesional del abogado patrono de la demandada. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante acuerdo doce de agosto de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en autos del ******************** y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, fundando y motivando su nuevo actuar dando respuesta a los agravios, como a las manifestaciones formulados por el recurrente y partes del juicio natural, haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación, exponiendo las tablas con cantidades que resultan de las sumas aritméticas realizadas en dicha determinación, valorando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, en las que destaca que la nueva determinación que emite la autoridad responsable cuenta con defecto en el cumplimiento ya que se realizó un análisis falto de fundamentación, en razón que establece que el artículo 2053 de la Ley Sustantiva se debe tomar en cuenta las costumbres etc, y es por ello que, al no existir una Ley en el Estado de Morelos, es imposible cuantificar el monto, además, de que hay criterios emitidos por nuestro alto Tribunal, donde se debe establecer una planilla de liquidación profesional lo que no aconteció, y en materia civil no existe suplencia de la queja, sigue agregando, que la Ley que aplica no tiene validez en el Estado de Morelos y no se pueden aplicar leyes que no existen dentro del Estado de Morelos, esto por la simple jurisdicción territorial. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable sus consideraciones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, ya que esté juzgado no advierte defecto en su cumplimiento, ya que contrario a su dicho, la responsable en su nuevo actuar expone las razones por las cuales resulta procedente realizar las cuantificaciones como su fundamento, según su competencia, valorando y fundando además la cédula profesional que no se adjuntó con la demanda incidental en el juicio natural. Ahora, el hecho como lo refiere la parte quejoso de no estar de acuerdo con la nueva determinación, al referir que no le asiste la razón a la autoridad al existir una indebida fundamentación y motivación de la forma que resuelve la Sala, al no ser procedente su actuar, ya que no existe disposición expresa como Ley que lo contemple en el Estado de Morelos. Lo que pretende la parte quejosa es combatir la nueva determinación que emite la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuestiones diversas, por tal razón, este juzgado no puede analizar sus argumentos, de hacerlo así, se estaría excediendo en los alcances que se dieron en la ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio la cuestión que ahora combate en su escrito de referencia, esto es, se reitera que lo fue para que fundara y motivara su nueva actuación en los términos tantas veces mencionados, y si ahora pretende combatir la nueva forma en que fundó y motivó su actuar la responsable, no puede ser materia de este estudio, ya que de existir una indebida fundamentación y motivación son actos diversos a los que pretende atacar en este momento procesal ya que no se abordó estudio de fondo alguno, de hacerlo se dejaría en estado de indefensión a las partes. Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa a efecto de que las nuevas cuestiones de fondo y la indebida fundamentación y motivación que ahora alega las haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa Norma Patricia Guerrero Pliego, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

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