Norma Patricia González Valdez

Expediente 1434/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1434/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Norma Patricia González Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Norma Patricia González Valdez y Ma. Guadalupe Ramos Zamora, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de los Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y otra autoridad, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De lo antes asentado se desprende que contra la falta de notificación de forma directa a Ma. Guadalupe Ramos Zamora, de la resolución dictada dentro del incidente de ejecución de sentencia de gananciales, promovido dentro del Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario marcado con el número 153/2003, que atribuye al Notificador adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y que ahora reclama al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece la nulidad de notificaciones, medio de defensa, por el cual, podía ser modificada, revocada o nulificada, por la propia autoridad responsable, situación que al no haber agotado, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues es ante los Tribunales de la Justicia de la Unión, ante quien se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, contra la falta de notificación o la notificación irregular de la resolución emitida dentro del incidente de ejecución de sentencia de gananciales, promovido dentro del Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario marcado con el número 153/2003, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que por esta vía reclaman las quejosas, la ley aplicable, prevé un medio de defensa ante la propia autoridad responsable, que en su caso pudo modificarlas, revocarlas o nulificarlas, por lo que éste debió agotarse sin distinción alguna, ya que por el hecho de estar contemplado por la ley aplicable al caso, está a disposición del interesado para que pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, máxime que las quejosas son parte del procedimiento del que proviene dicho acto reclamado, por tanto al no acreditar en esta instancia constitucional, que agotaron el recurso correspondiente, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Sin que lo anterior implique que, pese a que si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto por la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para exceptuar el principio de definitividad, pues la situación de facto, consiste en haber dejado transcurrir el término de impugnación, lo que no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia antes indicada, y al ser manifiesta e indudable ésta, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Norma Patricia González Valdez y Ma. Guadalupe Ramos Zamora, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de los Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados a José Jaime Mireles Juárez, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos correspondientes del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y como domicilio para tal efecto el ubicado en la calle Francisco Mujica, número 112 (ciento doce), colonia Barro Sierra, en la ciudad de Zacatecas.

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